Código Penal
La nueva ley llamada coloquialmente "antiportonazo" representa un avance en materia de investigación para que las víctimas de estos repudiables delitos puedan ejercer sus derechos de mejor manera y que, correctamente asesoradas, presenten ante los tribunales las acciones necesarias para obtener la recuperación del vehículo, de sus bienes y eventualmente una indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
También hay un avance en las penas que se establecen y seguramente la normativa va colaborar en que las investigaciones que lleve la Fiscalía por este tipo de ilícitos tengan un mejor resultado en relación con las condenas que se puedan obtener. Esto facilitará que las víctimas, siempre debidamente asesoradas, puedan obtener una condena del agresor que sea cárcel o presidio efectivo, ya que se aumenta la penalidad a presidio mayor en su grado mínimo o en su grado medio, si existe reiteración o concurre una circunstancia agravante de responsabilidad. Se trata de penas de más de cinco años y un día o superiores, lo que impide que se pueda acceder a penas sustitutivas, en que la condena se cumple en el medio libre.
Pese a este avance, creemos que en la sociedad se genera una sensación de desprotección o disconformidad no sólo con los delitos violentos, sino que con otros que generan alta conmoción social. Me refiero a los delitos económicos o de corrupción, en que sería interesante modificar o reformar el sistema de penas y que no sólo se les sancione con penas de cárcel, sino que también con penas pecuniarias o con el comiso de bienes que funcione rápida y severamente, por ejemplo, respecto de los bienes que sean instrumentos o efectos del delito de corrupción o fraude por ejemplo. La adecuada y pronta recuperación de activos ilegítimamente obtenidos, es una deuda pendiente, por lo que es necesario avanzar en este ámbito. Debemos evitar que la gente dude y desconfíe del sistema, si a los delincuentes en casos como los citados no se les impone una sanción rigurosa, la que puede ir más allá de la mera privación de libertad.
Consideramos imprescindible una reforma integral al Código Penal, que data del año 1874, más que leyes puntuales que vayan parchando o modificando parcialmente ese Código.
Sabas Chahuán, abogado Defensavíctimas.cl
Implantes
Señor director:
El Instituto de Salud Pública (ISP) se pronunció con una serie de indicaciones en relación al retiro del mercado de los implantes mamarios texturizados de la marca Allergan, luego de que la FDA (food and drug administration, USA) le pidiera evidencia a esta empresa de que sus implantes son inocuos en relación al desarrollo de un tipo de cáncer muy raro en frecuencia, llamado linfoma anaplásico de células gigantes (BIA-ALCl según siglas en ingles). Allergan optó por retirarlos del mercado mundial voluntariamente. El hecho ha causado varios cuestionamientos y preocupación en torno a los implantes mamarios, tanto en la comunidad científica médica como en pacientes.
Ante esta situación, desde la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica queremos hacer un llamado a seguir estas indicaciones del ISP.
Además, la incidencia de este tipo de linfoma a afectado en forma muy poco frecuente a pacientes que tienen implantes mamarios de silicona con superficie texturizada, el BIA-ALCL, por lo que es considerada una enfermedad rara. Como sociedad científica médica recomendamos consultar a un especialista en caso de presentar inflamación asociada a dolor en el área del implante, aumento de volumen de la mama, o aparición de nódulo palpable o cualquier cambio notable al autoexamen. Es importante que los pacientes se informen antes de decidir por una cirugía que requiera implantes mamarios y siempre realizar la operación con un cirujano plástico certificado.
Dr. Claudio Thomas Bas, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica
A escala humana
A propósito de la muerte del profesor Manfred Max Neef, quien propuso la economía al servicio del bienestar del ser humano, nuestro país pareciera ir por el carril contrario. La economía al servicio de la sostenibilidad de las grandes empresas y sus dueños.
En línea, la propuesta del Gobierno, de reducir la jornada semanal de 45 a 41 horas pero con "flexibilidad", con muchos corifeos de alto vuelo y una campaña del terror del Ministro de Hacienda, yo discrepo. Esta iniciativa implica, según su letra chica, la permanencia del trabajador de hasta por 10 horas diarias promedio en la pega, eventualmente recuperables (algún día), con acuerdo individual entre trabajador y jefe, nada de negociación colectiva, (¿quien gana ahí?) y con contratos a plazo fijo, como en la construcción, por obras terminadas. Esto evidentemente aumenta la precariedad laboral. Según Fundación Sol, el 41% de los nuevos trabajos creados en el país son precarios, subempleos, mal remunerados. La encuesta del INE sobre ingresos 2018 demuestra que la mitad de los salarios del país son de 400.000 pesos.
Gaspar Millas del Río
