Pamela Vásquez Fuentes

La Dirección General de Aguas (DGA) declaró admisible la solicitud de fiscalización presentada por la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada desembocadura (Casub), ya que denuncian que habrían supuestas faltas graves en la distribución de aguas. Sin embargo, para que pueda efectuarse este levantamiento de información, deberán pagar la suma de 25 millones de pesos.

El requerimiento de fiscalización fue solicitado a la DGA el 4 de abril de este año y en el documento la Casub apunta a la presunta responsabilidad de la Junta de Vigilancia de la Cuenta del Río Copiapó y sus Afluentes (JVRC).

"La Junta ha realizado una serie de traslados de ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas sin la correspondiente autorización de la Dirección General de Aguas", dice el documento.

Asimismo, entre los argumentos de la Casub está el que ellos como organismo pueden "considerarse" afectados, esto "en atención al Convenio de Cooperación que tiene el suscrito junto a la empresa Compañía Contractual Minera Candelaria, pues esta empresa entregó en calidad de comodato derechos de aprovechamiento de aguas superficiales correspondientes a 292 acciones constituidos en el sexto y séptimo distrito de cauce natural del río Copiapó, distritos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Copiapó y sus Afluentes".

Descargos

Por otra parte, en sus descargos la JVRC indicó que "en la denuncia no se ha señalado ningún caso o ejemplo concreto ni se ha dicho cuáles son los regantes cuyo ejercicio de los derechos (de agua) se ha trasladado". Agregó que "quien debería figurar como denunciante es la Compañía Contractual Minera Candelaria", esto porque fue la que entregó acciones de agua en calidad de comodato a la Casub.

Admisible

En tanto, la DGA declaró admisible la solicitud para indagar la denuncia, además informó que "debido a la envergadura de las diligencias y análisis que requerirá la investigación para comprobar o no los hechos denunciados, la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada desembocadura debe responder a los gastos que se producirán en este proceso de fiscalización, aportando la suma de 25 millones de pesos, dentro del plazo de 30 días hábiles a contar de la fecha de notificación".

Si es que no ingresan los fondos dentro de este plazo, "este Servicio dictará una resolución que ordene el archivo del expediente".

"están cobrando"

Luis Acuña, dirigente del colectivo de Defensa del Medioambiente de Atacama (Codema), cuestionó que se deba pagar dinero, una transacción para que puedan ejercer su labor. "Cómo los organismos del Estado están cobrando por fiscalizar, cuando es un rol que les corresponde por ley".

Explicó que la resolución de la Dirección General de Aguas indica que "aceptan fiscalizar, pero dicen que demanda de muchos recursos y dicen que tienen que abonar 25 millones de pesos o sino la archivan. Se trata de irregularidades que está denunciando la Casub. Dicen que no pueden fiscalizar si es que no le pagan, esa es la indignación, el Estado tiene que hacerse cargo de eso, para eso está", concluyó.

25 millones es gasto que se producirá en el proceso de fiscalización y debe pagarlo la Casub.

En entrevista con este medio, el diputado Juan Santana se refirió a los traspasos de recursos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a cuentas bancarias personales, manifestando que "la ministra (Marcela Cubillos), conociendo las anomalías que existían en el mes de marzo, no tomó medidas".

Tales declaraciones fueron respondidas por su colega en al O'Higgins, Diego Schalper, quien manifestó a este medio que "Santana está desinformado o miente. Respecto a la auditoría del SLEP Huasco, esto estuvo disponible para el Ministerio el 9 de agosto y fue presentado el mismo 9 de agosto al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado".

Ante los comentarios de Schalper, el diputado Santana manifestó que "creo que él (Schalper) no leyó el informe que publicó (en marzo de 2019) la Dirección de Educación Pública (DEP), que expresamente hace observaciones respecto del SLEP de Huasco y otros SLEP".

Santana añadió sobre el texto que "señala con claridad que el Ministerio de Educación tiene que elaborar un plan de acción para poder rectificar y subsanar aquellas observaciones que se realizaron (...) La pregunta es cuáles fueron las medidas que el Mineduc tomó para subsanar las observaciones a partir de este informe, elaboró el ministerio un plan de acción como este informe sugirió. Esas son las preguntas que el colega Schalper tiene que responder porque es un informe público, que está siendo objeto de análisis a partir de las publicaciones que se han hecho y las auditorías también", concluyó Santana .