Redacción

Una publicación de revista Capital, dio a conocer que la Mina San José, donde 33 mineros quedaron atrapados a 750 metros de profundidad en agosto de 2010, tendrá nuevos propietarios. Esto, debido al interés que manifestó la firma canadiense Eagle Ranch Resources Inc., por comprar el yacimiento y todos los activos de Compañía Minera San Esteban Primera S.A., cuyos dueños, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, fueron sobreseídos en 2015 de la demanda interpuesta por familiares de los trabajadores atrapados.

En las negociaciones el hombre clave fue Julio Bustamante Jeraldo - ex superintendente de AFP entre 1990 y 2000 -, en calidad de representante de la minera canadiense. Bustamante realizó todas las diligencias que permitieron el cierre del negocio, incluyendo lobby con tal de obtener el visto bueno del fisco.

La razón, los millonarios gastos que hizo el Estado para lograr el rescate de los mineros - que fue visto por todo el mundo -. De hecho, en 2010, el propio Presidente Sebastián Piñera había cifrado entre 10 y 20 millones de dólares.

En estas reuniones acudieron Bustamante, Alejandro Bohn y la síndico María Loreto Ried, quienes mostraron ante el tesorero el contrato de compra de los activos por parte de la firma norteamericana, y dieron como adelanto el interés de Eagle Ranch Resources Inc., de reactivar el "Centro de Interpretación", museo del rescate que no ha logrado convertirse en hito turístico y de memoria que no ha logrado despegar por falta de recursos.

Por último, cabe destacar que en agosto de este año, el Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar $2.480 millones de pesos a repartir entre los 31 de los 33 mineros que suscribieron a la demanda contra el Estado de Chile, por el accidente que sufrieron en la Mina San José aquel año 2010.

fue el año en que Marcelo Kemedy y Alejandro Bohn, dueños de la mina San José fueron sobreseidos de la demanda interpuesta por familiares de algunos de los 33 mineros. 2015

Vecinos del sector Hacienda San Pedro se manifestaron con banderas negras y música de tambores cortando la carretera a la salida del lugar, por la falta de respuestas de las autoridades de Gobierno ante los malos olores que los afectan. Esto se debe al colapso de la planta de tratamiento de aguas servidas producto de los aluviones del 2015 y 2017.

La petición de los locatarios es la puesta en marcha de la nueva planta de tratamiento de aguas, cuya construcción finalizó hace más de cuatro meses.

El presidente de la junta de vecinos de San Pedro, Felipe Sánchez, informó que al lugar llegó personal de fuerzas especiales de Carabineros y no descartan movilizaciones a futuro.

Al respecto Sánchez declaró que "en la hacienda queremos respirar un aire limpio, aire puro. Las autoridades están haciendo oídos sordos a eso, aquí hay niños, jóvenes, adultos pero no hay solución".

"Ahora recién vienen a dar un discurso pero no queremos soluciones parche, ellos proponen la reparación de la planta que colapsó habiendo una planta nueva", finalizó el presidente de la junta de vecinos.

Esta fue la segunda protesta por motivo de la contaminación producto de malos olores que afectan a más de 800 personas en el lugar.

Hasta el cierre de esta edición El Diario de Atacama no pudo obtener respuesta de las autoridades de Gobierno respecto a los problemas que aquejan a los locatarios de San Pedro.