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Juez argentino suspende a empresas de reparto por falta de medidas de seguridad

REPARTO. Rappi, Glovo y Pedidos Ya deberán entregar cascos e implementos reflectantes a sus trabajadores, así como una lista de ellos a la Justicia.
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El juez bonaerense Roberto Gallardo dictaminó suspender las actividades de las firmas de entregas a domicilio Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta que demuestren que cumplen con los requisitos legales de seguridad para los repartidores que trabajan en bicicleta o moto.

La resolución de Gallardo busca regularizar las prestaciones de las empresas conforme el marco legal vigente, e "impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores", señaló el Juzgado n° 2 en lo Contencioso Administrativo, citado por la agencia de noticias Efe.

La medida también pretende "prevenir y evitar situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos", e impedir "la distorsión de los sistemas de distribución a fin de que no sean utilizados para consumar ilícitos", como el microtráfico de drogas.

Objetos de seguridad

Gallardo destacó que las empresas autodenominadas "plataformas" deberán entregar a la Justicia, en un plazo de dos días -obligación impuesta hace más de siete meses y que aún se encuentra sin cumplir-, una lista completa del personal y la constancia de haber entregado "por su cuenta y cargo" la totalidad de los "implementos de seguridad vial exigidos por la ley", es decir, casco e indumentaria reflectante.

Las firmas, además, deberán entregar la acreditación de que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente, junto con las constancias de regularidad laboral y cobertura de seguros.

"Hasta tanto esas condiciones legales y judiciales sean cumplidas en su integridad, se ha decidido suspender la actividad de las empresas Rappi, Kadabra (Glovo), y Repartos Ya (Pedidos Ya)", remarcó el juzgado.

En caso de continuar produciendo envíos "por personal dependiente" de estas empresas "que no respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales establecidos", la mercancía será decomisado por la policía, y las firmas sancionadas deberán pagar una multa de US$ 224, junto con bloquearse los pagos con tarjetas de crédito.