El próximo viernes 6 de julio la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sesionará en El Salvador. Esto, para visualizar la realidad y proyección de la División El Salvador y discutir temas de seguridad en conjunto con los trabajadores, autoridades y representantes de la empresa.

La iniciativa surgió a raíz de la inquietud transmitida por tres de los sindicatos de trabajadores de la minera a la parlamentaria, quien en su calidad de integrante de la instancia planteó la propuesta y entregó una solicitud por escrito de los trabajadores, la que fue aprobada por los integrantes de la comisión.

"Esperamos contar también con representantes de la empresa, por lo que se están cursando las invitaciones, porque obviamente como Comisión nos interesa mucho tener su visión en esos temas, pero también sobre el futuro; en especial después de las recientes declaraciones del nuevo gerente que ponen en duda tanto los números azules como la concreción del proyecto Rajo Inca, lo que evidentemente siembra inquietud en los trabajadores y sus familias", dijo la diputada Daniella Cicardini (PS).

Asimismo, la legisladora subrayó que espera que uno de los puntos de la sesión se centre en la discusión sobre las condiciones de seguridad, informando además en ese marco que solicitó el envío de oficios de fiscalización de la cámara de diputados con motivo del reciente accidente que dejó como saldo cinco trabajadores heridos, incluyendo a uno de ellos con el 75% de su cuerpo con quemaduras de segundo grado.

Constanza Romo Álvarez

Estamos quebrados. Aquella oración se repitió en varias ocasiones en la reunión que sostuvieron los directores de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), junto al vicepresidente y un asesor técnico de la misma asociación, ayer en Tierra Amarilla. En ella la discusión fluctuó entre las soluciones que exigen al gobierno para la reactivación del sector, como también el cuestionamiento -de unos pocos representantes- al vicepresidente de la Enami.

En una carta que se leyó a los presentes se comentó que André Sougarret no sería el profesional idóneo para su sector. Sin embargo hubo miembros de la mesa que dijeron que había que darle más tiempo y le pusieron paños fríos a la situación.

"No sabemos cuál es el diagnóstico que él (André Sougarret) ha hecho del estado de la Empresa Nacional de Minería, y cuáles son las directrices que él le va a poner", dijo el director representante de la asociación de pirquineros de Illapel, Patricio Gatica, quien agregó que "ahora el ideal es que nosotros pudiéramos saber de aquí a un tiempo relativamente breve, ese análisis de la situación y del futuro y de la forma en que va a gestionar".

La exigencia

En definitiva ya no una petición, sino una exigencia que radica en la flexibilización para la devolución del precio de sustentación, ese que ayudó a mantener a los pirquineros cuando el precio del cobre estuvo bajo, pero que hoy, cuando el commoditie marca 309,3 centavos la libra, estaría frenando la reincorporación de actores al rubro. Esto porque hoy en el país existen solo 540 pequeños mineros, los que deben devolver el crédito de US$ 52 millones, de cuando eran más de mil.

"En estos momentos vemos muy buenos precios del cobre, pero vemos muy pocos mineros que se reactivan, la idea es que este buen precio nos acompañe con muchos mineros", dijo el vicepresidente de la Sonami, Francisco Araya. El representante explicó que el porcentaje de cobro, para pagar dicho crédito asciende a 12 o 14% del importe bruto de los productores.

"En este momento, la devolución va alrededor de US$ 14 millones de 53 millones de dólares, entonces es harto. El año pasado nosotros devolvimos 8 millones de dólares y a la fecha llevamos US$ 7 millones, a fin de año vamos a llegar a los 14 millones, pero sin reactivar el sector", dijo Araya.

"El Estado puede esperar", aseguró el director representante de la pequeña minería en la Sonami, Jorge Pavletic, quien apuntó a que la solución inmediata, o la "inyección", como dijo, está en un plan de reactivación de cuatro puntos.

El cómo

Lo primordial -detalló Pavletic- es la flexibilización del pago del precio de sustentación. A lo que se le suma, dijo, "la reconsideración de los cargos de tratamiento o maquila, que es lo que la Enami nos cobra por procesar nuestros minerales". A esto agregó la importancia del contrato que hizo Enami para trabajar con ERNC, y el papel que jugaría una revisión del uso del ácido sulfúrico.

"Mejorando esos aspectos, la tarifa mejora y mejora el sector", dijo Pavletic. Y explicó que "los viejos actuales están recibiendo como si el precio del cobre fuera 2,60 US$/lb, porque lo demás se va en devolución".

Plan B

Ayer, se reunió el Presidente de la República con el ministro de Minería, Baldo Prokurica; y todos los presentes en la reunión estaban expectantes sobre el resultado de la misma. El que aún no se conoce. El objetivo era que el Mandatario pudiera aprobar la anhelada flexibilización, los que sería -para todos los presentes- la señal adecuada de respaldo al sector.

Sin embargo, de no concretarse la cita o de no obtener los resultados necesarios, ya se estaría fraguando un "plan b".

"Lo que tenemos que hacer es ya no escuchar. No nos han dado respuesta a los requerimientos que nosotros queremos, entonces vamos a esperar la reunión de hoy día del presidente de la República con el Ministro de Minería, para ver si consideran que la devolución sea menor o nos den una pausa. Si no es así, tendremos que en un plan b, tomar medidas de presión y poder hacer manifestación aquí o en Santiago para ser escuchados", sentenció el presidente de la asociación de pirquineros de Tierra Amarilla, Bernardo Joel Carrizo.

"Tendremos que en un plan b, tomar medidas de presión y poder hacer manifestación aquí o en Santiago para ser escuchados"

Bernardo Joel Carrizo, Sindicato de pirquineros de Tierra Amarilla."

millones es la deuda del crédito del precio de sustentación que tienen los pirquineros. La que adquirieron siendo más de mil, pero que pagan ahora un poco más de 500. US$ 52

En el marco de las diferencias entre la Contraloría y la Dirección de Presupuesto por el retiro del decreto 651, la senadora Yasna Provoste señaló que "esto no es casual, porque forma parte de una constante, donde los comunicados del gobierno dicen una cosa y la realidad indica otra".

"Respecto de los recortes, si miramos bien la historia, el decreto fue enviado el 25 de mayo. Y el 6 de junio el gobierno hace un comunicado de prensa señalando que estos recortes iban a afectar viáticos, combustibles y publicaciones. Y en esa nota de prensa nunca dijo que iba a haber una afectación de los programas sociales en salud, en educación, en capacitación para el empleo, en seguridad ciudadana. Recortes significativos en materia de infancia. Recortes a la Junji, a la Fundación Integra, al subsidio de la cesantía, a los programas de gratuidad. Vale decir, cuando ellos hacen el recorte, dicen una cosa y hacen otra", detalló Provoste.

Asimismo, la parlamentaria aclaró que "en el comunicado que anuncian que retiraron el decreto nunca señalan que fue por observaciones que manifestó el propio organismo Contralor. Por errores de forma y de fondo, lo cual pareciera ser una constante en la administración de este gobierno".

Provoste agregó que "afortunadamente por las desprolijidades que ya nos tiene bastante acostumbrado este gobierno tuvieron que retirarlo, no porque no estuvieran de acuerdo en rebajar gasto en programas sociales como lo habían comunicado. Sino que por las desprolijidades, por los problemas de forma y de fondo y que la Contraloría advirtió".