Matías Jullian Velásquez /Efe

La ex Presidenta argentina Cristina Fernández, actualmente senadora, se presentará hoy ante el juez Claudio Bonadio para declarar en la causa que investiga la existencia de una presunta red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios del kirchnerismo, que ha sido denominada como Caso Coimas.

A través de un mensaje en Twitter, la propia ex Mandataria confirmó ayer que acudirá a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, y pidió "por favor" a la militancia kirchnerista que no se concentre allí para acompañarla, como en otras ocasiones que ha comparecido ante la Justicia.

"Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellos que lo están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el Gobierno de Mauricio Macri", solicitó Fernández, quien no reveló si declarará o presentará un escrito ante el juez.

Allanamientos

Su comparecencia tendrá lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza a Bonadio a registrar los domicilios y la oficina de la ex Presidenta, que cuenta con fueros parlamentarios.

El objetivo del magistrado es hallar información relacionada con una causa en la que se investiga si Fernández formó parte de la red en la que empresarios supuestamente realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner.

El caso judicial se abrió a raíz de una investigación de "La Nación", basada en unos cuadernos escritos por Oscar Centeno, que fue chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

Involucrados y testigos

Este último -quien supuestamente coordinaba los pagos que se realizaban a cambio de adjudicaciones de obra pública en ese período- permanece detenido desde el pasado 1 de agosto.

Otros funcionarios arrestados son el ex director de Energías Renovables de la cartera de Planificación, Ezequiel García, o Enrique Llorens, ex secretario de ese Ministerio, cuyo titular durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández, Julio de Vido, está en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017.

Quien fuera secretario privado del ex ministro, José María Olazagasti, se entregó este sábado, un día después de que Bonadio ordenase su detención y la del ex funcionario Claudio Uberti, quien permanece como prófugo.

Uberti y el ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas, son los únicos dos prófugos en la causa que afecta a casi 50 personas.

Además de la información brindada por Centeno -en libertad como testigo protegido-, en la investigación están siendo clave los empresarios que se han acogido a la figura del arrepentido para recibir beneficios penitenciarios a cambio de colaboración.

Entre ellos -ya cerca de una decena-, se encuentran Juan Carlos de Goycoechea, ex director ejecutivo de la constructora de origen español Isolux; Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; o el dueño de la constructora Iecsa hasta marzo de 2017, Ángelo Calcaterra, primo de Macri.

Todos ellos reconocieron haber sido presionados por funcionarios para aportar dinero a campañas electorales del kirchnerismo a cambio de adjudicaciones como parte de esta red con la que, según cálculos de medios locales, se pudo haber recaudado cerca de US$ 200 millones.

La causa también salpicó al ex juez Norberto Oyarbide, quien en 2009 emitió un polémico sobreseimiento en un proceso contra el matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito y también admitió haber recibido presiones desde el Gobierno.

Los líderes de la oposición demócrata en el Congreso de EE.UU. pidieron ayer a sus conciudadanos que sigan luchando contra el racismo en el primer aniversario de la marcha de supremacistas blancos en Charlottesville (Virginia), en la que fallecieron una mujer y dos policías.

Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, hizo las declaraciones más duras, mencionando directamente a Donald Trump. "Desde el principio, el Presidente ha mostrado un desdén total por nuestros valores alimentando el fuego de la intolerancia y el racismo", afirmó Pelosi en un comunicado.

"Su Administración -continuó- ha transformado la intolerancia del Presidente en una agenda vergonzosa e intransigente que ha dado marcha atrás en el increíble progreso que habíamos logrado para consumar la promesa de igualdad y oportunidades en nuestra nación".

Trump condenó el sábado en Twitter "todo tipo de racismo" e instó a los estadounidenses a unirse "como nación", mensaje del Mandatario que contrasta con las controvertidas declaraciones que hizo hace casi un año, cuando responsabilizó de la violencia tanto a los grupos neonazis como a los manifestantes de izquierda que protestaron en Charlottesville y aseguró que había gente "muy buena" entre los supremacistas.

Sin mencionar a Trump, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, recordó la tragedia de Charlottesville y a Heather Heyer, la manifestante que murió cuando un neonazi embistió con su vehículo a una multitud que participaba en una contramarcha antirracista.

"Hoy se cumple un año de la trágica marcha de supremacismo blanco en Charlottesville, cuando Heather Heyer fue asesinada. Como su madre ha dicho, su legado es una llamada a la acción. El año pasado sirve como recordatorio: debemos estar atentos y unidos para derrocar el odio y el fanatismo", dijo Schumer en Twitter.

La capital de EE.UU., por otro lado, fue ayer escenario de la marcha neonazi "Unir a la derecha", que fue convocada por los grupos de supremacistas blancos que aterrorizaron a la población de Charlottesville hace un año.

Como forma de contraprotesta, diversos grupos de manifestantes también se congregaron en Washington para y dieron paso a marchas "antirracistas", lo que desembocó en varios enfrentamientos.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tachó ayer de "absurdo" el pretexto que usó Estados Unidos para aprobar sus últimas sanciones a Moscú, al responsabilizar a Rusia del envenenamiento del ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido.

"Todos los que conocen aunque sea un poco el llamado 'caso Skripal' entienden lo absurdo de la declaración incluida en el documento oficial del Departamento de Estado", señaló Lavrov.

EE.UU. anunció la semana pasada nuevas sanciones contra el Kremlin que, entre otras cosas, prohibirán a partir del 22 de agosto la exportación de ciertos productos tecnológicos a Rusia.

Además, amenazó con adoptar otra tanda de sanciones más severas y muy dañinas para la economía -tales como la prohibición total de exportaciones e importaciones y la restricción de las relaciones diplomáticas, entre otras- si Rusia no cumple en tres meses con sus exigencias.

El ministro ruso también se refirió a este ultimátum de Washington, que ha dado tres meses a Moscú para permitir una inspección de la ONU en territorio ruso y garantizar que no volverá a emplear armamento químico.

"Ya hace tres años y tras todas las inspecciones posibles hemos obtenido la confirmación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) de que el proceso de desarme químico ha concluido en Rusia", afirmó el jefe de la Cancillería rusa.

En cambio, EE.UU. "tenía que haber hecho lo mismo en el mismo plazo, pero han vuelto a pedir un aplazamiento. Por tanto, se debe decir que es EE.UU. quién tiene problemas con el desarme químico", subrayó Lavrov.

Nueva cumbre

Por otro lado, Lavrov aseguró que estas sanciones no serán un impedimento para una nueva reunión entre el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quienes celebraron su primera cumbre el 16 de julio en Helsinki.

"Nunca hemos evitado contactos, incluso con representantes de los países que llevan a cabo una política hostil hacia nosotros. Por eso, si los líderes sienten la necesidad de volver a tratar los asuntos que pensamos deben unir a Rusia y EE.UU., pero que despiertan rechazo en ciertos círculos dentro de EE.UU., creo que ese encuentro tendrá lugar", apuntó.