Carabineros de la subcomisaria de carabineros Pedro León gallo, concurrió hasta el establecimiento educación al el Chañar y realizó charlas de bulling desde segundo hasta octavo básico.
Esto se realizó en el colegio con la finalidad de erradicar la violencia en las aulas. Además, los carabineros aprovecharon de efectuar recomendaciones para evitar que sean víctimas de delitos.
Carabineros de la SIP, dotación Segunda Comisaría Copiapó, detuvo y puso a disposición de los tribunales a un ciudadano por receptación.
La persona fue detenida tras ser sorprendida vendiendo a través de Facebook una bicicleta Trek, la cual fue sustraída a su propietaria el pasado 12 de mayo.
La Fiscalía formalizó cargos en contra de un abogado por una supuesta estafa que efectuó a un adulto mayor.
Según los antecedentes de la audiencia de formalización de cargos, la víctima de 75 años de edad le pidió al abogado realizar un trámite de inscripción marginal de renuncia de gananciales otorgada por su ex cónyuge respecto a una propiedad ubicada en calle Chacabuco 571-579 y 579 A de Copiapó, avaluada comercialmente en la suma aproximada de 480 millones.
Según la Fiscalía, el abogado habría actuado mediante engaño para apropiarse de parte del valor de la propiedad, el 12 de julio de 2016 lo trasladó a una notaria en Copiapó, bajo el pretexto de suscribir una escritura de diferente naturaleza. Fue así como obtuvo que el adulto mayor firmara un contrato notarial de prestación de servicios profesionales a honorarios y un pagaré por la suma de $96.000.000 pagadero mensualmente en cuotas de $1.000.000. Además, se incorporó en el documento una cláusula de aceleración.
Luego de realizada la subinscripción, el imputado interpuso el 3 de octubre 2016, una demanda civil de cobro de pagaré. Tras esto, el 20 de octubre de ese mismo año, según el fiscal "nuevamente mediante engaño citó a la víctima a su oficina para tratar temas diversos y previa coordinación con un receptor judicial se le notificó y requirió de pago por la suma de 96 millones de pesos".
Posteriormente, se embargó y remató la propiedad, la que fue adjudicada a un postor por menos de la mitad del valor comercial que tenía en ese entonces.
El 4 de octubre de 2017, el imputado solicitó un giro de cheque por la suma de $99.030.578. Es así como la víctima pagó una suma millonaria por concepto de honorarios, pero además perdió su propiedad. Esta suma, tendrían relación a que habrían cláusulas abusivas en el cobro de los honorarios los cuales ascendían al 20% del valor comercial de la propiedad ubicada en calle Chacabuco N° 571-579 y 579 A de Copiapó.
La Fiscalía formalizó cargos en contra del abogado por el delito de estafa en grado de reiterado. El Tribunal determinó una medida cautelar de arraigo nacional y la investigación se extenderá por tres meses.
Tras la audiencia, el abogado señaló que no hubo engaño y que "la querella presentada carece de fundamento. Es más, en el año 2016 el querellante realizó una denuncia por los mismos hechos ante la Fiscalía de Copiapó, caso que se cerró por parte de la Fiscalía, previa investigación de la PDI y su correspondiente informe, ya que los hechos no constituían delito y el Tribunal de Garantía aceptó dicha solicitud de no iniciar investigación".
Agregó que "por lo señalado, en la actualidad la carpeta investigativa no presenta ningún antecedente serio que pueda determinar la existencia de un delito de estafa, ya que los servicios prestados se realizaron con toda transparencia, con documentos notariales".
Según el abogado, no tan sólo se encargó de obtener la anotación marginal de renuncia de los gananciales, sino que también de entablar juicios.
Evelyn Vieyra, abogada querellante manifestó que "los hechos de la querella no carecen de fundamento, si lo hicieran no se hubiera formalizado la investigación en principio. Por otra parte, sin perjuicio que la tramitación documentos se haya efectuado en la forma legal, el imputado obvía el vicio de voluntad en el otorgamiento de los mismos, la cual se produjo, porque el abogado, se aprovecho de la confianza depositada por la víctima, una persona de tercera edad, con una serie de problemas de salud, con una depresión agudizada en dicha época".
Respecto al hecho de que haya habido otra investigación en su oportunidad y en la misma se haya decretado facultad de no iniciar la investigación manifestó que "es cierto, sin embargo ello, se produjo porque la carpeta investigativa contaba con un informe de pdi con dos declaraciones la del imputado, que es abogado y la de la víctima".
"Citó a la víctima a su oficina para tratar temas diversos y previa coordinación con un receptor judicial se le notificó y requirió de pago por la suma de $96 millones"
Sebastián Coya, Fiscal
En 2016 hubo una denuncia respecto a este caso, la PDI hizo las diligencias y posteriormente la Fiscalía solicitó al tribunal no perseverar en la investigación, la que se cerró. Posteriormente, la víctima interpuso una querella y se abrió una nueva indagatoria.