Pamela Vásquez Fuentes
Un informe de la Contraloría General de la República reveló cuestionamientos y observaciones respecto al funcionamiento del Hospital Regional.
Según el documento, "se verificó que no existe una supervisión sobre las valorizaciones realizadas por los recaudadores de la Unidad de Urgencia, toda vez que existen errores reiterados en el cálculo de las prestaciones efectuadas por dichos funcionarios, sin que se hayan adoptado oportunamente las acciones correctivas pertinentes".
Además, en el análisis se constató que el Hospital de Copiapó, "no cuenta con un estudio detallado de los costos asociados a las prestaciones que efectúa, es así que, para el año 2017, los aranceles a cobrar a pacientes particulares, de Isapre y Fonasa (Modalidad Libre Elección: MLE), se establecieron considerando los costos de los insumos y de medicamentos entregados por la Unidad de Farmacia y mediante la comparación con los precios de mercado local (Sector privado: Clínica Atacama)".
Se advirtió la falta de documentación de respaldo para las compras con justificación de tratos directos, por lo que se deberá contar con medidas para que cuenten con los antecedentes de respaldo que las justifiquen.
Asimismo, el documento dejó en evidencia que la Unidad de Comercialización del recinto informó que "el saldo de las Cuentas por Cobrar por prestaciones hospitalarias al 31 de diciembre de 2016, ascendió a la suma de $156.855.533". Este monto no ha sido recuperado porque no se han efectuado gestiones de cobranza judicial.
Sociedades médicas
Otros de los puntos que da cuenta el informe es el cuestionamiento a médicos del hospital, que también prestan servicios al establecimiento en las mismas unidades en las cuales se desempeñan, esto mediante empresas privadas o sociedades.
"Forman parte de ellas en calidad de socios, existiendo casos en los que ejercen cargos de jefatura mediante las cuales solicitan la compra de prestaciones médicas a esas sociedades y/o autorizan posteriormente la ejecución de los servicios en los que participaron, en calidad de prestadores junto a otros profesionales, para la tramitación de los pagos correspondientes".
Al respecto, el informe recuerda no solo el término conflicto de interés, sino también el principio de la probidad administrativa que tiene como propósito "impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley,
lo que también importa la obligación de abstenerse de intervenir no sólo en la resolución sino que también en el examen o estudio de los asuntos o materias en que, en su calidad de servidor público, pueda ser afectado por un conflicto de interés", dice el documento.
Horas no devueltas
Tras el análisis, se pudo establecer respecto a las intervenciones quirúrgicas realizadas a pacientes particulares que algunas de ellas se efectuaron dentro del horario institucional y por profesionales médicos del establecimiento que se encontraban cumpliendo su turno o jornada laboral en el recinto. Sin embargo, no consta que estas horas hayan sido devueltas.
Pabellones no utilizados
Según el Hospital Regional, el recinto dispone de seis pabellones centrales, ubicados en la placa noble hospitalaria, más dos pabellones ambulatorios de los cuales se encuentran operativos cuatro de ellos y tres son utilizados para cirugía electiva, además de uno destinado a Urgencias por 24 horas. Por lo tanto, se constató que hay pabellones que no se estaban utilizando. Según el recinto, la no explotación de la totalidad de los pabellones disponibles, "obedece exclusivamente a la escasez de recursos humanos en el área clínica, específicamente médica, además de técnicos paramédicos debidamente capacitados para su desempeño en pabellones quirúrgicos".
Por esa razón, el recinto deberá informar a la Contraloría Regional respecto a los recursos humanos que necesita para utilizar la totalidad de los mismos.
Servicio de salud
Tras ser consultado por el documento, desde el Servicio de Salud Atacama se informó que se "ha proporcionado la información requerida y firmó un convenio con la finalidad de poner en marcha un plan de trabajo para dar cumplimiento a las medidas observadas por dicho organismo, el cual se encuentra en pleno proceso de ejecución".
Auditoría
El periodo en que se realizó la auditoría 555 fue desde enero a diciembre de 2016.
Se determinó un saldo inicial de caja negativo para el año 2017 ascendente a $543.161.796. En tanto, de acuerdo con la información aportada por el Hospital Regional, el saldo total de las cuentas por pagar (deuda flotante), al 31 de diciembre de 2016, ascendente a $534.410.886. Además, hay pasivos no registrados que fueron determinados por este Organismo de Control, por un monto de $66.517.408, lo que da como resultado un total de $600.928.294 pendientes de pago. Lo que según el recinto dejaría un equivalente a $0.