El Octavo Tribunal de Garantía de Santiago llevó a cabo ayer la lectura de sentencia del procedimiento abreviado por delitos tributarios en contra de los ex controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

La sentencia

A más de dos años de que los ejecutivos fueran formalizados por primera vez por el llamado Caso Penta y luego de que quedara excluido el delito de cohecho, ambos fueron condenados a cuatro años de libertad vigilada, el pago de $1.700 millones y el cumplimiento de un programa formativo sobre ética en dirección de empresas.

Dicho monto corresponde a la totalidad de lo eludido según el cálculo del Servicio de Impuestos Internos (SII), es decir la suma de $857.084.267 cada uno, tal como lo solicitó la Fiscalía en el acuerdo que alcanzó con la defensa de los ex controladores del holding, el que fue ratificado la semana pasada por el tribunal.

La multa debe pagarse dentro de los 30 días siguientes de ejecutoriada la sentencia.

Penas accesorias

A esas sanciones se suman las penas accesorias, con lo que Délano y Lavín quedaron inhabilitados de forma perpetua para ejercer derechos políticos y con la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Ambos condenados serán sometidos a sujeción de vigilancia y residencia en lugar determinado.

El programa formativo que deberán cumplir tanto Délano como Lavín corresponde al plan de intervención a cargo del Centro de Reinserción Social de Gendamería.

Sin pago de costas

El tribunal eximió a los condenados del pago de las costas, ya que según señaló el juez, al aceptar el proceso abreviado y admitir los delitos por los que fueron reformalizados la semana pasada, posibilitaron un ahorro de recursos para el Estado.

Con esta sentencia, fue aceptado todo lo que fue solicitado por el fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, quien tras reformalizar a los ejecutivos la semana pasada, dejó fuera el delito de cohecho y también al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fundación Ciudadano Inteligente (CI) como querellantes de esta causa.

En tanto, la sentencia del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, condenado por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito, será dictada el próximo miércoles a las 14.00 horas.

Durante 22 minutos declaró ayer Natalia Compagnon ante el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, en los alegatos de clausura de la arista principal del caso Caval.

En la audiencia, la nuera de la ex Presidente Michelle Bachelet se refirió a los delitos tributarios que se le imputan y aseguró que nunca cometió una mala práctica a nivel tributario y admitió que quizás fue negligente respecto a la emisión de facturas y boletas.

"Puede que ustedes me digan que fue negligencia, completamente, pero no hubo dolo. Nunca estuvo en mí tratar de defraudar al Fisco y la vez que producto de esta investigación se me señaló que aparentemente hay un perjuicio fiscal lo primero que hice fue hablar con mi abogado para decirle: 'Antonio (Garafulic), acá están los vale vista, los voy a endosar a nombre de la Tesorería General de la República, que es el ente recaudador', y se vinieron a entregar a tribunales", aseguró la esposa de Sebastián Dávalos.

Así, Compagnon se defendió de lo dicho el viernes pasado por su ex socio en Caval, Mauricio Valero, quien en su declaración aseguró que ella sabía de la emisión de facturas falsas. La nuera de Bachelet insistió en que solamente manejaba la parte comercial de la compañía.

Compagnon señaló además que cada vez que solicita algo, como reducir las medidas cautelares, se hace un "festín" y que han "abusado" de sus relaciones familiares para prolongar el proceso que lleva casi tres años de vida judicial.

Carolina Collins

El fiscal regional del Valparaíso, Pablo Gómez, presentó ayer acusaciones contra 16 imputados por el caso SQM, entre ellos, al ex ministro Pablo Longueira, por el delito de cohecho, y al ex gerente general de SQM Pablo Contesse, por soborno.

En el caso de Contesse, el Ministerio Público solicita siete años de presidio mayor en su grado mínimo, por delitos tributarios consumados y reiterados, y otros 818 días de reclusión menor en su grado medio, por el delito consumado y reiterado de soborno.

Además se pide el pago de una multa por la mitad del valor del tributo eludido, que supera los $1.000 millones, y otra por la totalidad de lo defraudado, que corresponde a más de $88 millones.

Para el ex ministro Longueira, en tanto, la Fiscalía pide 818 días de presidio menor en su grado medio por delito tributario, otros 818 días de reclusión menor en su grado medio por el delito consumado y reiterado de cohecho, además de una "multa del tanto del provecho solicitado", lo que se ha calculado que asciende a más de $242 millones.

Rossi y pizarro

Entre los imputados contra los que el fiscal Gómez presentó acusación, además, se encuentran el ex senador Fulvio Rossi y el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami.

En el caso de Rossi, la Fiscalía pide 818 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTA (Unidad Tributaria Anual, que es 12 veces la Unidad Tributaria Mensual) como autor de delito tributario reiterado. Mientras que para Marco Enríquez-Ominami se solicitan cuatro años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 20 UTA por los mismos delitos.

"La mayoría de los casos son delitos tributarios y también por los delitos de soborno respecto del señor Contesse y de cohecho del señor Longueira", afirmó el persecutor.

Dividida en tres tomos, la acusación supera las 1.600 páginas y en todos los casos se consideró la atenuante de irreprochable conducta anterior.

"Lo que hemos hecho en el escrito de la acusación es pedir el máximo de las penas posible dentro de las reglas de la determinación de la pena que están establecidas en la ley", aseguró el fiscal.

Desafuero de pizarro

"La investigación, a nosotros como equipo, nos ha convencido de que existe la posibilidad de imputarle a las personas que hemos acusado participación como autores de este delito y así lo hemos decidido. Se trata de una investigación profunda, que ha determinado el curso de los dineros, los sujetos intervinientes, etc.", añadió Gómez, quien además informó que se solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del senador Pizarro.

Para el parlamentario de la DC se piden 818 días de presidio menor en su grado medio, además de una multa de más de $10 millones y otra de 20 UTA. También se pide suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena.

En el documento donde pide que se le quite el fuero al senador por la Región de Coquimbo, el persecutor argumenta que solicita esto "sobre la base del cúmulo de antecedentes obtenidos durante la investigación y para poder ejercer la acción penal, mediante la acusación respectiva".

A Pizarro se le acusa de delitos tributarios vinculados a declaraciones maliciosamente falsas de impuestos en el marco de presunto financiamiento irregular de campañas políticas.