El ministro de Agricultura, Antonio Walker, pidió ayer a los controladores de la firma Iansa -la británica ED&F Man- que aplacen en al menos dos años el cierre de la planta de la azucarera en Linares (Región del Maule), como parte de las gestiones que realiza el Gobierno para que el cierre no se haga efectivo.

"Tenemos esta semana una reunión con el presidente de Iansa, hemos hablado en innumerables veces para tratar de darle dos años más a la planta, y vamos a ver cómo nos va. No pierdo la esperanza, ya que hay una ventanita abierta todavía, de que al conseguir las 5.000 hectáreas de siembra que nos pide Iansa para el Maule Sur, podamos definitivamente ojalá no cerrar la planta", señaló el secretario de Estado.

Walker explicó que esta medida se suma a otras que ha impulsado el Gobierno en conjunto con las autoridades regionales, como por ejemplo el apoyo que se quiere entregar principalmente a los pequeños agricultores usuarios del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap). "Estamos haciendo un gran esfuerzo en conjunto con el Gobierno Regional e Indap para otorgar $ 1.500 millones de apoyo para los próximos tres años para ir en ayuda de los agricultores afectados", comentó.

El ministro de Agricultura agregó que explicó a los ejecutivos de Iansa que, para el Gobierno, se debería posponer la decisión de cerrar la planta "porque en los negocios los precios son cíclicos, y nosotros lo que estamos pidiendo (es que) pueda aguantar un par de años antes de tomar esta decisión tan drástica, porque después echar a andar una planta cuesta muchísimo y los precios van y vienen".

Las críticas

Respecto de las críticas sobre el funcionamiento de la planta y el impuesto verde que paga actualmente, el secretario de Estado expresó que también debe reformularse el cálculo de esta tasa para que no afecte a la agroindustria.

"El pago de impuesto verde de Iansa, de US$ 1,3 millones, consideramos que es bastante injusto, porque se puso para las termoeléctricas y la agroindustria solo ocupa un periodo del año sus industrias. La fórmula de cálculo para pagar el impuesto verde está mal hecho, porque en vez de sacar un promedio de los 12 meses, se saca uno con los meses en que está funcionando la planta", concluyó.

La empresa evalúa la opción de cerrar la fábrica, lo que dejaría a cerca de cuatro mil personas sin trabajo en la zona entre empleados directos y proveedores.

Mauricio Mondaca

La operadora de telecomunicaciones Claro Chile presentó ante la Corte de Apelaciones un recurso de protección que busca su pronunciamiento respecto de la legalidad y procedencia del congelamiento de la banda de 3.5 GHz. La decisión se conoce luego de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenara el 19 de junio de este año la suspensión indefinida de todos los servicios de telecomunicaciones que se prestan actualmente en la banda de frecuencias 3.400- 3.800 MHz.

Los fundamentos

Según Claro, el hecho "afecta garantías constitucionales; la certeza jurídica de concesiones válidamente otorgadas; y los servicios prestados a sus clientes". La compañía explicó que "la resolución de la Subtel es ilegal ya que la entidad no cuenta con facultades legales para dejar sin servicio a usuarios y clientes que reciben servicios a través de esta banda".

De acuerdo a la operadora de telecomunicaciones, "esta resolución infringe numerosas normas de la Ley General de Telecomunicaciones, tales como el artículo 2, el 8, el 14, el 28 y el 36, relativos al acceso, las concesiones y la protección de los derechos de los usuarios de los servicios". Claro solicitó a la Corte de Apelaciones "que deje sin efecto la resolución de la Subtel y se ordene que esta en el futuro se abstenga de dictar actos o resoluciones que perjudiquen los servicios que reciben los clientes".

Análisis de la subtel

Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informaron a este medio que están "analizando la situación" que genera el recurso y que la presentación estaba dentro de las opciones que podían tomar los operadores.

En su comunicación al mercado, la Subtel informó que decidió suspender la banda 3,5Ghz en Chile para "estudiar en profundidad" esa banda como estándar para el desarrollo tecnológico de la red 5G, en concordancia a los mercados internacionales más desarrollados del mundo.

Esa banda estaba concesionada para cinco operadores en diversas localidades del país. De acuerdo a la Subtel, al analizar su uso, descubrió que, al menos en el caso de Entel y Claro -con presencia en todo el país- "ambas compañías están subutilizando los espectros asignados, y han anunciado productos que operarían en una red 5G que aún no está disponible en el país". La situación, que el regulador tildó de "grave", iría en contra del título VII de la Ley General de Telecomunicaciones, que establece que no se puede comercializar una tecnología que aún no cuenta con un modelo o estándar técnico en el país. Además, la instancia sostuvo que las dos empresas deben continuar entregando el servicio a sus usuarios de la misma forma que lo hacen hasta la fecha, ya que de lo contrario podrían exponerse a sanciones por parte la autoridad.

Según datos de la Subtel, las operadoras Movistar, VTR y GTD Telesur, que tienen asignada la banda en algunas regiones del país, no la estaban utilizando. En su diagnóstico, la entidad gubernamental agregó que sobre 60 localidades, el 73% no tienen señal.

Ejemplos externos

La decisión de congelar el uso de la banda 3,5Ghz se vio reforzada por la decisión de países como Corea del Sur, Japón, Singapur y Estados Unidos, que comenzaron a estudiar su implementación en este espectro radial.