A fines de mayo de 2018, tras presentar síntomas de Parkinson, fui atendido en el Cesfam de Paipote en forma cordial y diligente, hecho que hice público en su momento, a través de nuestro Diario Atacama. De allí fui derivado al sistema AUGE, en el hospital regional, para ser atendido por el neurólogo dr. Jorge Silva, recibiendo de él una excelente atención, quien solicitó los exámenes pertinentes, otorgando, además, los medicamentos necesarios y adecuados a los resultados de su auscultación, entregados, oportunamente, por la farmacia del hospital. Finalmente, concurrí a la oficina AUGE para solicitar hora para efectuarme un examen radiológico, siendo atendido, esta vez, en forma grata y, nuevamente, diligente por la señorita Romina Tapia, logrando aplicar un scanner, satisfactoriamente, el lunes 10 del presente mes.

Señor director, es para mí un deber hacer público estos hechos pues dignifican mi condición de adulto mayor, profesor jubilado y paciente crónico; al recibir, en primer lugar, la atención del estado en forma expedita y gratuita; y, en un lugar preferencial, la calidad del personal que labora en este servicio de salud pública que merece ser destacada por nosotros, los usuarios del sistema en comento.

Reitero mis agradecimientos a las personas antes señaladas, por su profesionalismo y humanidad, lo que augura contar, cada vez más, con una atención de salud pública de calidad para todos los que habitamos nuestra Región de Atacama.

Contaminación en Copiapó

La contaminación en Chile no es reciente. Está en su historia desde que comenzó la incipiente industrialización a fines de los años 30, durante el gobierno del radical Pedro Aguirre Cerda.

La Fundición Nacional de Paipote fue inaugurada por el último presidente radical, Gabriel González Videla, el 26 de enero de 1952, con la presencia del controvertido mandatario en la zona, liderando un desfile por calle Colipí junto a su producida esposa, Rosa Markman. Controvertido porque creó la Ley de Defensa de la Democracia ("Ley Maldita"), encarcelando a militantes comunistas que habían votado por él en 1946.

El estado y las empresas privadas no pueden negar su culpabilidad en la gran contaminación por aire, tierra y aguas que padece nuestra nación y sobre todo, Atacama, como ya lo hemos señalado en otros escritos.

En la década del 80, la Universidad Católica detectó en una investigación sobre daño al medio ambiente que en la zona de Atacama se presentaban alrededor de 40 tipos de contaminaciones, fundamentalmente por la explotación minera.

En tiempos de la dictadura, el término Contaminación estaba censurado y fue reemplazado por Eventos.

La contaminación de Paipote era brutal en los 80. El humo azulino cubría la plaza de Copiapó por lo que la comunidad se organizó en contra de esa vulneración a la vida que efectuaba a diario la fundición estatal. Pero los dictadores proseguían hablando de eventos e inversión térmica. Eufemismos.

En los 90, el gobierno que sucedió al de facto determinó variar el lenguaje y puso millones de dólares para combatir la contaminación.

La minería privada contamina, tanto la mediana y pequeña, como el pirquineo y el proceso de plantas metalúrgicas. Imposible negarlo.

La información medioambiental no puede depender de la misma industria como ha ocurrido hasta ahora, esperando que el mecanismo propuesto no permita resquicios engañosos que lleven a justificar delitos.

A cuatro cuadras de la plaza de Copiapó, están instaladas por décadas quince millones de toneladas de concentrado de cobre que sus responsables, la ex minera Sali Hochschild, legó a la comunidad con ese polvo en suspensión que contamina a Rosario y El Palomar.

¿Responsabilidad social empresarial?

Nulidad insanable

Señor director:

Raúl Paineán Bustamante

Las masivas protestas comunitarias por la contaminación industrial en Quinteros y Puchuncaví, sorprendió a muchos, como si el tema fuera de reciente percepción.

Osman Cortés

Las sentencias condenatorias en los juicios sustanciados contra militares según el antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo, iniciados a contar del 16 de junio de 2005 -fecha en que el nuevo sistema procesal penal entró en vigor en todo el territorio nacional- son insanablemente nulas, no solo porque han sido dictadas contra leyes expresas y vigentes, sino porque vulneran los derechos humanos a un debido proceso y a la igualdad ante la ley, garantizados por nuestra Carta Fundamental y por tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. En todos los países civilizados del mundo bastaría acreditar que una sentencia condenatoria fue dictada sin las garantías de un debido proceso para que sea declarada nula.

Adolfo Latorre