Alejandro Núñez

Regularizar las tomas costeras con la venta de los terrenos es la medida que propone la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, al Ministerio de Bienes Nacionales. La autoridad solicitará una reunión con la seremi, Carla Guaita, para analizar los antecedentes del último catastro que cuestionó.

En caso de que la venta no sea inmediata por la condición de que esté urbanizado, González, propone que se bajen los niveles de exigencia de urbanización. En cuanto a los precios de las ventas, la edil espera que el ministerio defina el valor de los metros cuadrados y la retroactividad de pago por el terreno usado.

La alcaldesa enfatizó que "es necesario sacar el fantasmas del desalojo porque hoy día la gente tiene el fantasma del desalojo porque son irregulares ante los ojos de los órganos contralores". Para esto el municipio propone una mesa tripartita con las autoridades regionales, comunales y las comunidades en cuestión.

Sobre por qué no se llega a una solución del tema, González, puntualizó que tienen que ver con los sectores que tienen intereses económicos con el borde costero.

Un punto importante es que el municipio habla de regulación con los asentamientos que son históricos y no con las últimas ocupaciones. Además llamó a los dirigentes de las comunidades que denuncien cuando vean que se están instalando nuevas cabañas.

Catastro

En su fase final se encuentra el catastro de tomas costeras de Bienes Nacionales. El diagnóstico está en etapa de análisis técnico de la información recogida con los sobre vuelos de un dron. Esta etapa consiste en la delimitación de la superficie ocupada, estimación de la cantidad de ocupantes, análisis de los instrumentos de planificación territorial y elaboración de planos.

A través de la generación de fotografías, planos y videos de cada área, de forma preliminar informaron desde Bienes Nacional que la ocupación de propiedad fiscal del borde costero en las 20 localidades seleccionadas asciende, aproximadamente, a 498 hectáreas, con un número de ocupaciones estimadas de 7.000 casas.

Según el último catastro en 2014, se contabilizaba la existencia de 2.691 ocupaciones ilegales en terrenos fiscales en la zona norte del país.

La gran mayoría de las construcciones son de material ligero y de baja calidad, y la gran mayoría de los lugares ocupados carece de servicios sanitarios básicos (agua potable, alcantarillado). También se verificó la existencia de al menos 700 ocupaciones vinculadas a simples demarcaciones o cierres perimetrales. Los asentamientos en su mayoría son de segunda vivienda como lugares de vacaciones.

Critica

La alcaldesa de Caldera solicitará una reunión con la Seremi de Bienes Nacionales para que les entregue información sobre el catastro. La autoridad criticó que se haya tenido que informar de los nuevos antecedentes por la prensa.

González mostró su discordancia con la cifras, ya que en el borde costero al año 2016 había cerca de 5.800 en la comuna según antecedentes municipales. Al año 2018, la edil indicó que aumentó a 6.300 cabañas en terrenos públicos y privados. Esto significa un alza de 6,7% a la fecha.

La máxima autoridad del puerto criticó el catastro que hizo Bienes Nacionales en 2014 e indicó que no sirve como referencia dado que "se hizo a pie" y no de forma aérea como los actuales.

"Esto no es una herencia del Gobierno de la Presidenta Bachelet o del ex Gobierno del Presidente Piñera sino una herencia histórica que lleva casi cuatro décadas producto de la falta de una política de suelo de Bienes Nacionales en la región de Atacama", sentenció.

"Es necesario sacar el fantasmas del desalojo porque hoy día la gente tiene el fantasma del desalojo porque son irregulares ante los ojos de los órganos contralores"

Brunilda González, Alcaldesa de Caldera"