SERGIO SALAS LANDEAU

Académico Escuela de Negocios y Economía, PUCV

Nuestra sociedad ha visto el surgimiento de un movimiento que exige el aborto libre y gratuito. Antes, quisiera dejar muy en claro que mi posición personal es contraria al aborto. Creo firmemente y sin exclusiones que un feto es un ser vivo con pleno goce del derecho a la vida otorgado por Dios. Sin embargo, mis creencias no impiden que se realicen abortos en un mercado negro. Como todo mercado que no opera libremente, las asignaciones resultantes no son eficientes. ¿Podría la introducción de un mercado legal competitivo incluso reducir el número de abortos realizados? Veamos cómo podría hacerse esto.

Las madres que deciden abortar tienen una disposición a pagar por llevar adelante el aborto. El problema central es que el feto no tiene ningún poder de negociación, pero hipotéticamente podría estar dispuesto a pagar por conservar la vida. Imaginemos que surge un ente que represente al feto y que se lleva a cabo una subasta, donde la madre propone un precio por abortar y el representante un precio para disuadirla. De ganar la mujer, el aborto se realiza y el precio pagado iría a un banco. De ganar el representante, el aborto no se realiza y el banco paga a la mujer a cuenta de los ingresos futuros del feto no abortado.

Hay varios detalles omitidos en el esquema, que podrían dificultar su implementación. Aun así, y a pesar de la crudeza del tema, considero que enfocar el problema desde el punto de vista económico, en mi opinión, es mucho menos crudo y simplista que exigir un aborto libre pagado por quienes nos oponemos a esta medida.

Escuela de Negocios y

Economía PUCV

Sobre la LEY DEl PRESUPUESTO NACIONAL

Esta semana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó el anuncio de la Ley de Presupuesto de la Nación para el 2019. Antes de profundizar en la utilidad de dicha ley y sus implicancias, debemos comprender en qué consiste. Los estados, al igual que los hogares de las familias, deben proyectar sus ingresos y planificar sus gastos. En la ley de presupuesto el gobierno en ejercicio hace estimaciones de los ingresos que recibirá y de los gastos que se efectuarán en servicios, bienes de consumo, remuneraciones, iniciativas de inversión, entre otros.

Los estados no son muy diferentes a los hogares

Un estado de modo muy simplificado es una agrupación de personas que por decisión de la comunidad tienen el poder de ejercer algunas facultades especiales como el cobro de impuestos, el uso de la fuerza y la definición de las prioridades de un país. La forma de financiamiento de un estado es a través de una ley que define su restricción presupuestaria, y que al igual que los hogares, al final de un período determinado puede terminar con un balance a favor (superávit) o con uno en contra (déficit). Cuando el balance es positivo, se dice que se han generado ahorros. En caso contrario, lo que se ha generado es deuda. La deuda es el caso más usual de los estados en el mundo, y éste sucede cuando los gastos son mayores a los ingresos. Este escenario puede darse esencialmente porque los gastos reales fueron mayores a los proyectados, o bien porque los ingresos proyectados fueron menores a los obtenidos realmente. Cuando una situación tan cotidiana le sucede a un estado, se habla de déficit fiscal.

Si un estado todos los años tiene déficit fiscal, esto llevará a la generación de una deuda en el tiempo. En otras palabras, la acumulación del déficit fiscal anual de modo reiterado genera responsabilidades de pago por parte del estado a sus acreedores. Esto es lo que se conoce como deuda pública. Deuda que como todas debe ser pagada. Para ello el estado tiene diversos mecanismos, dentro de los principales están los impuestos y la generación de ingresos propios a través de las empresas de su pertenencia.

Por lo tanto, la ley de presupuesto de la nación es de crucial importancia para el desarrollo social de un país. Al igual que en los hogares, los recursos siempre son escasos para todos los proyectos que se desean desarrollar. Esto significa que se debe priorizar en qué gastar considerando los ingresos que se proyectan.

El caso de chile

El Presidente ha anunciado un incremento del 3.2% del presupuesto con relación al año anterior. Este es el incremento más bajo en los últimos 8 años, pero que apela al concepto de responsabilidad fiscal. Este concepto usualmente se utiliza cuando un estado quiere evitar el crecimiento de su deuda pública, deuda que siempre debe ser pagada para que la estabilidad del país no se vea afectada. En Chile la deuda llegó al 23.6% del Producto Interno Bruto (PIB) a finales del 2017, esto equivale a alrededor de 70 mil millones de dólares. Para comparar si esto es mucho o poco, podemos mirar la situación en otros países. Por ejemplo, este mismo valor en Estados Unidos es del 77% del PIB, mientras que en Canadá es del orden del 85% del PIB. Podemos observar que, si bien la deuda de Chile es alta, aún está lejos de ser una deuda demasiado preocupante, dejando espacio para la inversión pública y el mejoramiento de sus servicios.

Aumento del presupuesto

Es importante mencionar que el aumento en el presupuesto nacional considera varios factores, pero los dos principales son la proyección de crecimiento económico del país y las condiciones internacionales. Por ejemplo, si las proyecciones de crecimiento son robustas a diferentes shocks internacionales, los estados pueden incrementar de modo importante su gasto. Mientras que, si las proyecciones tienen mayor volatilidad, se debería ser más conservador en esos incrementos. A esto se pueden agregar reglas estructurales, como la regla de 0% de Chile, cuyo objetivo es generar políticas contra-cíclicas que buscan disminuir la inestabilidad macroeconómica de un país.

En conclusión, una ley de este tipo tiene múltiples objetivos. El primero y más importante es evaluar en qué se gastará el dinero y cómo ello aporta al desarrollo del país. Sin embargo, también es un instrumento para disminuir la deuda pública con acreedores que pueden ser otros países, corporaciones privadas u organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

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Página web de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM). El Pacto Mundial es una iniciativa de las Naciones Unidas, que busca comprometer a diferentes organizaciones de responsabilidad social, para implementar 10 Principios relacionados con los derechos humanos, laborales, medioambientales, y luchar contra la corrupción.

La ASEPAM ha logrado convocar a diversos grupos de interés, tales como: empresas, ONG, sindicatos, instituciones académicas, y organismos sociales. La página web incluye noticias, columnas de opinión, e información sobre distintos grupos de trabajo (agroalimentario, turismo, derechos humanos, anticorrupción, etc.). Y también incluye material de aprendizaje, biblioteca, y herramientas de gestión para aquellas organizaciones que se hagan socios.

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