Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Chañaral, detuvieron a un joven de 17 años de edad por el delito de receptación.

Luego de una denuncia cursada en el complejo policial de Chañaral por el delito de hurto simple, detectives se abocaron a establecer el hecho ocurrido al interior de un establecimiento educacional en dicha comuna. Por lo que a través de diligencias investigativas se logró acreditar que un menor sustrajo el teléfono celular de la víctima y que luego lo ofreció a un estudiante a un valor muy por debajo del costo comercial.

Posteriormente se ubicó al joven que había comprado el teléfono, siendo fiscalizado por los oficiales, los que a la revisión de sus pertenencias encontraron el teléfono.

Informados los hechos al fiscal de turno, instruyó que el imputado fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Chañaral, para el control de detención correspondiente.

Privado de libertad en la cárcel de Copiapó quedó un imputado, en contra de quien la Fiscalía de Atacama presentó cargos por el delito robo con violencia calificado cometido en un servicentro ubicado en la salida sur de esta comuna.

La audiencia de formalización fue asumida por el fiscal Marco Arenas Zeballos, quien argumentó que los hechos sometidos a la investigación ocurrieron alrededor de las 07 horas de este martes cuando el imputado, conocido como "Papelucho", se acercó hasta la estación de servicios, lugar en que sustrajo especies personales y dinero de uno de los trabajadores del lugar, quien lo sorprendió en esta acción por lo que increpó al imputado. Momento en que el detenido devolvió sólo la billetera de la víctima, para luego ofuscarse y extraer un arma blanca con la que atacó al empleado en la cabeza, espalda, brazos y piernas; dándose luego a la fuga.

"La víctima resultó con heridas que fueron diagnosticadas de gravedad en el Hospital Regional, mientras que a partir de las características físicas y la identidad del agresor entregada a personal de Carabineros. Se logró la detención del imputado en las inmediaciones del lugar en que se cometió el delito", dijo el fiscal.

En la audiencia Marco Arenas dio cuenta de todos los antecedentes reunidos en esta etapa inicial de la investigación, dentro de las que se cuentan, además de la declaración de la víctima y testigos del robo, imágenes de las cámaras de seguridad del servicentro en que queda de manifiesto el actuar del detenido. Además, los informes de atención de urgencia del lesionado y el parte de los funcionarios de Carabineros que adoptaron el procedimiento de este caso.

Con todo ello, la Fiscalía formalizó la investigación solicitando la cautelar de prisión preventiva en contra del imputado por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y de la propia víctima, agregando que el autor ya cuenta con antecedentes penales por el mismo delito. Esta petición fue considerada y aceptada por el juez de turno, quien determinó el ingreso del detenido a la cárcel de Copiapó fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Pamela Vásquez Fuentes

En el primer Tribunal Ambiental se conocieron los alegatos de la causa Rol R-16 de 2019, el recurso de reclamación interpuesto por los concejales de Copiapó Rosa Ahumada, Wilson Chinga, Paloma Fernández y otros dirigentes sociales en contra el Servicio de Evaluación Ambiental, debido a que califica como favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Continuidad operacional de faena Atacama Kozan, para extender la vida útil de la minera.

Entre los puntos que argumentó el abogado de los reclamantes da cuenta que "no hubo proceso de participación ambiental ciudadana durante la evaluación del proyecto". Se trata de una iniciativa que según manifestaron "genera cargas ambientales significativas; porque afecta a una población de más de 20 mil personas, solo en el sector de Estación Paipote y Copiapó".

En la audiencia, el abogado señaló que las preocupaciones ciudadanas se canalizaron a través del municipio y otros organismos con competencia ambiental. "Se excluyó del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental y la RCA (resolución de Calificación Ambiental), las observaciones de la municipalidad de Copiapó y otras entidades públicas que recogían las preocupaciones ciudadanas".

Uno de los fundamentos, da cuenta que según los reclamantes, hubo informes que indican que debería haberse efectuado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que fue lo que se aprobó.

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El Servicio de Evaluación Ambiental, solicitó que se rechazaran los argumentos, entre los puntos considera que "no hubo proceso de participación ciudadana, por lo tanto, no existen observaciones que no hayan sido consideradas en la RCA de las cuales se pueda reclamar administrativamente conforme a la ley".

Respecto al proceso de Participación Ambiental Ciudadana (PAC) "el primer requisito que debe concurrir para que se inicie un proceso de Participación Ambiental Ciudadana (PAC), en el caso de DIA, es que sea solicitado por a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, como mínimo diez personas naturales afectadas".

Se informó a través de un medio de comunicación respecto de la DIA del proyecto, sin embargo no existió ninguna solicitud de apertura de un PAC.

En tanto,tras los alegatos los ministros deben analizar los argumentos y aún no hay fecha para una resolución.

Ayer el senador Rafael Prohens (RN) se presentó en la Comisión de Ética del senado, donde informó respecto la situación dada a conocer por el área de Reportajes de Canal 13, por negocios entre la agrícola Doña Berta, de la cual Prohens es integrante y Atacama Kozan.

"Informó que había corregido su declaración de patrimonio, agregando la sociedad agrícola que es la que negocia el agua con la minera y al mismo tiempo se refirió a la venta del agua, recordando que el artículo V letra b de la Ley Orgánica del Congreso Nacional le obliga a abstenerse en los casos específicos de que se trate y no a abstenerse de manera general o sea puede formar parte de la Comisión de Minería, pero debe abstenerse en los casos que se trate el tema específico al cual se refirieron las acusaciones", señaló el senador José Miguel Insulza, integrante de la comisión.

El parlamentario Prohens, entregó un texto escrito a la comisión que recibió el material. "Los dos puntos que se habían planteado fueron informados por una comisión que tomó nota del informe", dijo.

Finalmente, señaló que "nadie lo ha acusado ante la comisión, para que actúe la comisión algún otro miembro del Senado tiene que hacer algún planteamiento, alguna denuncia ante la comisión. El pidió voluntariamente exponer lo que era la situación y nosotros ante eso solo podemos tomar nota".