Pamela Vásquez Fuentes

Fue un discurso del presidente ejecutivo de Codelco Nelson Pizarro realizado en agosto de 2017 en una reunión con el sindicato de Supervisores de División El Salvador, el que generó una denuncia por parte de los trabajadores por vulneración de derechos fundamentales y práctica antisindical. En ese entonces el director regional del Trabajo se autoasignó la causa, la que no tuvo mayor movimiento, por ello fue formalizado por prevaricación.

El 23 de agosto de 2017 se efectuó una reunión con la directiva sindical y los supervisores de División Salvador debieron escuchar por parte de la primera autoridad un discurso donde se hablaba de Rajo Inca. "No logro comprender, no puedo aceptar, que tengamos profesionales de alta calificación demandados, porque no somos capaces de hablarnos, porque no fuimos capaces de discutir los problemas y respetarnos los roles. En esas condiciones, yo no puedo avalar el esfuerzo, no puedo comprometerme frente al Directorio y decirle vamos para adelante, y el objetivo de mi presencia acá es intentar generar con ustedes una suerte de compromiso, borrón y cuenta nueva, ¿a cambio de qué?, a cambio de que yo pueda hacer el compromiso de gatillar la factibilidad del Rajo Inca y de anticipar el inicio del pre-striping del Rajo Inca, y poder aguantar hasta el año 21, que va a ser el tiempo que necesitamos para eso", señaló el 23 de agosto Nelson Pizarro..

Este era solo un extracto del discurso del presidente ejecutivo de la cuprífera, por ello el sindicato consideró que estas palabras eran constitutivas de vulneración de derechos fundamentales y una práctica antisindical y el 27 de septiembre, ingresó una primera denuncia en la oficina de Partes de la Dirección Regional del Trabajo Atacama. Sin embargo no siguió el curso administrativo normal y según la indagatoria, fue autoasignada al director regional del Trabajo para que no tuviera movimiento.

Debido a que no hubo respuesta, el 1 de noviembre el sindicato vía correo electrónico envió una segunda denuncia dirigida al director nacional del Trabajo Christian Melis. En el correo electrónico el asunto decía: "Denunciamos a Sr. Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco, por vulneración de derechos fundamentales".

Esta denuncia fue reenviada al imputado en su calidad de jefe regional de la entidad. Repitiéndose lo ocurrido al no desarrollarse ninguna diligencia ni tramitación para indagar los hechos alertados por el gremio de Supervisores.

Tramitación rápida

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Luis Miranda frente a lo acontecido se fijó, en diciembre de 2017, una reunión con el director nacional del Trabajo, luego de lo cual se inició el procedimiento administrativo que, por resolución del imputado, posteriormente se suspendió y las diligencias efectuadas hasta ese entonces, fueron eliminadas del sistema informático del Departamento de Tecnologías de la Información de la Dirección del Trabajo.Es decir, que se hizo una tramitación rápida que luego se eliminó del sistema.

Frente a los hechos, el fiscal Luis Miranda presentó cargos por el delito de prevaricación administrativa, cabiéndole al investigado la calidad de autor. Causa que la Fiscalía de Atacama está indagando junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

El Juzgado de Garantía dispuso de un plazo de tres meses de investigación y no se decretaron medidas cautelares para el imputado.

Colaboraremos

Al respecto, el imputado señaló que "tengo la más íntima convicción que mi conducta se ha ajustado plenamente a derecho, por ello es que mientras esté en desarrollo la investigación, colaboraremos con la fiscalía para que se aclaren los hechos".

"Las diligencias efectuadas hasta ese entonces, fueron eliminadas del sistema informático del Departamento de Tecnologías de la Información de la Dirección del Trabajo"

Luis Miranda, Fiscal

Ayer el Ministerio Público formalizó al conductor del furgón que el viernes protagonizó un grave accidente de tránsito luego de colisionar a una patrulla de Carabineros en Copiapó.

La audiencia se desarrolló en una sala del servicio de traumatología del Hospital Regional de Copiapó, lugar hasta donde llegó el fiscal Renán Gallardo, además del juez de turno y el abogado defensor del imputado. En la ocasión, el persecutor argumentó los antecedentes que hasta el momento se manejan de este caso, presentando cargos por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, causando lesiones graves en dos ocupantes del vehículo policial y lesiones menos graves en el caso de un funcionario policial que viajaba como copiloto. Eso, además del ilícito de darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda a las víctimas ni dar aviso a los servicios de emergencia.

Otro de los aspectos que se dio a conocer en la audiencia, es que el imputado no cuenta con licencia de conducir.

Respecto del accidente, Renán Gallardo indicó que de acuerdo a versiones ya incluidas en la carpeta investigativa de este caso, el joven imputado compartió bebidas alcohólicas con amigos durante la madrugada del viernes, para luego retirarse del lugar conduciendo el furgón utilitario. "De acuerdo a testimonios y registros de cámaras de seguridad, el imputado condujo el vehículo por calle Salas y al llegar a O´Higgins cruzó esta arteria no respetando la señal "Pare" ubicada en el lugar, impactando la parte trasera izquierda de la patrulla. Ocasionando lesiones de diversa consideración en sus ocupantes, siendo las más graves aquellas que causaron el deceso de uno de los detenidos que era trasladado en el auto de Carabineros", dijo el fiscal.

Por estos hechos y por la sanción penal que el imputado arriesga por su responsabilidad en los delitos formalizados, el fiscal consideró que su libertad involucra un peligro para la seguridad de la sociedad. Razón por la que solicitó al juez aplicar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del conductor, solicitud a la que se accedió el magistrado ordenando la privación de libertad del imputado. Indicando que con los antecedentes expuestos quedó acreditado el estado de ebriedad del detenido al momento de guiar el móvil y que no cuenta con la licencia que lo autoriza a conducir vehículos motorizados.

El juez, a solicitud del fiscal, fijo un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación de este caso, debido a los peritajes científicos que se encuentran en desarrollo por parte de Labocar, además del informe definitivo que deberá realizar la Siat de Carabineros.

El lunes hubo disturbios en una calle en Tierra Amarilla, mientras se desarrollaba el velatorio del joven que falleció debido a las graves lesiones que le ocasionó un accidente vehícular cuando era trasladado en un carro policial de Carabineros.

El hecho ocurrió cerca de las 18.30 horas en la población Luis Uribe, luego del corte de tránsito del pasaje.

Según los antecedentes, llegó un vehículo blindado de Fuerzas Especiales, cuando ocurrieron los disturbios.

"Fue atacado por un grupo de personas (el vehículo policial) quienes lanzaron trozos de concreto, piedras y botellas, el dispositivo hizo uso de polvo químico para dispersar a los manifestantes. Arrojaron bombas molotov", concluyó el mayor Carlos Mesa.