Redacción

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados ayer discutió el proyecto que moderniza la Ley de Migraciones, con énfasis en el beneficio social del bono marzo, tema que dividió al Gobierno y los parlamentarios de oposición, ya que el Ejecutivo pretendía establecer un tiempo de estadía como mínimo, mientras que los diputados de izquierda defendieron la entrega universal, ganando finalmente esta propuesta.

La comisión parlamentaria, presidida por Daniella Cicardini (PS), acordó no considerar la indicación de La Moneda sobre la entrega de beneficios de seguridad social con cargo fiscal, entre ellos, el Aporte Familiar Permanente conocido como el bono marzo, donde establecía una residencia mínima de dos años en el país.

"Nuevamente se da una decisión desfavorable respecto a la política migratoria del Gobierno. Nosotros consideramos que existen ciertas restricciones iniciales que debieran tener los extranjeros que tiene que ver con su condición de arraigo. Si la persona no está en condición regular o si la persona está con una visa temporal, nosotros creemos que no deben tener acceso a los beneficios sociales tales como el bono marzo", señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

Este cuestionamiento va en línea con los formulados el martes a la misma comisión, que aprobó el requisito de dos años de estadía para acceder a vivienda y gratuidad en la educación superior, junto con, en jornadas anteriores, dar visto bueno al artículo que impide expulsar a los extranjeros.

"Creemos que aquí hay un grupo de parlamentarios que no entiende. Hemos dicho en todos los tonos que queremos que los extranjeros vengan a contribuir. Sí, estamos todos de acuerdo: queremos también un arraigo. Nos damos cuenta que hay un grupo de parlamentarios de oposición que cree en la inmigración como un derecho a todo evento, y también con acceso a beneficios sociales. Nosotros no creemos eso, creemos que tiene que cumplir ciertas condiciones y si no las cumple creemos que el Estado tiene el deber y el derecho a expulsarlo", destacó Ubilla.

Cicardini, por su parte, afirmó que "cuando él señala que los parlamentarios no entendemos, que hemos generado trabas en la tramitación o que no queremos llegar a acuerdos, es totalmente falso. (...) No es justo que hoy un migrante regular, el cual tiene un contrato de trabajo, no pueda acceder a una licencia médica, por ejemplo".

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, ayer se reunió con su par alemán, Heiko Maas, donde se mostró de acuerdo con establecer "medidas concretas" de reparación a las víctimas de transgresiones a los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad, en la Región del Maule, destacando la "voluntad" del Gobierno de avanzar en el tema.

"Hay que establecer lo antes posible un calendario y medidas concretas con el fin de saber en qué dirección se pueden alcanzar progresos", dijo Ampuero tras la cita, agregando que "lo importante es nuestra voluntad en este sentido, de trabajar, de apoyar y de hacer todo lo posible para que tema de la Colonia Dignidad se considere como una oportunidad de reevaluar el pasado".

Ambos secretarios de Estado intentarán definir una medida reparatoria durante la cita bilateral del 22 de agosto, en Santiago.

Maas, por su parte, afirmó que "la cuestión de la compensación individual es siempre extraordinariamente difícil, (así como) la de la delimitación de los grupos de víctimas, la de la comparación con otros grupos de víctimas".

Identificar a las víctimas

"La posición del Gobierno federal es que en estas cuestiones se debe actuar con mucha cautela", afirmó el ministro alemán, debido a que algunas víctimas no quieren una compensación económica y, según el semanario "Der Spiegel", al interior del Gobierno de Angela Merkel se reconoce que, en este caso, resulta difícil distinguir a víctimas de victimarios.

La publicación indicó que el ministerio está estudiando un fondo de ayuda para los problemas de salud de las víctimas, como una manera alternativa de reparación.

Hace dos años, el entonces ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, reconoció la "responsabilidad" del país sobre los delitos cometidos por el ex nazi Paul Schäfer, fundador del enclave germano, en 1961, quien fue condenado por violaciones y abusos sexuales.