Ex funcionario municipal quedó en prisión preventiva por fraude de $330 millones
COPIAPÓ. Se investiga una asociación ilícita de personas que utilizaban de forma irregular las tarjetas para cargar combustible de los vehículos municipales.
A inicios de este año la Municipalidad de Copiapó denunció compras irregulares de combustible, que fueron realizadas fuera de la región de Atacama pero con cargo a la casa consistorial. En ese contexto, la mañana de ayer la Fiscalía formalizó una investigación contra un ex funcionario municipal por el delito de fraude al fisco, a quien se le atribuye responsabilidad, junto a otras personas investigadas, en un perjuicio fiscal de más de $330 millones.
Antecedentes
Según los antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia de formalización, durante los años 2011 y 2017 se realizaron ventas de combustible en los servicentro Copec de Antofagasta, La Serena, Coquimbo y Santiago, por un monto de $333 millones 193 mil.
De acuerdo a la investigación, el modus operandi en este caso consistía en que particulares acudían a las estaciones de servicio, pagaban por el combustible y el bombero se quedaba con el dinero, cargando el gasto a tarjetas de bencina de la municipalidad, las cuales habían sido entregadas tras la firma de un contrato con la empresa, que permitía la carga de combustible a la flota del área de gestión municipal y de salud. De esta forma, la carga se le cobraba al municipio y el dinero del particular se distribuía entre los involucrados.
La persona que fue formalizada en esta oportunidad, tenía la labor de administrar estas tarjetas a pesar de haber sido contratado en calidad de honorario para el cargo de "auxiliar de aseo".
Según los antecedentes recabados por la Fiscalía, este funcionario "formaba parte, probablemente y así lo vamos a investigar, de una asociación ilícita de personas que se coludieron para defraudar a la municipalidad y por lo tanto a todos los copiapinos en más de $330 millones. Él en particular estaba a cargo de proveer tarjetas de uso combustible a distintos bomberos de la segunda, tercera y cuarta región, para que fraudulentamente cargaran combustibles particulares a esas tarjetas, y con el dinero que los particulares daban a los servicentros, se la distribuían", dijo el fiscal regional (s), Christian González.
Agregó que "la repartían entre esos bomberos y personas de la municipalidad, entre ellos este caballero que estaba a cargo de proveer las tarjetas, autorizar los pagos, dar informes que no se correspondían al uso de vehículos de la municipalidad".
El fiscal regional (s) indicó que esta persona era "el motor" para efectuar esta operación. Se dio a conocer que él enviaba a su jefatura directa las solicitudes del servicio de carga de combustible futura, en montos aproximados y sin justificación ni detalle de los vehículos que recibirían el suministro; tras lo cual se daba inicio al respectivo proceso de compra.
Ante estos antecedentes, el fiscal de la causa, Luis Miranda, solicitó la prisión preventiva del imputado, la cual fue aceptada por el Tribunal y se dio orden de ingreso a la cárcel de Copiapó . El plazo de investigación se fijó en cuatro meses.
En relación a las otras personas investigadas "hay dos imputados que no pudieron ser notificados, que son de la Cuarta Región. Uno de ellos quedó apercibido que si no concurría en los próximos días quedaba con orden de detención, el otro todavía hay que notificarlo. Finalmente hay otro imputado, él ofreció prestar declaración, veremos lo que dice, si colabora, si no colabora, vamos a esperar eso y vamos a formalizarlo".
La audiencia de formalización para éstos otros investigados se fijó para la segunda semana de diciembre en el Juzgado de Garantía de Copiapó.
En relación a los bomberos que habrían participado en el hecho, el fiscal regional (s) indicó que se está estudiando su situación y deberían ser formalizados en la ciudad que corresponda.
Municipio
Desde el municipio de la comuna recibieron con satisfacción el actuar de la Fiscalía tras la denuncia que presentaron, al enterarse de esta situación cuando la empresa Copec alertó sobre ello tras un auditoria interna que realizaron.
En relación a lo que podrían haber realizado con los más de $330 millones, "podíamos haber destinado esos recursos a más ayuda social, mejorar nuestros consultorios y escuelas", señaló la alcaldesa (s) de Copiapó, Eva Rojas. Además, la autoridad agregó que están a la espera de lo que dictamine la justicia y "más adelante vamos a llevar una acción judicial para que nos devuelvan los recursos", que en este caso seria contra Copec, "porque el municipio no los gastó".
Indicaron que cuando se enteraron de la situación se requisaron todas las tarjetas, quedando una persona encargada de ellas y se vio una baja significativa en las cuentas de combustible. Ahora, siguen trabajando de la misma forma, aunque Copec solicita que se use una tarjeta por vehículo y "eso tenemos que conversarlo", dijo Rojas.