Carolina Collins

Tras confirmar que decidió aplicar el segundo inciso del artículo 148 del Estatuto Administrativo, para remover a la ex subcontralora, Dorothy Pérez, quien se había negado a renunciar cuando se lo pidió, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, designó ayer en el cargo a la abogada María Soledad Frindt.

A comienzos de esta semana se supo que Bermúdez le había solicitado su renuncia a Pérez, quien se negó a hacerlo.

Una seguidilla de hechos

"Lo que ocurrió acá fue sencillamente uso de las facultades que están en la ley de la Contraloría (...) Ella no la presentó (la renuncia) en el tiempo que le da el ordenamiento y lo que procedía entonces era declarar vacante el cargo", explicó ayer el contralor.

Desde la Contraloría se explicó inicialmente que la salida de Pérez fue por pérdida de confianza. Y entre las razones que han trascendido está que la ex subcontralora será citada a declarar como testigo ante la Fiscalía en el marco del fraude al interior de Carabineros, que ya supera los $27 mil millones.

Al respecto, Bermúdez comentó que las razones para dejar vacante el cargo "no tienen que ver con una cuestión en particular, sino con una seguidilla de circunstancias del día a día del trabajo". "Son circunstancias que, en algunos casos, también son personales", añadió.

"La designación del cargo de subcontralor es de resorte exclusivo y excluyente del Contralor General de la República. Así como el contralor puede nombrar a esa persona, es lógico que también, cuando pierda la confianza, pueda removerla", sostuvo.

Aunque Bermúdez se mostró reacio a referirse a la citación a Pérez por el fraude en Carabineros, reconoció que "no es bueno que autoridades aparezcan vinculadas a ningún caso que se ventile en tribunales desde el punto de vista penal". "La estética también es un valor en lo público", finalizó.

En reemplazo de Pérez, Bermúdez nombró a Frindt, abogada y magíster en Filosofía Política de la Universidad Gabriela Mistral, quien ingresó a la Contraloría el 1 de abril de 1998 para cumplir funciones de jurista de la División Jurídica.

Estrategia legal de pérez

En una carta enviada a la máxima autoridad de la Contraloría el lunes, Pérez enfatizó que "jamás he incurrido ni se me ha imputado ninguna irregularidad que amerite que Ud. me aplique sin forma de juicio y ajeno a todo procedimiento legalmente tramitado, una sanción como la remoción de mi cargo".

Quien asumió como subcontralora en 2016, acusa que su remoción es "ilegal" y por eso fichó al abogado Ciro Colombara para preparar su estrategia judicial, según publicó ayer "La Tercera PM".

En una carta que le envió para explicarle su ausencia en una sesión del martes al presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, el senador Carlos Bianchi, la ex funcionaria expuso que su salida no se dio, según la norma, "a través de un decreto presidencial, previa sentencia judicial firme dictada en un juicio de amovilidad". Por eso, anunció que "ejerceré a la brevedad todas las acciones constitucionales y legales que nuestro ordenamiento jurídico contempla, a fin de que se restablezca prontamente el imperio del derecho".

El Gobierno y la PDI concretaron, en la mañana de ayer, la expulsión de 77 ciudadanos bolivianos y peruanos condenados por distintos delitos en Chile y que contaban con una orden de expulsión judicial, la cual se hará a sus países de origen vía terrestre.

Este es el cuarto operativo de este tipo ejecutado por el actual Gobierno, que se fijó la meta de expulsar en el presente año a 2 mil extranjeros infractores de ley. Hasta el momento se han concretado 1.187.

En esta oportunidad son 69 bolivianos y 8 peruanos, quienes en su mayoría cometieron delitos contemplados en la Ley de Drogas, y también hay un acusado de violar a una menor de edad.

Desde Santiago salieron dos buses con 26 detenidos, mientras que otros se incorporarán en Illapel y Antofagasta. Desde Iquique saldrá otro bus paralelamente.

El Presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta oficial de Twitter, señaló que "en materia de Migración nuestra política es clara: recibir a aquellos que respetan nuestras leyes y vienen a iniciar una mejor vida aportando honestamente. Y no dejar entrar o expulsar aquellos que entran ilegalmente, tienen antecedentes criminales o cometen delito en nuestro país".

Al paso de críticas

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a las críticas que han surgido en torno a esta medida, que apuntan a la excesiva visualización de los operativos: "Creo que la gran mayoría de los chilenos considera que esto no es un circo, sobre todo la Justicia (..) Creo que ponerlo en nivel de circo no es respetar los Derechos Humanos de las propias personas y no entender nada, minimizan el efecto que tiene un país que tiene una política migratoria ordenada".

Ubilla agregó que "las cosas no se hacen ocultas porque no estamos infringiendo la ley. Lo que me llama la atención que llegamos al extremo que algunos de estos grupos que levantan estos temas ya son absolutamente rebuscados en cuanto no encuentran una crítica objetiva para hacer una denuncia formal en las instancias que correspondan".

El prefecto inspector Víctor Nakada, jefe nacional de Extranjería de la PDI, justificó el número de agentes en el operativo asegurando que "generalmente siempre van dos oficiales policiales o funcionarios de la PDI por cada detenido, más personal de apoyo en el transcurso e inspeccionando los buses van vehículos policiales".