El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decidió ayer sobreseer al ex senador y exministro Pablo Longueira, quien estaba acusado por delitos tributarios en el caso SQM, aunque seguirá imputado por cohecho.

El tribunal determinó que no se puede ejercer una acción legal en contra del exlegislador de la UDI por los ilícitos tributarios, debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó una denuncia o querella nominativa en su contra.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, declaró que el Ministerio Público entiende que está "habilitado para proceder en contra de personas" y que "en virtud de la investigación acabada y completa", se arrojó nuevos antecedentes. "La información que entrega el SII es de hechos, que pueden ser constitutivos de delitos", complementó la persecutora.

La Fiscalía anunció que acudirá a la Corte de Apelaciones para apelar a la decisión.

Desde la defensa del expresidente de la UDI, aseguraron que necesitarán un juicio oral para demostrar que no es culpable del delito de cohecho, el cargo que del que se le acusa en otra causa. "No ha recibido absolutamente ningún peso irregular en este caso de SQM", comentó el abogado Alejandro Espinoza.

Acusación

En julio pasado, el entonces fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, acusó a Longueira por cohecho en la tramitación de la ley del royalty minero y por delitos tributarios, específicamente como facilitador de boletas ideológicamente falsas.

Por el primer delito, la Fiscalía pidió dos años y tres meses de cárcel, además de una multa total de $253 millones. Mientras que por los ilícitos tributarios, el Ministerio Público había solicitado dos años y tres meses de cárcel.

En el caso SQM, el fiscal también acusó al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, por soborno y delitos tributarios. Otros imputados son el senador DC Jorge Pizarro, por delitos tributarios; su hijo, Sebastián Pizarro; el exsenador del PS Fulvio Rossi; Marco Enríquez-Ominami y su exasesor Cristián Warner; y el exembajador Marcelo Rozas, su hijo Daniel y su esposa Michelle Raymond.

El Gobierno tomó distancia de la UDI en los críticos planteamientos que la presidenta de este partido, Jacqueline van Rysselberghe, hizo sobre la Contraloría General de la República y la máxima autoridad de este órgano, Jorge Bermúdez.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, se refirió ayer a la solicitud de renuncia formulada por la senadora y también timonel de la UDI a Jorge Bermúdez, en medio de la controversia por una auditoría a la Municipalidad de Viña del Mar.

El jefe nacional del órgano de control respaldó el lunes el trabajo de la Contraloría Regional de Valparaíso, que informó de un déficit de $17 mil millones en el municipio viñamarino, y descartó que exista una metodología distinta para evaluar la gestión de la alcaldesa Virginia Reginato (UDI), acusada de "notable abandono de deberes" por un grupo de concejales.

La moneda, conforme

"Ella (Van Rysselberghe) tendrá sus razones y tendrá que explicarlo, pero nosotros como Gobierno y (con) la Contraloría estamos trabajando bien. Así que nosotros no tenemos nada que decir al respecto", manifestó el ministro Chadwick a Radio Infinita.

El organismo fiscalizador de las acciones del aparato público emitió un duro informe donde reveló la existencia de un gran déficit en el municipio viñamarino, lo que ha sido negado por la jefa comunal.

Este trabajo de control fue cuestionado por la UDI, luego de que el fin de semana La Tercera publicara que las contralorías regionales no estarían aplicando el criterio que establecen la Ley de Municipalidades y los dictámenes del órgano de control sobre la materia, lo que implicaría que los montos informados podrían ser distintos.

Es por ello que la senadora Van Rysselberghe solicitó la salida de Bermúdez e incluso amenazó con la presentación de una acusación constitucional contra el abogado y académico.

Contralor

El lunes, el contralor general, Jorge Bermúdez, salió al paso de la controversia por las metodologías empleadas para fiscalizar a los municipios.

La autoridad dijo: "Aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie. Lo que nosotros hemos hecho (…) es aplicar la metodología que siempre ha aplicado la Contraloría, es hacer la contabilidad, tomar la contabilidad de los municipios y realizar la auditoría de la manera que lo ha hecho siempre la Contraloría".

"Un principio básico de la auditoría es la fiabilidad de la información. Cuando esa información no es completa, cuando esa información está desactualizada, cuando esa información está escondida y, por lo tanto, tienen que buscarla en los recovecos de la municipalidad, obviamente tienen que empezar a adaptar esa información que están recibiendo y eso es lo que ha ocurrido en este caso", agregó Jorge Bermúdez.

Confianza en equipos

"Los equipos de auditoría de la Contraloría y en particular los equipos de la Contraloría Regional de Valparaíso, que auditaron la Municipalidad de Viña, son equipos con mucha experiencia, que tienen todo mi respeto y toda mi confianza en el trabajo que han realizado", expuso el abogado.

"Muchas veces lo que ocurre es que hay información que no está sobre la mesa, que se está omitiendo y, que por lo tanto, el auditor va a tener que ponderar para saber cómo puede llevar a cabo esa auditoría", añadió el jurista.