Caso de Joaquín Bustos
Con mucha impotencia y frustración los miembros de la Fundación Cambiemos La Historia nos enteramos a través de la viralización que hizo la familia en redes sociales del caso de Joaquín Bustos, un joven de 27 años, que pudiendo ser un potencial donante para muchas personas, por problemas logísticos (según se comunicó), únicamente pudo donar un riñón para realizar un trasplante de manera local.
Nuestra frustración radica en que trabajamos día a día por promover y educar sobre la importancia de la donación de órganos, para así poder aumentar las tasas de trasplantes en nuestro país. Dado que es un proceso complejo, nuestro aporte se enfoca en el consentimiento de las familias y en la información que ellas tengan a su disposición, pero lo que pase después del consentimiento, es algo que depende netamente del Estado, y en concreto del Ministerio de Salud.
¿No existen protocolos que regulen de manera específica cómo y quién debe actuar en el caso de que exista un potencial donante en regiones? Más aun sabiendo que los plazos en materia de donación de órganos son muy acotados, en donde las respuestas se deben dar en minutos. ¿Cómo es posible que no hubiese ningún avión disponible para trasladar al equipo médico desde Temuco a Santiago, considerando, además, que el viaje sólo dura 1 hora con 25 minutos?
El proceso de procuramiento y trasplante de órganos no puede depender de la buena voluntad de las personas, sino que debe ser un sistema ordenado y coherente, que funcione de manera automática, para permitir que, a pesar de las dificultades geográficas, se puedan realizar más trasplantes.
Álvaro Becerra Olguín, presidente Fundación Cambiemos La Historia
Bajo crecimiento
Señor director: En relación a las palabras emitidas por la diputada Sofía Cid Versalovic:
No reconocen que las promesas electorales generaron falsas expectativas, no son capaces de decir que el bajo crecimiento o estancamiento como dicen algunos, son producto del modelo neoliberal extractivista, exportador de materias primas sin valor agregado, dependiente del valor de los minerales (commodities) en las transacciones en las bolsas de comercio internacionales, por ende sujetos a la especulación de los mercados y de las empresas transnacionales, que actualmente dominan la economía chilena.
La única propuesta de desarrollo de la derecha es que el Gobierno Regional y los Servicios Públicos, aprueben todos los proyectos privados sometidos a Evaluación Ambiental, sin importarles si generan algún impacto en la flora, la fauna, el agua, los territorios o en las personas. En el Sistema de Información de Evaluación Ambiental administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su registro nos arroja que en los últimos 5 años, se han aprobado 103 proyectos por más de 12.751 millones de dólares; y, en proceso de calificación actualmente hay 22 proyectos por más de 3.104 millones de dólares; en la Región de Atacama. De los cuales CODEMAA solamente está reclamando en 2 de ellos. Estos datos no consideran los proyectos no admitidos o no calificados como el caso de Copiaport-e, los que los titulares pueden reingresar nuevamente al sistema. Tampoco considera a los proyectos interregionales, donde se ubican los dos proyectos en el Salar de Maricunga, a los que si nos oponemos. Los datos se pueden revisar en el siguiente link: http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php
Volver a la agricultura autosustentable y contar con cultivos suficientes para la seguridad alimentaria; apoyar a la micro y pequeña minería; relocalizar la fundición de Paipote; traer agua pura desde la cordillera para el consumo humano y la desalada para la industria; poner en valor los territorios y ecosistemas para potenciar el turismo; reciclar nuestros desechos; son algunas de las propuestas que puedan darle otra cara a Copiapó y la Región de Atacama.
Eduardo Herrera, representante del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (Codemaa)
Inmigración
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuenta en 5.000 las personas diarias que abandonan Venezuela Y Chile es el tercer país que más población venezolana ha recibido de este éxodo luego de Colombia y Perú.
Si ya con la oleada migratoria reciente (que se ha tratado de regularizar administrativamente en el presente gobierno) se requirió un esfuerzo importante del país, en tanto consulados, oficina de migración y extranjería, entre otros, es esperable que se produzcan ciertas aglomeraciones o poca celeridad como con el flujo observado ahora en Chacalluta producto, además de cambios de normas en países limítrofes.
Si bien hay quienes abogan por un paso libre de los migrantes (venezolanos mayormente), dada la contingencia, el problema no está primeramente en dejarlos entrar, sino en lo expuestos que quedan a explotación y maltratos cuando no están regularizados (como la misma ACNUR - ONU plantea en su informe anual 2018).
Alejandro Varela
