El Instituto de Salud Pública (ISP) inició ayer diez sumarios contra cadenas farmacéuticas por inducir la compra de medicamentos más caros, mediante incentivos monetarios a los trabajadores para venderlos.

El organismo informó que este año se han realizado 254 fiscalizaciones, de las que 126 terminaron en sumarios, entre los que destacan diez contra farmacias que incentivaban la venta del producto más caro: seis pertenecen a la cadena Cruz Verde, una corresponde a Farmacias Ahumada y tres son recintos independientes.

"Estamos sancionando también a todas las farmacias que incurran en esta violación al artículo 100 del Código Sanitario, por lo tanto ya llevamos diez sanciones. (...) Es un problema que sigue existiendo y por eso estamos fortaleciendo la fiscalización", dijo la directora del ISP, María Soledad Velásquez.

Del total de 254 fiscalizaciones, el 57% se realizó a farmacias independientes y un 43% a las grandes cadenas.

La falta más frecuente corresponde a la ausencia del químico farmacéutico, quien debe estar presente en el local durante todo el horario de funcionamiento. Esta situación fue detectada en el 19% de las inspecciones y resultó con prohibición de funcionamiento para 47 establecimientos.

Entre otras infracciones, figura publicidad de medicamentos sin autorización, listado de precios incompleto o ausente, falencias en la condición de comercialización de medicamentos, por ejemplo, venta de fármacos sin receta médica, falencias en el control de temperatura ambiental, mantención en la cadena de frío y almacenamiento de productos, y deficiente control en el registro de psicotrópicos y estupefacientes.

Redacción

El Juzgado de Garantía de Rancagua ayer pospuso hasta el jueves 3 de octubre la resolución sobre la solicitud de sobreseimiento al suspendido fiscal regional regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quiene es investigado por revisar y revelar información "sensible, secreta y reservada", señaló el Ministerio Público, siendo esta la primera vez que un persecutor regional es acusado en tribunales.

Las pequisas contra Arias comenzaron en abril pasado, a raíz de la denuncia que hizo el también suspendido fiscal adjunto, Sergio Moya, quien acusó una serie de irregularidades por parte de su superior jerárquico.

Ayer, el abogado Marcos Contreras solicitó el fin de las indagatorias a Arias, producto de que el fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, no imputó cargos. De esta forma, la defensa pidió el sobreseimiento definitivo por tráfico de influencias respecto al Teatro Regional de Rancagua -una de las cosas que aseguró Moya fue que Arias le ordenó devolver equipos incautados-, como también por caso Caval, debido a un supuesto trato preferente con un abogado.

La defensa también pidió el término de la investigación por filtración de datos, ligada a la publicación en medios de comunicación de fotografías de artículos encontrados en la oficina del ex ministro de la Corte de Rancagua, Emilio Elgueta (como un muñeco vudú); de una carta de un obispo, en el marco de las denuncias por presuntos abusos vinculados a la Iglesia, además de boletas pertenecientes al Caso Caval.

Contreras, durante la audiencia de ayer, destacó además que, en el marco de la indagatoria administrativa, el delito de tráfico de influencias fue desestimado, y leyó algunos testimonios de fiscales y funcionarios que descartaban instrucciones irregulares.

Diligencias

Campos, en tanto, señaló que aún no cuenta con la totalidad de los antecedentes para declarar la inocencia de Arias, además de que aún se encuentra en el plazo fijado de antemano para la investigación, sumado a la existencia de peticiones por parte de la defensa y el querellante.

Al salir del juzgado, Arias dijo que "confío en ser sobreseído, pero hay un obstáculo muy importante que son las diligencias pendientes".

El fiscal del caso, asimismo, descartó irregularidades en su investigación, manifestando que las mismas declaraciones han sido utilizadas como parte de la defensa de Arias, mientras que sobre las acusaciones de presiones concluyó: "Me tiene sin cuidado. Son opiniones".

Otro sobreseimiento, relacionado a estas presuntas filtraciones de información, no fue discutido ayer, debido a que la Fiscalía y el querellante fueron notificados recién el jueves 26 de septiembre, por lo cual su revisión quedó agendada para el 25 de octubre.

La audiencia de ayer ocurrió a dos días de que el fiscal regional fuera notificado, en el marco de la indagatoria administrativa, de la aplicación de la mayor sanción para un funcionario del Ministerio Público consiste en la suspensión del ejercicio del cargo durante dos meses, con un goce de media remuneración.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió solicitar, una vez presentados y resueltos los recursos correspondientes, el inicio del proceso de remoción de Arias ante la Corte Suprema por mal comportamiento y negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.