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Entregan antecedentes de ocupaciones ilegales al Consejo de Defensa del Estado

CONTROL. Bienes Nacionales comenzó traspaso de información de casos más graves.
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Alejandro Núñez

Los casos más graves de ocupaciones ilegales del borde costero en Atacama como en otras comunas donde hay involucrada una mala utilización y lucro son los primeros hechos que fueron entregado sus antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por parte de la Seremi de Bienes Nacionales.

El trabajo entre ambas instituciones busca establecer coordinaciones y efectuar una toma de razón de la actual situación relacionada con la masiva apropiación ilegal de bienes fiscales y fundamentalmente, aquella relacionada con el loteo y venta fraudulenta de terrenos del Estado.

"La idea es coordinarnos con todos los estamentos que existen en nuestra administración, a fin de desarrollar un trabajo planificado y mancomunado, con miras a revisar temas que son muy complicados, y que requieren de un análisis con mucha sensibilidad y preocupación, como es el tema de las ocupaciones ilegales, tanto en el borde costero, como en nuestra ciudad, y especialmente todo lo que tiene que ver con la mala utilización, el lucro, y todos aquellos actos que no aprobamos, como es el lotear terrenos fiscales, o el vender terrenos fiscales a otras personas, haciendo negocio con los terrenos", indicó la seremi de Bienes Nacionales, Carla Guaita.

Cabe recordar que la región ocupa el segundo lugar a nivel nacional de ocupaciones ilegales e irregulares con 2.953, esto es, un 22,7% del total, solo superada por Antofagasta, que detenta un récord de 5.863 ocupaciones, lo que representa un 45% del total.

La autoridad enfatizó que "vamos a ser enérgicos en prohibir de todas las formas posibles, ya desde el punto de vista administrativo, como también desde el punto de vista legal y penal, y vamos a perseguir a todo aquel que desarrolle este tipo de actividades que no solamente perjudican al Fisco y a Bienes Nacionales, sino también a cada una de las personas que son víctimas de aquellos que lucran con terrenos fiscales".

Guaita efectuó un enérgico llamado de advertencia, en torno a desistir de estas malas prácticas, argumentando que "no es lícito el llevar a cabo estas acciones; es del todo reprochable el que exista un aprovechamiento tanto de los terrenos fiscales como de las necesidades de las personas. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de que si uno realiza una acción ilícita, va a tener una sanción, que en este caso podría ser incluso una sanción penal".

Fiscalía

En la misma senda de establecer una coordinación profesional, encontrar fórmulas jurídicas que permitan perseguir los delitos relacionados con la venta ilegal de bienes fiscales y particularmente la comercialización de terrenos que son propiedad del Estado, se reunieron la seremi de Bienes Nacionales y el Fiscal Regional, Alexis Rogat.

Tras el encuentro, ambas autoridades hicieron hincapié en la importancia de establecer y mantener un vínculo cercano, en torno al análisis de los casos que se presenten, de modo tal de encontrar la jurisprudencia que más se ajuste a cada hecho ilegal detectado.

"Tratamos un tema que es de especial preocupación de la seremi, y que dice relación con las tomas y las ocupaciones irregulares que existen en algunas ciudades, especialmente en Copiapó, como en el borde costero de nuestra región", indicó el Fiscal Alexis Rogat. Además agregó que "estuvimos viendo cómo abordar y atacar la toma irregular, los problemas sociales, los problemas de seguridad que ello va generando, tanto a la administración del Estado como a la comunidad".

El jefe de la Fiscalía Regional enfatizó que "existen normativas en ese sentido, por parte del Código Penal, artículo 459, que establece una sanción (por) las usurpaciones de terreno, y también hay una norma especial en la Ley de Vivienda y Urbanismo, que sanciona los loteos irregulares, y existen otras normas que también se refieren a este problema, pero todo tiene que ser objeto de análisis por cada uno de los casos que se nos vayan presentando. No podemos dar una solución general para el problema que se plantea. De todas maneras, cualquier denuncia, por disposición legal, cualquier querella, nosotros estamos obligados y llanos a investigar".

Antecedentes

La región ocupa el segundo lugar nacional con 2.953 ocupaciones ilegales e irregulares que es el 22,7% del total del país.

Según el último registro de la autoridad en 2015, la zona presenta 3.781 ocupaciones ilegales o irregulares en el sector costero. Si consideramos que cada casa tiene en promedio cuatro personas, se habla de más de 12 mil personas.

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Llevábamos como tres años sin fallecidos y este año fue una excepción y que por supuesto es un hecho tremendamente lamentable".

Iván Ibaceta, prefecto de Carabineros