En 2013 se aprobó un proyecto de electrificación para las localidades de Canto del Agua, Totoral y Carrizal Bajo. Proyecto que la consejera regional, Rebeca Torrejón expuso en el pleno del Core que la iniciativa aún no se concreta.

La consejera dio lectura a una carta que estas comunidades enviaron al Presidente de la República, donde expresan la excesiva demora de este proyecto, que según lo informado por los profesionales del Gobierno Regional sería por no contar con la autorización de parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, informaron a través de un comunicado del CORE.

La misiva firmada por los presidentes de la junta de vecinos de Totoral, Sara Vallejos, de la junta de vecinos Canto de Agua, David Godoy; y de la junta de vecinos Carrizal Bajo, Sonia Valenzuela y Maritza Argote, señala que fue el 16 de octubre de 2013 cuando el intendente de la época y actual senador por Atacama Rafael Prohens Espinosa, convocó a una reunión en la escuela rural de Carrizal Bajo para dar a conocer la aprobación de este proyecto.

El Consejo Regional de ese período, había aprobado un monto superior a los dos mil millones de pesos para ejecutar esta iniciativa, con el objeto de dar solución a 350 familias, más algunos establecimientos educacionales de estos sectores, los comités de agua potable rural, postas y juntas de vecinos.

El plan se ejecutaría en un plazo de 18 meses, sin embargo a la fecha aún no logra materializarse y las comunidades siguen sin suministro eléctrico, motivo por el que la consejera Torrejón solicitó al CORE realizar acciones con las autoridades del gobierno para materializar a la brevedad este proyecto.

Constanza Romo Álvarez

Durante la semana, los alcaldes de las comunas costeras de la Región de Atacama, junto a algunos concejales de las administraciones, llegaron hasta la Cámara de Diputados para exponer sus solicitudes previo a la petición de modificación de la Ley de Puertos.

El proyecto de resolución finalmente fue aprobado por la sala con 113 votos a favor y uno en contra, por lo que el Congreso solicitará al Presidente que envíe a la corporación un proyecto de ley que recoja las propuestas que se efectúan relacionadas a la ciudades puerto del país.

Desde Caldera

La alcaldesa de Caldera, Brunilda González llegó junto a comitiva local hasta Valparaíso. Ahí postuló "la moción del impuesto a las cargas, la cual implica que la tasa impositiva que va en el primer año de 0,3 a 3 dólares/ton exportada sea en un 50% a favor del municipio portuario y el 50% en favor de la región".

A través de redes sociales la autoridad comunal apuntó a que la tributación permitiría invertir en programas de desarrollo local en beneficio del bienestar de los vecinos. Asimismo apuntó al aporte que haría en educación, deporte, cultura, turismo, saneamiento, entre otras aristas.

El concejal de la comuna de Huasco, Luis Trigo, quien también viajó hasta el Congreso, comentó que la resolución busca "modificar la iniciativa legal vigente permitirá la participación de los municipios en los directorios de las empresas públicas creadas al amparo de la ley 19.542, establecer un sistema de participación de las ciudades en las utilidades que los puertos generan, más recursos para infraestructura pública, obras y el desarrollo social de nuestra comuna, además de crear una política nacional portuaria que considere las realidades regionales y locales".

A esta petición contenida en el acuerdo que aprobaron los diputados Sofía Cid, Nicolás Noman, Juan Santana y Daniella Cicardini, se le suman establecer en los puertos privados un Consejo público-privado conformado por las empresas involucradas, el municipio, y las instancias del Estado que intervienen en la actividad portuaria.

Efecto

El tonelaje de exportación que logró durante septiembre la región, según datos del INE, superó el millón de toneladas. Sobre el arancel propuesto por la alcaldesa de Caldera, el director regional de ProChile, Juan Noemi dijo que: "esta no es tan significativa como para hacer decaer la industria".

"Creo que este arancel que va sobre la cantidad exportada no es tan relevante como para castigar o deshacer la industria. Es más el beneficio que se va a tener para las comunas y la región exportadora en este caso", dijo la autoridad y agregó que "ahora bien, empieza a ser preocupante en aquellos productos o tonelajes donde la exportación sea un valor pequeño".

Finalmente queda en el gobierno el pronunciamiento sobre la materia, aunque la ministra de Transportes, Gloria Hutt ya ha dicho que la revisión de la legislación es la mayor importancia del país.

El Servicio de Salud de Atacama implementó un sistema de atención para un grupo de pacientes diabéticos e hipertensos. Se trata de un proyecto con el que a través de un moderno kit, que incorpora una tablet y equipamiento clínico, el paciente recibe orientación y atención en su domicilio por medio de atención en línea con profesionales desde Santiago.

EL plan piloto se inició con pacientes de los Cesfam de El Palomar, Manuel Rodríguez de Copiapó y Dr. Luis Herrera de Chañaral.

Carlos Báez, coordinador del Programa Cardiovascular explicó que "esto nace de la necesidad de fortalecer la adherencia de los pacientes crónicos a sus controles médicos. Hemos notado que las personas hipertensas tienen menor nivel de compensación en comparación a los pacientes diabéticos. A raíz de esto, quisimos diseñar estrategias para mejorar la adherencia al control médico y tener, en forma remota, la posibilidad de contar con un especialista al interior de sus hogares con un sistema de monitoreo y televigilancia. Todo esto, con el objetivo que puedan actuar rápido ante, por ejemplo, una descompensación por su glicemia"

Los beneficiarios fueron 30 pacientes, veinte de Copiapó y diez de Chañaral. Jorge Álvarez, quien se atiende en el Cesfam El Palomar, dijo sobre el sistema que "es muy bueno porque uno está más pendiente, sabe más de su vida y podré estar mucho mejor". Su esposa, Sonia Godoy, indicó que "es muy bueno porque yo trabajo y él pasa a veces solo. Por lo tanto, estos equipos nos avisarán de todo".

En una primera instancia este plan piloto tendrá una evaluación de tres meses para luego analizar una eventual extensión beneficiando a más pacientes, tal como explicó Jaime Feijoó, director (s) del Servicio de Salud de Atacama.