En el sector Ruta C-203 a la altura del kilómetro 7 en Chañaral, se detectó una extracción ilegal de áridos de estabilizado. Situación denunciada en la Seremi de Bienes Nacionales, desde donde informaron que el ilícito corresponde a una excavación estimada de 3 metros en una superficie de 0,48 hectáreas, equivalente a 14.640 metros cúbicos de material sacado, causando un daño ambiental y perjuicio fiscal que asciende a los $8.552.587.

Los hechos fueron denunciados por Sergio Aguirre, ingeniero en Minas y asesor de Áridos Chañaral, quien dijo que corroboró la ilegalidad de los trabajos al tomar las coordenadas de la excavación y tras unas consultas descubrió que no contaban con los permisos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ni la Seremi de Bienes Nacionales.

Aguirre manifestó que ese tipo de ilícitos afecta de manera directa a la empresa para la que trabaja. "No podemos competir porque ellos no pagan ningún derecho de extracción. Para poder extraer hay que tener un permiso de Bienes Nacionales y pagar un monto por metro cúbico extraído, lo que va asociado al precio final del producto", comentó.

Además que "lo más grave es que para sacar áridos se necesita la aprobación del SEA, de que el suelo permite la extracción sin generar un daño ambiental. Ellos no consideran las consecuencias que pueden causar al medio ambiente".

Bienes nacionales

Por su parte, la seremi de Bienes Nacionales, Carla Guaita, explicó que la fiscalización al lugar "fue remitida a nuestra unidad jurídica, a fin de generar los respectivos oficios, antecedentes que fueron despachados al Consejo de Defensa del Estado, para su conocimiento, y proceder. Se contó con pruebas fotográficas de la extracción ilegal aportadas por el denunciante, dado que estos extractores actuarían durante la noche".

La seremi agregó que "con el objeto de resguardar el interés Fiscal comprometido, se solicitó al abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado y con carácter de urgente, iniciar las acciones penales y/o civiles que en la especie correspondan, tendientes a obtener la restitución del predio fiscal libre de toda ocupación, y a su vez el cobro de las indemnizaciones pertinentes por los perjuicios causados al patrimonio fiscal".

Más casos

Consultado por la extracción ilegal de áridos en la región, y la posibilidad de otros hechos de este tipo, el seremi de Medio Ambiente, Guillermo Ready sostuvo que "recibimos reclamos de todo tipo, la extracción ilegal de áridos no es la excepción. El robo de áridos y aguas es una problemática que afecta a las tres provincias de Atacama, cada vez que recibimos un reclamo lo damos a conocer a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) o a los otros organismos competentes según sea el caso, por ejemplo Conaf o Sernapesca por nombrar algunos".

Mientras que desde la SMA, explicaron que "la denuncia mencionada será analizada por la Oficina Regional de la SMA de Atacama, y de resultar de competencia de esta Superintendencia, serán ejecutadas las acciones de fiscalización correspondientes, o en su defecto será derivada los servicios públicos respectivos".

En cuanto a otras denuncias recibidas, declararon que "han ingresado dos denuncias relacionadas con extracción en la región de Atacama, aunque se trata de casos que carecen de instrumentos de competencia de la SMA".

Fundo santa teresa

El 2018 vecinos del sector Fundo Santa Teresa, en El Palomar, denunciaron la extracción ilegal de áridos y una modificación a la caja del Río Copiapó. Hecho que tuvo lugar en una propiedad del ex concejal por Copiapó, Christian Guzmán, quien señaló al respecto que "el gobernador (Manuel Corrales) fue e hizo lo que había que hacer, pararles los carros y en general dejaron de extraer de nuestra propiedad. Pero se cambiaron a la propiedad del lado, no sé si le habrán pedido permiso a los vecinos pero a mí me arruinaron esa propiedad (...) dejaron un forado y una laguna al medio, como es Cerro Imán".

Robo de agua

En 2017, la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI recibió una denuncia relacionada a la usurpación de aguas desde el Río Copiapó, delito sobre el que desde la PDI informaron que "se informó a la Fiscalía con resultados positivos, ya no hay denuncias ni investigaciones por usurpación de aguas a diferencia de 2017 para atrás. Es preocupante porque de un momento a otro se terminaron las denuncias por usurpación de aguas".

Jvrc

Sobre el daño derivado de la usurpación de aguas y extracción de áridos en la caja del río, el gerente de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes (JVRC), Cristian González, enfatizó que "la extracción de áridos, si se realiza en la caja del río puede causar lo que se denomina una 'modificación de cauce' o sea que cambia la condición natural de escurrimiento de las aguas".

González agregó que "la JVRC si encuentra en sus rutinas o ante una denuncia, acude y encuentra una extracción no autorizada de agua, inicia el proceso de fiscalización por potenciales 'usurpaciones de aguas' lo que es un delito y esta normado. Con respecto a la extracción de los áridos, en la caja del río, es deber de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), organismo del ministerio de obras publicas, tomar las medidas respectivas".

Ordenanza municipal

El 2011 revisó y evaluó en el municipio de Copiapó, una ordenanza municipal que regule la entrega de permisos y concesiones de extracción de áridos desde el Río Copiapo.

No obstante, al ser consultados por el estado de dicha ordenanza, desde la casa consistorial explicaron que "esa ordenanza no se aplicó porque en ese momento (2011) operaba una empresa de áridos cuando el río estaba seco, con la construcción del Parque Kaukarí esos trabajos terminaron".

Hasta el cierre de esta edición, El Diario de Atacama no se pudo comunicar con la DOH, para conocer las medidas para evitar la extracción ilegal de áridos desde la caja del Río Copiapó.

Desde la Superintendencia de Medio Ambiente explicaron que hay tres niveles para las infracciones por extracción ilegal de áridos: infracciones leves, cuyo castigo puede ser una amonestación por escrito y multa de 1 a 1.000 UTA; infracciones graves, que considera la revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva y multa de hasta 5.000 UTA; e infracciones gravísimas, que abarca la revocación de la RCA, clausura temporal o definitiva y multa de hasta 10.000 UTA.