Constanza Romo Álvarez

El miércoles 7 de noviembre el intendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz, llegará a Copiapó para participar en un sumario que se realiza a la intendencia de Atacama. Éste, según comentó una fuente cercana al Gobierno Regional de Atacama, se habría instruido debido a las deficiencias legales en el contrato y la planta de tratamiento de aguas servidas en la localidad de San Pedro.

Proyecto que se comenzó a construir en 2017, cuando Miguel Vargas era intendente, para solucionar los problemas sanitarios en la localidad y que en primera instancia lo ejecutaba la compañía Reifox Industrial SPA, con la que se terminó de manera anticipada el contrato el 24 de marzo de 2017, en acuerdo de ambas partes. Mismo día en el que se suscribió un nuevo acuerdo con la compañía Amffal por $1.821 millones de pesos, IVA incluido.

Esos son los antecedentes previos de una indagatoria en donde la entrega de información ha sido hermética. De hecho al consultar por la materia del sumario, para corroborar la versión, tanto a la intendencia de Atacama como la de Antofagasta contestaron que "según la ley, el sumario es secreto, por tanto no tenemos detalle de la información". Lo que sí se indicó desde Atacama fue que el procedimiento se inició según lo instruido por la Contraloría y que busca determinar "eventuales responsabilidades administrativas, si la hubiere".

En tanto y sobre la visita de Díaz, solo hay confirmación de la fecha y se desconoce el cargo que ocupará dentro de esta investigación, aunque se especula que podría ser como contralor o fiscal, información que no fue confirmada ni descartadas por ambas entidades gubernamentales.

Contraloría

Los cuestionamientos a la planta de San Pedro no son nuevos, ya en junio la Contraloría Regional de Atacama -por medio de una solicitud del consejero regional Fernando Ghiglino (RN)- emitió un informe en el que realizó una serie de observaciones como que el inicio de las obras de intervención en caminos, considerado en el proyecto, habrían comenzado 10 meses antes de encontrarse autorizada la ejecución.

Asimismo se detalló que el terreno en el que se emplazan las instalaciones, es particular, propiedad de la primera empresa con la que se suscribió el contrato, Reifox. También se apuntó al retraso de la obra, que tenía 14 meses de plazo, y al no pago a la empresa contratista Amffal. Situaciones que derivaron en una denuncia en la fiscalía por parte del consejero regional Ghiglino.

En tanto y en este sumario, una preocupación del Gobierno Regional sería el contrato con la empresa y una segunda situación en la que se apuntaría al ex intendente Miguel Vargas. Esto porque la misma fuente comentó que la ex autoridad regional habría mandatado la compra del terreno donde se emplaza la planta de tratamiento, sin tener las facultades legales para ello.

Reacción

Al respecto, el ex intendente Miguel Vargas -quien desconoce lo del sumario, al haber dejado el Gobierno Regional- dijo que: "Lo que yo puedo decir al respecto es lo que he dicho siempre, no se está entendiendo el concepto que está detrás del proyecto de la planta de San Pedro". El concepto continuó, es que es una iniciativa de emergencia, dijo.

En tanto sobre el terreno, comentó que nunca fue un problema, porque se esperaba que cuando se finalizara la obra fuera pasado al municipio. No obstante al terminar el contrato con Reifox "eso también supuso que la empresa, y la empresa estuvo también de acuerdo, de restituir el terreno al Gobierno Regional o a la municipalidad, en ese proceso estábamos cuando se produce el cambio de gobierno, por lo tanto para nosotros el terreno nunca fue un inconveniente".

En tanto el actual intendente, Francisco Sánchez, comentó sobre el hecho que "detectamos la situación de la comunidad de San Pedro comenzamos a trabajar para hacernos cargo y darles una respuesta lo más pronto posible; porque más allá de buscar responsabilidad de lo que se hizo o no se hizo, nosotros estamos abocados a que los vecinos cuenten con una solución, de lo demás se ocuparán los órganos que corresponden".

Asimismo dijo que "una vez que tengamos una respuesta técnica, conversaremos con la municipalidad para hacer lo que se requiera y que los vecinos puedan estar mucho mejor".

Deuda

En tanto ayer, el gerente general de Amffal, Sebastián Pino, corroboró lo expuesto en el informe de junio de la Contraloría Regional sobre el pago de los $1.821 millones de pesos, IVA incluido por el contrato suscrito en 2017.

"La intendencia a nosotros no nos ha pagado ningún estado de pago. Se nos adeuda la planta en un 100% y la planta está lista hace varios meses para funcionar", dijo Pino. Asimismo el gerente general de Amffal dijo que si bien su postura es seguir en el diálogo con la entidad para el pago de las obras, no descartó iniciar acciones legales.

"Hay muchas personas que me han aconsejado tomar acciones legales, yo creo que no se descarta para nada hacerlo, es una vía que la tengo muy considerada, pero quiero agotar todas las instancias de poder conversarlo y que se den cuenta que es una planta muy necesaria", dijo Sebastián Pino.

Finalmente sinceró que continuó con la construcción, porque quería demostrar que hay proveedores en la región para atender las solicitudes del Estado. "Tomé un gran riesgo que nos ha tenido al borde de la quiebra", finalizó el gerente general de Amffal.