Un día después de que el pleno de la Corte Suprema decidiera abrir un cuaderno de remoción en contra de él y dos jueces más, el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcelo Albornoz (56 años) fue hallado muerto ayer en su domicilio de Rancagua.
El hecho se concretó luego de que su cónyuge saliera del domicilio a realizar unas compras. Tras retornar a la vivienda, se percató de la muerte del magistrado, quien se habría disparado.
El fiscal jefe del Ministerio Público en Rancagua y fiscal regional (s), Javier von Bischoffshausen, junto a peritos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se constituyeron en el lugar y realizaron las diligencias del caso.
"Nosotros entendemos probablemente que (la muerte) ocurrió a primera hora de la mañana, toda vez que en ese horario la cónyuge de la víctima junto a sus hijos salen del inmueble. Después regresan y al pasar cierto instante, la cónyuge concurre hasta la pieza donde se encontraba la víctima", explicó el persecutor.
Von Bischoffshausen precisó que el arma hallada estaba inscrita hace años a nombre del fallecido y que se están haciendo las pericias necesarias para establecer con seguridad la causa de muerte: "Mientras no terminemos de tener el informe de autopsia del Servicio Médico Legal, no podemos tener certeza de lo ocurrido, pero en este momento la tesis más fuerte y evidente es que se trataría de un suicidio producto de una pistola, lo cual ocurre en su propio domicilio, específicamente en el segundo piso".
El cargo en su contra
El martes pasado, el máximo tribunal del país acogió las imputaciones realizadas en el marco de la investigación interna que llevó adelante la también suprema Rosa María Maggi contra los magistrados Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
La Corte Suprema ordenó abrir un cuaderno de remoción para cada uno y los suspendió por cuatro meses.
En el caso de Albornoz, se le acusa de haber solicitado un préstamo de $1,5 millones a su amigo Luis Arenas, médico condenado en 2018 a una pena de dos años por suministrar recetas de sicotrópicos a una red de tráfico de estupefacientes, en momentos en que se tramitaba una causa del facultativo. Entonces, Albornoz era juez de garantía, además de ministro suplente de la Corte de Rancagua. Su defensa argumentaba que el dinero era para beneficio de un enfermo que habría fallecido recientemente.
La decisión de la Suprema fue informada por su ministro vocero, Lamberto Cisternas, quien también ayer se refirió al suicidio de Albornoz: "Todos los integrantes del Poder Judicial lamentan el fallecimiento de uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se ha producido con motivo de un suicidio. Al momento de la muerte, no es el mejor momento para hacer especulaciones sobre otras relaciones o conexiones que uno podría efectuar, sólo es el momento de lamentarlo".
Reacción del gobierno
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó que "es muy doloroso lo que ha ocurrido, particularmente, porque se da en circunstancias muy difíciles en medio de una dura investigación a raíz de la crisis que existe en el ámbito judicial en la Corte de Rancagua".
"El proceso aún no termina y no podemos hablar sin que la sentencia esté pronunciada. Pero todos los hechos que han permitido que la Suprema abra un expediente de remoción son gravísimos", añadió.
"Esperamos que ello permita esclarecer estos hechos para que no se repitan nunca más, para evitar situaciones tan dolorosas como las que ha sufrido el ministro Albornoz, que lo han llevado a dar un paso muy doloroso", expuso.
Asimismo, Hernán Larraín planteó que "los caminos de la conciencia humana son siempre insondables y estos hechos nos hablan de que ser expuestos, ser sancionados duramente como estaba encaminando la Corte Suprema, hace que las personas quizás reaccionen de manera insospechada. Debemos hacernos cargo de que las personas, las autoridades, quienes desempeñan actividades institucionales, y en este caso en el Poder Judicial, deben tener especial celo porque esta conducta moral sea siempre intachable".
"Las investigaciones deben continuar igual. El cuaderno de remoción abierto debe continuar su camino para saber si van a ser o no removidos los jueces", complementó.
