Una de las razones principales que planteó el Gobierno de la ex presidenta Bachelet para realizar una reforma tributaria y laboral fue incidir positivamente en la redistribución del ingreso, sin embargo, dados los recientes datos de la Casen parece que tuvo un efecto completamente contrario al anticipado.

Según las cifras, la agenda impulsada por la administración de la ex Mandataria no cumplió con el objetivo declarado, la pobreza en sus múltiples dimensiones se mantuvo y la desigualdad entre los ingresos del trabajo del 20% más rico (decil IX) con respecto al 20% más pobre (decil I) aumentó.

Por un lado, la reforma tributaria desincentivó la inversión, lo que redujo la capacidad del país de crear empleos; Por otro, la reforma laboral rigidizó el mercado, estancó los ingresos y derivó en el despido de cientos de personas. En ambos casos, los afectados son siempre las personas más pobres.

Además, el aumento de impuestos iba a llevar más recursos a los más pobres para disminuir la desigualdad. Falso. Sólo los deciles del III al IX recibieron proporcionalmente más subsidios por parte del Estado.

Actualmente somos uno de los países con mayor desigualdad de la OCDE, y no es novedad que permanezca en términos similares a los de 2015 si continuamos con este tipo de políticas. Urge un cambio, y si es necesario modificar gran parte de la agenda de Bachelet en un corto plazo, es un riesgo que se debe afrontar para reducir la inmensa brecha de inequidad que nos aqueja.

Casen II

Lamentablemente la entrega de los resultados de la Encuesta Casen se ha vuelto una escenificación cada vez más politizada, que da pie al gobierno de turno para criticar al anterior o valorar sus propios logros, según cuál sea el momento del ciclo de gobierno en que se entregan los datos.

A pesar de lo que muestran las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Desarrollo Social, en conferencia de prensa el ministro destaca "un estancamiento en la disminución de la pobreza" y, amparado en el aumento de la desigualdad, que "los sectores pobres se han vuelto más pobres".

Lo que muestran las cifras es, no obstante, que la pobreza monetaria disminuye más de 3 puntos, que la pobreza multidimensional se mantiene constante y que la desigualdad aumenta. No tenemos cómo saber si "los pobres se han hecho más pobres" porque para eso se requiere un panel longitudinal que siga a los mismos hogares a lo largo del tiempo.

Politizar la entrega de resultados no ayuda en nada a abordar una tarea de largo plazo, que requiere de la confluencia de muchos actores y no sólo del Estado. En un período de cuatro años lo único que se puede atribuir directamente a un gobierno son las cifras de pobreza monetaria, que se pueden alterar a través de la entrega de bonos y subsidios. Pero cambios sostenidos y de largo plazo se vinculan mucho más directamente con modelo de desarrollo, y no se ven reflejados en períodos tan cortos de tiempo. Más altura de miras ayudaría a un debate necesario sobre los cambios requeridos para superar la pobreza y la desigualdad.

Ley de Transparencia 2.0

Por estos años más de algún dolor de cabeza ha traído la aclamada Ley de Transparencia. No sólo porque la legislación dejaba expuesta información que hubiesen preferido que no saliera a la luz pública, sino porque además se exigían acotados plazos de entrega.

Tras una década en funcionamiento, el Gobierno anunció la actualización de la Ley. Y aunque, sin duda, es una de las reformas más exitosas que se ha realizado, siempre es beneficioso una renovación al sistema.

Desde el 2009 a la fecha se han realizado 475.737 solicitudes de acceso a la información a través del sitio web dispuesto. Esto no sólo ha permitido facilitar el rubro de la investigación, sino que ha hecho que cientos de ciudadanos sean fiscalizadores de las instituciones que los rodean.

Cómo olvidar a los concejales viajeros, las jubilaciones exprés de gendarmería o el uso irregular de terrenos de Cema Chile, por mencionar sólo algunos casos del sinfín de irregularidades que antes hubiesen permanecido en la opacidad sin esta herramienta.

A 10 años de su instauración, esperamos con ansias que la Ley de Transparencia 2.0 continúe contribuyendo a mejorar el derecho del libre acceso a las fuentes públicas, fomente la participación y ayude a reforzar las confianzas tanto en las instituciones como en la misma ciudadanía.

Señor director:

Santiago Amenabar

Señor director:

Ignacia Fernández G. directora ejecutiva Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Señor director:

Renata García, socióloga