Daniela Munizaga
Ayer se desarrolló el Balance Regional de la Defensoría Penal Pública Gestión 2018, instancia a la que llegó el defensor nacional, Andrés Mahnke, para acompañar a los funcionarios y funcionarias de la institución en esta oportunidad.
En conversación con El Diario de Atacama, el defensor nacional abordó algunos resultados de la Defensoría a nivel regional y temas de contingencia a nivel país. En cuanto al panorama de Atacama, indicó que destaca del resto de las regiones por "los niveles de satisfacción de usuario, desde el punto de vista del trato, la información y la dignidad con que esta región atiende a nuestros defendidos y en eso la diferencia es bastante determinante".
¿Qué otros puntos estadísticos destacan?
-Hay temas que son determinantes en la región y marcan también una tendencia a nivel país, como la disminución de la participación de menores de edad en los ilícitos. La disminución marca niveles cercanos al 50% a nivel nacional y cerca del 47% en la región, eso hay que tomarlo como evidencia empírica a la hora de definir políticas públicas a propósito de la participación de jóvenes en hechos ilícitos.
Desde el punto de vista de la participación de pueblos originarios o los extranjeros migrantes la incidencia es bastante baja acá. Sí hay una participación mayor, y debe ser por la tipología de delitos que ocurren en la región, es respecto de las mujeres sobre los hombres, la diferencia aquí es 19% mujeres y 81% hombres, siendo que en general es como de 16% versus 84%.
-Considerando el punto de los menores de edad ¿Cuál es su parecer con el control preventivo que se pretende ampliar?
-Es muy grave que a los menores de edad, que tienen derechos y un nivel y estándar de protección superior por parte del Estado, se le apliquen procedimientos policiales en ámbitos que están fuera del análisis delictual. Estamos hablando de personas que están fuera de ese marco y todo lo que nosotros hagamos para incorporarlos en hechos ilícitos, no solo estigmatiza, sino que va generando la cultura del delito en determinados sectores de nuestra sociedad.
La peor solución para combatir el delito con participación de jóvenes en ellos, es aplicar a quienes no están cometiendo ningún ilícito y que ni siquiera puede haber un indicio de que puedan intentar cometerlo. Procedimientos policiales en circunstancias que no hay nada que los justifique, la señal que le estamos dando a esos jóvenes es a que normalicen una situación ilícita. Lo que tiene que hacer un Estado democrático es separar a quienes no cometen ilícitos, sobre todo a menores de edad, de cualquier cercanía con el ámbito penal.
-A su juicio ¿Cómo debería funcionar?
-No desde procedimientos policiales. En la baja de participación de jóvenes en delitos, pasamos del 2011 con 34 mil adolescentes en todo el país, a ahora con un poco más de 18 mil, en que las cifras demuestran que el 17% de ellos cometen más del 50% de los ilícitos. Estamos hablando de un grupo de que no supera más allá de cuatro mil y fracción de jóvenes que tiene un comportamiento criminógeno complejo.
Es absurdo. Vamos a aplicar procedimientos policiales al 99,8% de menores de edad que no están participando en hechos ilícitos para tratar de identificar eventualmente a este 0,2% que sí lo está, que lo que necesitan y necesitamos como Estado es abordar las causas del por qué están participando, que dicen relación con consumo problemático de alcohol y drogas, abandono familiar y deserción escolar, esas son algunas de las causas y no las vamos a solucionar con controles preventivos de identidad.
-Hubo un leve aumento de la prisión preventiva en la zona ¿Qué opina respecto a eso?
-Lamentablemente la prisión preventiva en nuestro sistema se está autorizando como pena anticipada, eso es lo que ha generado las modificaciones a esta medida cautelar en su discusión legislativa. Los aumentos a nivel nacional en los últimos 10 años hablan de un 100%, de 15 mil en 2006 pasaron a más de 31 mil en 2018 y se ha mantenido en una tasa cercana.
Eso aumenta exponencialmente el número de personas inocentes no responsables del ilícito que se le imputaba y que generó prisión preventiva. Más allá de la afectación de derechos de esas personas, que no tienen ningún ámbito de reparación ni reinserción en nuestro sistema, lo que estamos generando, y las cifras así lo demuestran, son espacios de reincidencia que son muy altos. Solo en el caso de los menores de edad, el paso por internación provisoria aumenta en más de un 40% las probabilidades de que tenga otra imputación en los próximos 3 años.
-Hace un tiempo en Copiapó hubo una manifestación por internos y sus familiares en que se apuntó a una "defensa ineficaz" ¿Cómo se abordó esa situación y qué trabajos se han realizado en esa materia?
-Nosotros hicimos seguimiento de eso, no era una movilización respecto a la participación de los defensores en sus causas, sino que decía relación con cambios legales que habían agravado las penas, disminuido los beneficios y entre otras cosas, estableció requisitos mucho más exigentes para lograr la libertad condicional.
En ese contexto, habían críticas hacia el funcionamiento de los defensores y defensoras en el ámbito penitenciario, en cuanto a que no hay una participación en determinadas audiencias que no son del ámbito jurisdiccional, sino que son audiencias en relación a cómo se determinan las rebajas de condenas en las libertades condicionales, pues bien, no hay regulación. Muchas de esas audiencias en que se observa que los defensores no están participando no se nos permite participar, no está garantizada la presencia de un defensor y es algo que como sistema tenemos que modificar.
47% ha disminuido aproximadamente en la región la participación de menores de edad en ilícitos, según indicó el defensor nacional.
