Detectan fallas en el contrato de la planta de tratamiento de aguas servidas
COPIAPÓ. Contraloría entregó informe tras denuncia realizada por consejero Ghiglino.
Como "gravísimas" catalogó el consejero regional (Core), Fernando Ghiglino las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República sobre irregularidades en el contrato de la planta de tratamiento de aguas servidas y red de alcantarillado de la localidad de San Pedro en Copiapó.
La autoridad que presentó la denuncia originalmente al ente fiscalizador criticó que todo el proceso del proyecto presenta alguna irregularidad, que incluso podrían causar demandas contra el Gobierno Regional.
El informe con fecha 11 de junio arrojó que el inicio de las obras de intervención en los caminos considerados en la iniciativa habría comenzado aproximadamente 10 meses antes de encontrarse autorizada su ejecución por parte de la Dirección de Vialidad.
A lo anterior se suma que la ejecución de la planta se inició aproximadamente siete meses antes de su respectiva aprobación por parte de la autoridad sanitaria. En la investigación también se determinó que el terreno en el cual se encuentra emplazada la planta es un terreno particular, sin que se encuentren acreditadas las condiciones de ésta vía excepcional; esto es, en la medida que ello sea necesario para el cumplimiento de finalidades del servicio y se resguarden debidamente los intereses que comprometan. Cabe señalar que Contraloría catalogó este hecho como altamente complejo.
Entre las observaciones destacan que la obra (planta) se ha ejecutado a la fecha sin que el contratista haya presentado la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. Los trabajos se encuentran en ejecución hace más de un año a la fecha, sin que se le haya realizado pago a la empresa contratista.
La Contraloría puntualiza que el plazo de ejecución de la obra se encuentra expirado, sin que a la fecha "la intendencia haya tomado alguna medida frente a ello".
A lo anterior se suma que el ente fiscalizador solicitó realizar un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de estos hechos y regularizar las observaciones a la brevedad posible.
Controversia
En los antecedentes expuestos por el ente fiscalizador se detalló que el proyecto de la planta de tratamiento fue convenido por la Intendencia de Atacama mediante la modalidad de trato directo mediante un convenio suscrito el 24 de marzo de 2017 por 1.800 millones de pesos con un plazo de 14 de meses corridos en ejecución y mantención.
Ghiglino recordó que la administración anterior tomó la decisión de cargar la iniciativa a la reconstrucción. "Este proyecto se está haciendo de una manera totalmente abusiva y sin resguardar los intereses del Estado. Uno porque se licita de forma directa y perfectamente se pudo buscar otras ofertas y lo otro es que se toman decisiones donde se involucran otros servicios".
El consejero adelantó que esta semana presentará los antecedentes de la Fiscalía para que se inicie una investigación y así determinar las responsabilidades correspondientes.
Intendencia
La intendenta Berta Torres, a través de un comunicado, explicó que las irregularidades en la planta vienen "desde su inicio el cual data del 29 de julio de 2016. A la fecha de instalación de nuestro gobierno, el 11 de marzo, constatamos los antecedentes existentes sobre esta planta de tratamiento, la cual está siendo construida en un terreno de propiedad privada, cuya compra fue solicitada por el ex intendente Miguel Vargas a nombre de Reifox Industrial S.P.A., empresa que ejecutaría la obra antes señalada, la cual iba a ser entregada para su operación al Municipio de Copiapó; un acto administrativo que no se realizó".
Agregó que las partes de mutuo acuerdo, pusieron fin al contrato entre Reifox y la Intendencia, dando lugar a un nuevo contrato de construcción de la señalada planta a la empresa Amffal Limitada. "Este nuevo acuerdo fue suscrito el 24 de marzo de 2017, sin haber efectuado el traspaso del terreno al Municipio de Copiapó y sin solicitar una boleta de garantía de fiel cumplimiento de la obra, cuestión que exige la Ley de Compras Públicas y su reglamento", comentó.
El Gobierno Regional inició un sumario administrativo y designó a un fiscal a cargo de la investigación, tras lo ordenado por el contralor general.
Ex intendente
El ex intendente, Miguel Vargas, sostuvo que el proyecto se dio en el contexto de los efectos por los aluviones donde la población exigía una pronta solución al problema sanitario por el colapso de la planta.
En cuanto a las faltas en los permisos, Vargas puntualizó que "todos los proyectos de emergencia corren el riesgo de saltarse en algún momento el procedimiento administrativo porque son proyectos de emergencia y tú no puedes perder tiempo".
La ex autoridad destacó que las observaciones son subsanables. En cuanto a la presentación de los antecedentes a la Fiscalía, Vargas dijo que son "desproporcionadas" porque no habría ningún delito y sentenció que tienen que ver con un tema político.
millones de pesos fue el costo del proyecto de la planta de tratamiento de la localidad de San Pedro. 1.800