El director social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau, se refirió a la posibilidad de que se investigue a San Alberto Hurtado luego de que la Compañía de Jesús informara que cree en los testimonios de 22 mujeres que acusan al sacerdote Renato Poblete de abusos sexuales, de conciencia y de poder.

Poblete conoció a Hurtado, fundador de la institución y quien fue clave en su vocación religiosa. Además, el acusado religioso fue capellán del Hogar de Cristo entre 1982 y 2000.

Egenau manifestó en T13 Radio que "si apareciesen razones y fundamentos que dieran pie para que se abriera nuevamente una mirada investigativa respecto de Alberto Hurtado, bueno, habrá que hacerlo".

Luego de que la congregación estableciera como ciertos los abusos de Poblete contra 22 mujeres, incluyendo cuatro menores de edad, el director social del Hogar de Cristo defendió a la institución. "El hogar no es Renato, el hogar somos cuatro mil y tantos trabajadores, son seis mil socios y 26 mil voluntarios. El Hogar de Cristo está en terreno, son los programas sociales", aseveró Paulo Egenau.

Rechazo en la orden

El jueves, el primero en referirse a la opción de indagar a Alberto Hurtado fue el provincial de la Compañía de Jesús, Cristián del Campo, quien tras ser consultado por la prensa sostuvo: "Parece una especulación que es injusta. Si hay una persona que ha sido investigada por sus procesos de beatificación y canonización, en todos los ángulos de su vida, ha sido el padre Hurtado".

Ayer, el sacerdote jesuita Francisco Jiménez dijo a Radio Biobío que entiende la desconfianza que han generado los casos de abuso sexual y en especial el de Poblete, pero consideró que implicar a Hurtado es una acusación sin base.

Cabe recordar que el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseveró anteayer que "el Ministerio Público nunca descarta una línea de investigación. Han pasado muchísimos años y es importante establecer líneas investigativas en ese sentido. Entonces, no podemos afirmarlo ni negarlo (alguna vinculación de Hurtado con el caso) porque necesitamos analizar los antecedentes".

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) resolvió abrir un expediente de caducidad a la concesión de agua potable de Essal Osorno y formular cargos a la empresa que provee de agua potable a la ciudad.

Así lo informó el superintendente (s) Jorge Rivas tras finalizar la investigación técnica por las fallas que causaron la emergencia vivida durante 10 días en Osorno debido a un derrame de hidrocarburos que afectó a la planta de producción de agua potable de Caipulli. Los efectos aún los sufre la ciudadanía.

La indagatoria concluye que los hechos indagados son "de la mayor gravedad por su duración y repercusiones en la población y en el desarrollo de la ciudad afectada, por acciones de total responsabilidad" de la concesionaria Essal S.A.

A juicio de la SISS, queda en evidencia que Essal "incurrió en falencias operativas ante la emergencia, la información y la calidad de los servicios, aspectos que la legislación sanitaria considera sancionables".

Multas y descargos

Por ello, la SISS resolvió iniciar dos procesos contra la firma, los que "deberán avanzar respetando la legislación que asegura un debido proceso".

Por una parte, se formulan cargos cuyas multas podrían superar los 2.500 millones de pesos, monto que sólo podrá ser definido una vez que termine el período de descargos al que tiene derecho la empresa.

En segundo lugar, se abrió un expediente de caducidad a la concesión de Essal en Osorno, "proceso que también le otorga derecho a la empresa para hacer sus descargos y apelaciones". Tras esto, la SISS podrá emitir su resolución final en la forma de una propuesta al Presidente de la República.

Un cargo se formula por incumplir la obligación de calidad de servicio y particularmente por no cumplir con la calidad del agua de acuerdo con las normas que rigen en Chile, especialmente en cuanto a requisitos de sabor y olor, presencia de cloro libre residual y turbiedad.

Otro es por incumplir la obligación de continuidad del servicio de agua potable, tras los dos eventos que dejaron sin agua a Osorno por cerca de 10 días, el primero de los cuales, destacó la SISS, dejó sin servicio al 97,9% de los clientes de la ciudad.

También hay un cargo por afectar a los usuarios: la ley establece límites a las situaciones de corte, y el hecho de que en ambos cortes no programados de suministro se haya afectado a un porcentaje alto de la población es una infracción.

El organismo también dispuso un cargo contra Essal por poner en peligro la salud de la población y no cumplir con las instrucciones de la SISS sobre condiciones de prestación del servicio en caso de emergencias. Además, se acusa a Essal de no informar oportunamente del derrame y de dar informaciones "manifiestamente falsas" a los clientes y a la SISS sobre las causas del problema, el tiempo de reposición del suministro, causas del segundo corte y capacidad real de abastecimiento.

Reacción de essal

La empresa reaccionó a través de un comunicado. Manifestó su "más irrestricto apego y respeto a la institucionalidad vigente, así como a la Ley General de Servicios Sanitarios".

Dijo estar "a entera disposición de la autoridad sanitaria para colaborar durante el proceso administrativo que se inicia, buscando establecer con claridad que no ha existido intención" de afectar a sus clientes y "no se cumplen los requisitos que exige la ley para caducar la concesión de Osorno".

Para Essal, "el lamentable hecho que afectó a la comunidad de Osorno no es representativo de la labor que a diario" realizan sus trabajadores.