A 12 años de cárcel fue condenado Adiel Rojas (32), quien en 2018, con un arma blanca, intimidó y robó al personal de una heladería de la capital regional en dos oportunidades. La primera el 18 de agosto y la segunda diez días después.

Finalmente el 9 de septiembre llegó a una almacén de abarrotes, lugar en el que se dirigió a la caja de pago y la registró con el fin de sustraer el dinero, instante en el que la dueña del local intentó evitar el robo, no obstante fue agredida con golpes de puño por el imputados. En aquella oportunidad el sujeto logró darse a la fuga con el dinero sustraído.

A partir de los antecedentes, se logró identificar al individuo, quien finalmente fue declarado culpable de dos robos con intimidación y un robo con violencia, siendo condenado a la pena de 12 años de cárcel, además de las accesorias de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos mientras dura la condena.

Sin embargo, el fiscal Nicolás Zolezzi, al momento del desarrollo del juicio por estos tres delitos, informó que el responsable ya estaba cumpliendo otra pena privativa de libertad de cinco años y un día por un robo cometido en una vivienda de la capital regional.

"Este imputado, al momento del juicio oral, por el cual fue condenado, estaba cumpliendo ya una condena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de robo en lugar habitado", dijo el fiscal.

Con alegría el alcalde Isaías Zavala, el director del ahora Liceo Bicentenario de Diego de Almagro, Daniel Cereceda Gil, docentes, padres y apoderados, recibieron al intendente de Atacama, Francisco Sánchez y a la seremi de Educación, Nayade Arriagada, quienes oficializaron la nueva categoría del establecimiento. Además se les informaron las etapas que vienen tras ser incorporados a la Red Nacional de Liceos Bicentenario Técnico Profesional, entre ellas que se les exigirá asegurar que los estudiantes alcancen niveles de aprendizaje adecuados; construir un fuerte vínculo con la empresa y el territorio; y generar las oportunidades para la

continuidad de estudios en la educación superior.

constanza.romo@diarioatacama.cl

El camino de ingreso al campamento Rancho del Gallo -en Tierra Amarilla- nuevamente enfrenta a la comunidad Colla del Río Jorquera y sus afluentes con la compañía Minera Maricunga, filial de la canadiense Kinross. Esta vez, porque la empresa interpuso una demanda civil en el 3er Juzgado de Letras de Copiapó, en contra de las familias pidiendo la restitución de $285 millones.

Monto que corresponde "al pago realizado a la comunidad a través de un contrato de promesa de servidumbre respecto de las torres eléctricas ubicadas en terrenos de su propiedad", explicaron desde Compañía Minera Maricunga. Sin embargo, agregaron desde la minera, "dado que falló la condición a la que estaba sujeta la servidumbre (uso), el contrato quedó sin efecto y, por tanto, también el pago efectuado".

Resumen

En el texto de la demanda ingresada en diciembre, se explica que alguna de las torres de la línea de transmisión eléctrica se encuentran ubicadas dentro de los predios de la comunidad Colla Río Jorquera y sus afluentes. Asimismo se explica que la empresa y la comunidad llegaron a un acuerdo en 2013 para terminar cualquier controversia o litigio actual y futuro en varios temas, uno de ellos era las servidumbres de ocupación y tránsito sobre el ancho de la ruta C-611 y el bypass en el camino de acceso al Rancho del Gallo.

Acuerdo por el que la filial de Kinross pagó, y por el que hoy reclama $285 millones alegando que el contrato "nunca nació a la vida del derecho".

La encargada del equipo de defensa jurídica de la comunidad Colla del Río Jorquera y sus afluentes, Sandra Pastén, explicó que la demanda es porque "ellos aducen que como no están pudiendo acceder al campamento del Rancho del Gallo y nosotros también le hemos prohibido usar los bordos de la ruta C-611".

Así la representante de la comunidad que tiene 105 jefes de familia y cerca de 400 personas, comentó que "la notificación de esta demanda no la tomamos con sorpresa toda vez que Compañía Minera Maricunga ha accionado en diferentes formas un acoso constante y permanente y vulneratorio a la comunidad Colla del Río Jorquera".

Y mientras la filial de la canadiense ha dicho que "Compañía Minera Maricunga entregó los fondos a la comunidad de buena fe y de acuerdo a nuestro compromiso de construir buenas relaciones con las comunidades"; Pastén indicó que la respuesta a la demanda estará enfocada en una cláusula penal que estableció la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en 2014 y que tiene relación con "dejar una caución -garantía- de $500 millones por eventos impacto ambientales que pudiesen ocurrir en razón de esta servidumbre de ocupación, en este bypass", dijo la abogada.

Asimismo Pastén apuntó a la preocupación que existe en la comunidad por la posibilidad que esta iniciativa judicial naciera con el fin de tapar el conflicto del derrame de petróleo que afecta a la zona desde hace algunas semanas.

"Más allá de los recursos que se hablan, a nosotros nos preocupa que -en derecho corresponde y obviamente nosotros vamos a hacer todas las acciones legales-, esto tape la situación del derrame. Porque el derrame continúa", dijo Sandra Pastén.

Finalmente la empresa apuntó a que las puertas están abiertas para encontrar la mejor solución posible.

por $285 millones

"Compañía Minera Maricunga entregó los fondos a la comunidad de buena fe y de acuerdo a nuestro compromiso de construir buenas relaciones con las comunidades"

Compañía Minera Maricunga"

"La notificación de esta demanda no la tomamos con sorpresa toda vez que Compañía Minera Maricunga ha accionado en diferentes formas un acoso constante y permanente y vultneratorio a la comunidad"

Sandra Pastén, Encargada del equipo de defensa jurídica de comunidad colla"