El senador Manuel José Ossandón (RN) criticó fuertemente el nuevo reglamento de objeción de conciencia, documento al que el Ejecutivo añadió las "modificaciones pertinentes" solicitadas por la Contraloría. Según el protocolo, "los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por el DFL Nº 36 podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología". En ese mismo sentido, "los establecimientos públicos tampoco pueden ser objetores".

"Un protocolo como este puede dejar a muchas mujeres de clase media o vulnerables fuera de un servicio", afirmó el parlamentario, quien adelantó que las nuevas disposiciones "podrían producir la quiebra del Hospital de San Bernardo, del de Panguipulli" y poner en entredicho la labor asistencial de la red de salud de la Pontificia Universidad Católica.

En Chile Vamos, la definición provocó una disputa: mientras el gremialismo y parte de RN iniciaron contactos para ir al TC, finalmente un grupo de parlamentarios decidió oficiar al contralor, Jorge Bermúdez, para que aclare los alcances del dictamen y si éste afectaría a otros órganos intermedios, además de las clínicas privadas.

Ossandón, al igual que la UDI, no se restaría de llegar hasta el Tribunal Constitucional.

- ¿Quién ganó con lo que ocurrió con este protocolo?

- Creo que no ganó nadie, sino que perdió mucha gente. No he visto nunca que alguien tenga objeción de conciencia por una operación de rodilla, pero sí por un aborto. Eso sí quiere decir que hay una razón para personas que tienen que pensar en sus principios y en sus valores. Y el Estado no puede obligarlos a eso. Pero, por otro lado, lo que hace el Estado ahora es amarrar un sistema completo, haciendo un daño a mucha gente. Hay que pensar que al hospital de San Bernardo o de Panguipulli no asisten personas de isapres ni gente rica, sino que gente que necesita esto. Y esto los revienta, porque técnicamente el Hospital de San Bernardo quiebra.

- ¿Usted está disponible para ir al Tribunal Constitucional?

- Sí, estoy disponible para cualquier cosa, pero esperemos que el Gobierno logre arreglar esto antes.

- ¿Podría esto transformarse en un problema grave para el Gobierno?

- Es un problema de salud pública, porque por un tema ideológico se le está quitando la oportunidad a mucha gente de ser atendida en lugares donde se atiende muy bien.

- ¿Por qué cree usted que el Gobierno se vio inmerso en esto?

- Este no es un problema del Gobierno, sino que de la Contraloría. La Contraloría, según mi opinión, malinterpreta un protocolo y da ciertas normas que a mi juicio están equivocadas. Espero que recapacite.

- ¿Es una falla más dentro del accionar de la Contraloría?

- No. En este proceso puntual creo que se nos está obligando a algo, porque todos tenemos derecho a nuestra conciencia. En este ejercicio vamos a dejar fuera a muchas mujeres de clase media y vulnerables sin asistencia. Todas las operaciones ginecológicas de alta complejidad de la red UC no se van a hacer. Y no hay dónde hacerlas. Esas personas pueden hasta perder la vida por esto.

"Es un problema de salud pública, porque por un tema ideológico se le está quitando la oportunidad a mucha gente de ser atendida en lugares donde se atiende muy bien"."