Informe de Contraloría arroja faltas en arriendos, derecho de agua y préstamo
INVESTIGACIÓN. Irregularidades en documentación, no realización de cotizaciones y fallas en unidades de control son parte de las observaciones planteadas.
La Contraloría General de La República entregó el informe final de la investigación especial realizada en la Municipalidad de Copiapó. El documento arrojó observaciones en los arriendos de vehículos, oficina, derechos de agua municipal y el préstamo solicitado a la banca.
La investigación tuvo como objetivo indagar los antecedentes consignados en la cuenta pública del año 2016 y daría cuenta de eventuales irregularidades relacionadas con los montos pagados por arriendos y el usufructo de derechos de agua de propiedad municipal por parte de un particular. Los antecedentes recopilados son en los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017.
Cuestionamientos
En el documento se puntualizó que de la validación efectuada a los arriendos de vehículos contratados en forma directa por el municipio por más de 192 millones de pesos, Contraloría verificó que estos no cuentan con la totalidad de la documentación que acredite que las camionetas arrendadas fueron proporcionadas por parte de los proveedores y estuvieron a disposición del municipio por el periodo establecido en los respectivos contratos. Además no existen respaldos que permitan la identificación de los vehículos y den cuenta de que fueron utilizados en las labores específicas en las respectivas órdenes de compra.
A lo anterior se suma que no hay una bitácora o hay información incompleta respecto a los conductores reporten cargas de combustible. Sobre los puntos, la municipalidad deberá remitir al ente fiscalizador los antecedentes observados en un plazo no superior a 30 días.
El ente persecutor también verificó la existencia de un eventual sobreprecio por más de 85 millones de pesos en las contrataciones por concepto de arriendo de vehículos en comparación con las cotizaciones que efectuó el organismo de control con medios de transportes de similares características. Esto transgrede la ley N°18.575 en su artículo 5 que indica que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiencia e idónea administración de los medios públicos.
En cuanto a los inmuebles, el informe detalló que se constató la celebración de un contrato de arriendo para trasladar las dependencias de la Dirección de Obras Municipales, pero no se consta que se haya efectuado cotizaciones previas. La Contraloría realizó dos cotizaciones a edificios similares y se evidencio que en comparación de cada uno de ellos con los montos pagados por 24 meses se desembolsaron recursos adicionales por $182 millones y $272 millones, situación que no se ajusta al eficiente uso de los recursos públicos.
La investigación también analizó la situación de los derechos de agua de la municipalidad. En el documento se verificó que la municipalidad solicitó a la Junta de Vigilancia del Río Copiapó el traslado de los derechos de aguas que arrebata desde el punto de captación en el canal "Viñita" a su lugar de origen en el sector del Parque El Pretil y que fue autorizado por dicha entidad edilicia. Contraloría subrayó que no se realizó el trámite pertinente ante la Dirección General de Aguas.
Otro de los puntos evaluados fue el préstamo por 1.000 millones de pesos solicitado a la banca por el municipio y que debía pagarse en partir de marzo de 2014. Contraloría observó que la municipalidad no mantiene bajo su custodia el expediente original del programa de ajuste de gasto para el periodo 2014-2018, relativo a la operación leaseback (préstamo).
También el ente fiscalizador catalogó como de media gravedad que el municipio no cuenta con mecanismo de control que permitan asegurar el oportuno registro contable de los hechos económicos, por cuanto se constató que fueron contabilizadas facturas en el periodo 2014 que correspondían a los años 2010, 2011, 2012 y 2013.
En cuanto a las observaciones de alta complejidad, el documento detalló que una es la inexistencia de informes semestrales relacionados con el contrato de leaseback. Además se verificó que los recursos provenientes del préstamo no se utilizaron de acuerdo a los montos consignados para cada concepto que fueron indicados en el acta.
La unidad de control resolvió que la municipalidad deberá iniciar un procedimiento disciplinario para establecer las eventuales responsables administrativas de los funcionarios involucrados en los distintos hechos.