Alejandro Núñez

En el último Concejo Municipal, el alcalde de Copiapó, Marcos López, informó que un informe de la Contraloría General de La República arrojó que no procede el pago del Bono Atacama a los funcionarios que se desempeñan en los Departamentos de Administración de Educación Municipal de la capital regional en 2016 y que se deberán devolver los dineros.

La resolución de Contraloría indicó que "no se ajustó a derecho que la Municipalidad de Copiapó enterara, en 2016, el beneficio remuneratorio de que se trata a los servidores que se desempeñaban en la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de esa comuna, por lo que esa entidad edilicia deberá adoptar las medidas conducentes a obtener el reintegro de las sumas correspondientes sin perjuicio de la facultad de los afectados para requerir la liberación total o parcial de la restitución de los valores pertinentes". Esto se debe hacer en un plazo de 20 días contando desde la recepción del oficio.

López detalló que la "directora ya se reunió con los trabajadores y les planteó que ellos debían de alguna manera apelar si es que hay alguna instancia de apelación en la Contraloría y si la respuesta sigue siendo taxativa como es la primera comunicación ya no habría más que hacer que proceder a los descuentos".

Por su parte, el presidente comunal de la Asociación de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch) y miembro de la Mesa del Sector Público de Atacama, Manuel Mendoza, comentó que son cerca de 40 funcionarios los que tendrían que devolver el dinero que bordea los 200 mil pesos.

El dirigente adelantó que apelarán y recordó que el beneficio se logró tras casi 60 días de movilizaciones. Además recordó que fue el ex diputado Lautaro Carmona quien preguntó si los administrativos de educación y el personal del cementerio podían recibir la asignación a lo que desde presupuesto habrían respondido que sí.

"Estamos pidiendo esto porque se hace en base a la buena fe y jamás tratando de llevar esto a un acto ilegal a la autoridad alcaldicia", dijo Mendoza.

Antecedentes

La investigación se realizó tras la consulta realizada por la Asociación de Funcionarios de la Administración de Caldera (Asfudaem). El informe argumentó que el artículo 1°, inciso primero, de la ley N°20.924 conforme a el texto vigente para los años 2016 y 2017, concedió una asignación extraordinaria durante tales años a "los funcionarios públicos que se desempeñen en la Región de Atacama, con contrato vigente al 1° de enero de 2016 y que se encuentren en servicio a la fecha de pago de la asignación siempre que tengan derecho a una remuneración bruta mensual igual o inferior a $700.000 en el mes inmediatamente anterior al pago de dicha asignación por una jornada de trabajo de 44 o más horas semanales y que se encuentren en calidad de planta, a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo, que sean remunerados según lo dispuesto en el decreto ley N°249 de 1973 y en el Título 1 del decreto ley N°3.551, de 1980".

Además, en el inciso primero se detalló que "tendrán derecho a un 50% de la asignación los funcionarios que tengan remuneración bruta mensual superior a $700 mil pero inferior o igual $810 mil por una jornada de trabajo de 44 o más horas semanales. En cuanto a las jornadas inferiores a las 44 horas, tendrán derecho a la asignación siempre que cumplan con los demás requisitos.

Nuevo trato para Atacama

Mendoza adelantó que para este año se sumarán nuevas demandas para un nuevo trato para Atacama como el Centro Oncológico, mejoras en la conectividad de la capital regional, casas de acogida para la tercera edad, entre otras.

Se espera que en marzo se presente el nuevo petitorio de la mesa del sector público a las autoridades como diputados, senadores, gobernadores y el intendente para trabajar en ello. El dirigente enfatizó que "a la vez también se pedirá que la asignación sea permanente para la totalidad de los funcionarios públicos que son alrededor de 10 mil personas".

"Esto no puede ser que cada 10 años estemos de nuevo en la calle por 59 días peleando con el Gobierno que finalmente entrega el beneficio con línea de corte que hoy día siete mil de los diez mil funcionarios reciben la asignación", sostuvo.

"Estamos pidiendo esto porque se hace en base a la buena fe y jamás tratando de llevar esto a un acto ilegal a la autoridad alcaldicia"

Manuel Mendoza, Presidente Asemuch"