El próximo martes 1 de octubre, la Sala de la Cámara de Diputados deberá revisar la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, impulsada por once diputados de oposición.

Ello, luego de que su abogado, Francisco Cox, envió a las 23 horas del lunes el escrito con su defensa a la comisión revisora, de modo que comenzaron a correr los seis días que fija la norma para que los diputados de la instancia puedan emitir su informe.

El abogado desestimó todos los capítulos de la acusación y solicita a la comisión revisora del texto dar como "no presentado" el libelo -es decir, que se acoja la cuestión previa- pues, a su juicio, no cumple con los requisitos legales. De todos modos, el documento que elabore la comisión no es vinculante y solo es para informar al resto de los diputados la opinión que se forme tras escuchar a abogados, dirigentes y representantes del sector educativo invitados a la instancia.

Si la Cámara acoge la "cuestión previa", el libelo no avanza. Si no, examinará cada uno de los cinco capítulos de la acusación, que en lo central indica que la ministra ha vulnerado la Constitución y algunas leyes.

Para ayer se esperaba una presentación oral del abogado de la ministra ante los diputados. Luego, tanto él como Cubillos tendrán la oportunidad de exponer ante la Sala el 1 de octubre. Si la Cámara acoge la acusación, ésta avanzará hacia el Senado.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), criticó la "soberbia" que asegura ha habido en el discurso de la ministra ante la acusación. Flores instó a que "bajemos el tono, ha habido un poquito de soberbia en las respuestas de la ministra", apuntando que "siempre hay que entender cuál es el rol y alcance del otro, y en ese escenario poder llegar a la mejor decisión. Creo que ha faltado un poquito de humildad".

La Cámara de Diputados aprobó por 62 votos a favor, 27 en contra y 18 abstenciones, la petición de 64 diputados para crear una comisión investigadora que indague la actuación del Gobierno en la gestión de los recursos hídricos y el combate a la sequía.

La instancia deberá indagar a los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura e Interior, así como a sus órganos y servicios dependientes, respecto de cómo han gestionado y administrado los recursos hídricos para enfrentar la sequía y adaptarse a los efectos del cambio climático, desde 2010 a la fecha.

Desde ese año, Chile ha sufrido un déficit de precipitaciones que se ha denominado como megasequía. Si bien se ha concentrado desde Coquimbo al Maule con déficit de 70% a 80%, análisis recientes señalan que dicho déficit llega hasta 30% en la Región de Los Lagos.

Durante este año, la sequía ha golpeado a los ganaderos, afectando a varias comunas de la zona centro-sur: 10 mil animales han muerto.

La Cámara concordó en la necesidad de evaluar cómo se están destinando recursos y aplicando instrumentos en la materia, de modo de contar con una visión sistemática para ajustar el rumbo y proponer nuevas soluciones.

La Superintendencia de Pensiones emitió un informe en el que apoyó el rechazo de la AFP Cuprum ante el recurso de protección presentado por una profesora de Antofagasta, quien busca retirar su ahorro previsional con el fin de prepagar su crédito hipotecario o invertirlo.

"El actuar de AFP Cuprum frente a la petición formulada por la afiliada recurrente (...) se enmarca plenamente dentro de las normas que rigen y regulan su funcionamiento", sostuvo el ente.

La docente jubilada María Angélica Ojeda cuenta con un ahorro de 46 millones 569 mil pesos, del que obtiene $185 mil mensuales, en contraste con los 1,2 millones de sueldo durante su último año laboral,

Ante su recurso, el ministro Óscar Clavería, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, envió al Tribunal Constitucional un inédito requerimiento de inaplicabilidad para el Decreto Ley 3.500, que en 1980 estableció el sistema de pensiones. El TC lo acogió a trámite.

El juez expuso una contradicción de la norma con el derecho de propiedad del trabajador, "al punto que su capitalización no puede utilizarla en su propio beneficio".

Ayer, tras conocer que el TC acogió a trámite el requerimiento, Ojeda dijo: "Esto reafirma la opinión del ministro Clavería de que las AFP son inconstitucionales con respecto al derecho de propiedad".

Para el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, "sostener que es inconstitucional una ley que obliga a que esos recursos se usen para pensiones no tiene fundamento, no ha tenido fundamento en el pasado ni lo tendrá en el futuro".

El presidente de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, criticó el debate: "Preocupémonos de cómo mejoramos las pensiones de las personas, en vez de estar discutiendo si queremos acercarnos o no a un sistema como el peruano, que dejó de ser un sistema previsional, donde la gente retira sus fondos". Este tipo de acciones "nos están llevando" a "quebrar un sistema", planteó el líder de las AFP.

Redacción

El diputado Pedro Velásquez rechazó la denuncia que un excolaborador suyo hizo en su contra por presunto acoso sexual y que es investigada por la Cámara de Diputados. El legislador, quien integra el comité de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), desacreditó al exasesor y aseguró que se enteró ayer por terceros y por la prensa de la investigación en su contra.

"No he sido notificado y no tengo antecedentes de los argumentos", dijo el congresista, quien afirmó que colaborará con la investigación de la Cámara de Diputados. Sobre quien lo denunció, expuso: "Lo despedí porque se me hizo llegar su prontuario policial marcado por imputaciones sobre delitos sexuales, hurtos, robos y violencia contra la mujer, en especial su expareja, quien fue amenazada de muerte".

El diputado relató que conoció esos antecedentes en marzo y que eso lo llevó a despedir a la persona en julio tras indagar en el asunto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), informó que son tres las investigaciones que se están haciendo en la Corporación a raíz de denuncias por supuestos hechos constitutivos de acoso sexual. Una de ellas involucra al diputado por la Región de Coquimbo. Las otras dos "tienen que ver con funcionarios".

"No nos vamos a hacer jamás los lesos por una cuestión que está en la norma, en nuestro reglamento", expuso.

"violación" y "drogas"

Velásquez, quien no descartó una operación política dado que un hijo suyo busca ser candidato a alcalde, argumentó que el denunciante habría sido condenado en agosto por lesiones graves y amenazas de violencia intrafamiliar, "lo que hacía imposible su continuidad como asesor, ya que soy intolerante con las personas que maltratan especialmente a las mujeres. Es una persona que, entre otras cosas, tiene once imputaciones por delitos, y una de ellas es la violación de una menor de 18 y mayor de 14 en la ciudad de Viña del Mar, hace diez años", aseguró.

Acusó que el funcionario sería "conocido" por hacer "denuncias falsas. De hecho, él denunció a una persona de abusar sexualmente de sus hijas, lo que resultó ser falso en los tribunales de Illapel". Incluso, dijo que el exfuncionario sería "consumidor de drogas".

La diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) liderará la investigación. Tras escuchar a las partes y entregar sus conclusiones, actuará como relatora ante la comisión de Régimen Interno, instancia que finalmente aplicará o no las sanciones correspondientes en caso de determinar acoso sexual. La comisión conoció el caso el 11 de septiembre. Se trata de la primera denuncia de esta naturaleza contra un diputado.