La diputada Camila Vallejo (PC) planteó que el Gobierno está "arrinconado con los grandes empresarios defendiendo lo indefendible", en el debate por la reducción de la jornada laboral.

La legisladora comunista es la autora del proyecto que propone bajar a 40 las horas semanales, al que se ha opuesto con gran fuerza el Ejecutivo.

Esta semana, el Gobierno puso suma urgencia a su propuesta de adaptabilidad laboral, que se encuentra en el Senado, y anunció una indicación para reducir la jornada a 41 horas, incorporando flexibilidad.

Vallejo criticó que el Ejecutivo insista en su idea cuando "la gran mayoría está apuntando a que en Chile es necesario tener una reducción de la jornada laboral semanal" y "que es importante tener un límite, una certeza y protección al trabajo de los trabajadores".

"Por lo tanto, el Gobierno tiene que entender que tiene que dejar en paz a la mayoría y dejar que este proyecto avance", instó la diputada.

"Si no les gusta -sostuvo-, bien, pero no pueden seguir insistiendo en declararle la guerra y tratar de obstruir el avance de un proyecto con tal apoyo no solo ciudadano, sino también legislativo", apuntó. Aludió así a los respaldos que ha recibido desde Renovación Nacional, de los diputados Gonzalo Fuenzalida y Francesca Muñoz, y el senador Manuel José Ossandón.

Vallejo participó ayer del pleno del comité central del PC, instancia donde el partido expresó su apoyo total a la propuesta de la legisladora y rechazó la del Ejecutivo.

Instan al diálogo

La diputada Ximena Ossandón (RN), que en principio apoyó la moción de la diputada Vallejo, expuso ayer en Cooperativa la necesidad de evitar una "guerra" de proyectos y llamó a que ambas partes "conversen".

Defendió el de La Moneda, porque es "bastante más amplio y mejor", mientras que el de su colega del PC es una "buena idea", pero "demasiado rígido".

En tanto, el diputado Patricio Melero (UDI), miembro de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, resaltó que el Gobierno ha estado "abierto a establecer una legislación que permita reducir gradualmente la jornada laboral".

Asimismo, defendió que "el Gobierno mira sin duda lo que la ciudadanía opina y lo que los empresarios, las pymes y los sectores productivos dicen" en el marco de la discusión.

Tras la crisis por la contaminación y el corte de agua en Osorno, y luego de que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia condenara a Essal por daño ambiental en la bahía de Puerto Varas del lago Llanquihue, la empresa esgrimió que ha invertido más de tres mil millones de pesos en infraestructura y llamó a un acuerdo público-privado para responder a la gestión de aguas lluvias "y sus impactos ambientales".

"En relación con la causa por activación de aliviaderos de emergencia (...) Essal se encuentra evaluando las acciones a seguir en las próximas etapas de este juicio", sostuvo la firma en una declaración pública.

Essal reiteró "su convicción de que el problema de la gestión de aguas lluvias y sus impactos medioambientales exigen un acuerdo público-privado para su superación, donde la empresa ya se encuentra realizando importantes inversiones en obras de refuerzo de seguridad de la infraestructura sanitaria" en Puerto Varas.

Añadió que, desde 2017, "Essal ha invertido más de tres mil millones de pesos en infraestructura sanitaria que ha permitido robustecer la red, solucionando problemas en puntos críticos de la comuna, dando con esto una mejor calidad de vida a sus habitantes y visitantes".

La sanitaria recordó que la ley establece que "la recolección de aguas lluvias es responsabilidad del Estado y se debe ejecutar en forma paralela al sistema de alcantarillado, que es responsabilidad de las empresas sanitarias".

"Essal ha demostrado que existen numerosas conexiones ilegales de aguas lluvias que terminan sobrecargando el sistema de recolección y tratamiento en periodos de lluvia, lo que hace necesaria la activación de los aliviaderos de emergencia por razones ajenas a la voluntad de Essal. No obstante, la empresa reitera su disposición a continuar el trabajo en conjunto con las autoridades y seguir avanzando en soluciones para la ciudad", concluyó la cuestionada firma.

El fallo

El órgano de justicia acogió la demanda interpuesta por el municipio de Puerto Varas y determinó que la sanitaria debe reparar el daño causado en 2017. Según el tribunal, la sanitaria activó en forma reiterada e injustificada los aliviaderos de tormenta de Plantas Elevadoras de Aguas Servidas (PEAS), y ocasionó así el vertimiento de efluente con aguas servidas no tratadas (coliformes fecales) al lago. El tribunal concluyó que Essal dañó el componente agua, produciéndose "la pérdida del valor o servicio de uso de carácter recreativo y para deportes acuáticos, con y sin contacto directo, en la bahía Puerto Varas en el lago Llanquihue". Según el fallo, la apertura de los aliviaderos no puede ser atribuida a las lluvias ocurridas en la zona en aquella época.