Alejandro Núñez

Un arriendo de un terreno municipal por 50 años por solo 21 millones de pesos y el gasto de 15 millones mensuales por unas oficinas que fue cuestionada por Contraloría por sobre precio fueron analizados en la última sesión del Concejo Comunal de Copiapó. Los concejales solicitaron más antecedentes para investigar estos compromisos y ver la posibilidad de anular los contratos.

Las primeras dudas surgen por el contrato que tiene la municipalidad con una bencinera en la calle Chacabuco con Circunvalación. Según los documentos presentados al concejo, el sitio fue entregado en arriendo a Shell Chile Sociedad Anónima Comercial e Industrial, por intermedio de un contrato celebrado en septiembre de 1992 por el alcalde de la época, Eduardo Estefan.

En dicho contrato establece que el plazo de arriendo será de 50 años y que la renta total de arrendamiento será la suma única y total de 21 millones de pesos.

Sobre esto, el primero en intervenir fue el abogado y concejal, Miguel Carvajal, que indicó que "de los antecedentes que se me entregan no sé si antes la ley era distinta y se permitía a los alcaldes poder entregar en arriendo por 50 años que son más de los 4 años que se establece en la ley".

Por esta situación, el concejal pidió más dato si la decisión contaba con aprobación del concejo y si no fuera así "ese contrato es nulo y además en el sentido común que es entregar por 21 millones de pesos a una bencinera por 50 años es un aberración".

En la oportunidad, Carvajal aprovechó para poner sobre la mesa la situación del arrendamiento de oficinas en el Edificio Don Elías en que la municipalidad tiene un contrato de 15 millones de pesos mensuales por 10 años.

La autoridad recordó que actualmente existe un informe de Contraloría que revela un sobre precio del inmueble en comparación con otros lugares con simulares condiciones. En respuesta al cuestionamiento, el Concejo Municipal aprobó que jurídico haga un informe respecto a ambos casos para luego determinar las acciones a seguir.

Preocupación

El alcalde de Copiapó, Marcos López, indicó que "esto se tiene que investigar y los concejales y concejalas tienen el perfecto derecho de pedir que el municipio profundice en todas aquellas negociaciones que a todas luces parecen incompatibles con los intereses del municipio".

López ejemplificó que "ese terreno de la Shell podría tener hoy día un costo o valor de arriendo muy superior al que se está percibiendo y con el edificio Don Elías se podría pagar un costo infinitamente inferior para que funcione la Dirección de Obras".

Por su parte, la concejala Paloma Fernández enfatizó que "me parece igualmente grave que todos los gobiernos comunales anteriores que hubo no se regularizó esta situación. Me parece que aquí hay responsabilidades de todos los alcaldes y alcaldesas que vinieron después de Estefan".

La autoridad recordó que en otras ocasiones ha solicitado información sobre los contratos de inmuebles y todavía espera la información. Además cuando se pidió la votación para arrendar las nuevas instalaciones de la Dirección de Administración de Educación Municipal, la concejala lo rechazó por la falta de antecedentes para la licitación.

Finalmente el concejal Carvajal indicó que si hay nuevos antecedentes serán entregados a Contraloría y en caso de ser necesario al Consejo de Defensa del Estado para que siga la investigación sobre estos arriendos.

millones de pesos pagó la Shell por el arriendo del inmueble donde se encuentra en la actualidad y por 50 años. 21

En una jornada nacional de fiscalización realizada por Conaf, se controló en terreno el cumplimiento de la legislación forestal vigente en el país en prácticamente todas las regiones, con lo que se totalizó un número de 47 comunas rurales catastradas, a nivel nacional. En la región de Atacama los fiscalizadores de Conaf realizaron una inspección predial en la localidad de Chollay, en Alto del Carmen. Allí se detectó un cambio de cobertura del bosque nativo que, se comprobó en terreno, fue producto de los aluviones del 2017.

Con el fin de controlar los 192 puntos del territorio nacional que se encuentran ubicadas en zonas priorizadas de fiscalización que son lugares con una mayor actividad forestal, se coordinaron las distintas oficinas regionales de la institución recordemos que en ellos el Sistema de Alerta de Monitoreo Satelital LEMU (bosque en Mapudungun) de Conaf, detectó cambios en la cobertura vegetacional, incluyendo cambio de uso de suelo (corta de bosques para otros fines).

En relación a los resultados de la actividad en la región el director regional (s) Boris Burgos señaló que "a nivel nacional se revisaron en terreno intervenciones en polígonos que, de acuerdo al sistema muestran indicios de eventuales extracciones o cosechas forestales recientes, para lo cual los equipos fiscalizadores de Conaf contaron en terreno con el apoyo de drones institucionales, tecnología que, unida a la plataforma satelital y conectividad por internet a la base de datos que contiene los planes de manejo aprobados, nos permiten chequear in situ si dichas intervenciones en el caso de Alto de Carmen se detectaron cambios en 22 polígonos de una superficie de 21 ha ".

Por su parte, el seremi de Agricultura, Patricio Araya, señaló que "realizar este tipo de catastros nos permite conocer exactamente cuál es la superficie árborea con la que cuenta nuestra región y de acuerdo a esa información realizar planes de manejo adecuados a nuestra realidad, asimismo damos cumplimiento a la normativa vigente".

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Centro Nacional de Análisis Criminal de la PDI, respecto a las Brigadas Investigadoras del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema, el delito de maltrato animal, durante enero y agosto del 2018, representa un fenómeno que ha ido en aumento.

En la Región de Atacama se han recibido seis órdenes de investigar por este delito en lo que va del año. El jefe de la Bidema subprefecto Patricio Zambrano dijo que "en atención a lo que ya expone la ley de tenencia responsable de animales de compañía, es muy necesario recalcar que hay que tener un registro de éstas y que es obligatoria su identificación, principalmente para extravío, ataques a terceros o la sustracción".