La Fiscalía de Atacama consiguió, a través de un recurso interpuesto en la Corte de Apelaciones de Copiapó, que se decretaran medidas cautelares en contra de cuatro funcionarios de la municipalidad de Tierra Amarilla, quienes actualmente están siendo investigados por un posible delito de fraude al fisco.

Cabe recordar que el pasado 4 de junio el fiscal Luis Miranda informó los hechos por los cuales está investigando a los imputados L.G, E.O, L.T y O.D, este último en prisión preventiva por otra causa. Esto por antecedentes que dan cuenta que entre los años 2014 y 2015, el alcalde de la época, concejales y funcionarios de la casa edilicia, realizaron viajes al extranjero a participar de capacitaciones que, de acuerdo a la investigación, no habrían tenido relación con las funciones propias de los investigados. Teniendo como destino ciudades como La Habana en Cuba, Barcelona en España, Roma en Italia y Bariloche en Argentina. Información surgida a partir de un informe realizado por la Contraloría Regional.

En dicha audiencia la Fiscalía solicitó que los imputados cumplieran con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, las que no fueron decretadas por dicho Tribunal. Lo que motivó elevar los antecedentes de este caso a la Corte de Apelaciones. "La Fiscalía trabaja la hipótesis que en los actos que se indagan hubo delito, razón que motivó el recurso de apelación ante el máximo tribunal de la región. Instancia que valoró los argumentos expuestos y accedió a aplicar las medidas cautelares solicitadas a las personas que actualmente se investigan", dijo el fiscal.

Respecto de la causa Miranda Flores agregó que ésta sigue vigente y con diligencias a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, además de declaraciones las cuales tienen por objetivo reunir la mayor cantidad de información en relación a este caso.

Pamela Vásquez Fuentes

Un informe de la Contraloría General de la República reveló cuestionamientos y observaciones respecto al funcionamiento del Hospital Regional.

Según el documento, "se verificó que no existe una supervisión sobre las valorizaciones realizadas por los recaudadores de la Unidad de Urgencia, toda vez que existen errores reiterados en el cálculo de las prestaciones efectuadas por dichos funcionarios, sin que se hayan adoptado oportunamente las acciones correctivas pertinentes".

Además, en el análisis se constató que el Hospital de Copiapó, "no cuenta con un estudio detallado de los costos asociados a las prestaciones que efectúa, es así que, para el año 2017, los aranceles a cobrar a pacientes particulares, de Isapre y Fonasa (Modalidad Libre Elección: MLE), se establecieron considerando los costos de los insumos y de medicamentos entregados por la Unidad de Farmacia y mediante la comparación con los precios de mercado local (Sector privado: Clínica Atacama)".

Se advirtió la falta de documentación de respaldo para las compras con justificación de tratos directos, por lo que se deberá contar con medidas para que cuenten con los antecedentes de respaldo que las justifiquen.

Asimismo, el documento dejó en evidencia que la Unidad de Comercialización del recinto informó que "el saldo de las Cuentas por Cobrar por prestaciones hospitalarias al 31 de diciembre de 2016, ascendió a la suma de $156.855.533". Este monto no ha sido recuperado porque no se han efectuado gestiones de cobranza judicial.

Sociedades médicas

Otros de los puntos que da cuenta el informe es el cuestionamiento a médicos del hospital, que también prestan servicios al establecimiento en las mismas unidades en las cuales se desempeñan, esto mediante empresas privadas o sociedades.

"Forman parte de ellas en calidad de socios, existiendo casos en los que ejercen cargos de jefatura mediante las cuales solicitan la compra de prestaciones médicas a esas sociedades y/o autorizan posteriormente la ejecución de los servicios en los que participaron, en calidad de prestadores junto a otros profesionales, para la tramitación de los pagos correspondientes".

Al respecto, el informe recuerda no solo el término conflicto de interés, sino también el principio de la probidad administrativa que tiene como propósito "impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley,

lo que también importa la obligación de abstenerse de intervenir no sólo en la resolución sino que también en el examen o estudio de los asuntos o materias en que, en su calidad de servidor público, pueda ser afectado por un conflicto de interés", dice el documento.

Horas no devueltas

Tras el análisis, se pudo establecer respecto a las intervenciones quirúrgicas realizadas a pacientes particulares que algunas de ellas se efectuaron dentro del horario institucional y por profesionales médicos del establecimiento que se encontraban cumpliendo su turno o jornada laboral en el recinto. Sin embargo, no consta que estas horas hayan sido devueltas.

Pabellones no utilizados

Según el Hospital Regional, el recinto dispone de seis pabellones centrales, ubicados en la placa noble hospitalaria, más dos pabellones ambulatorios de los cuales se encuentran operativos cuatro de ellos y tres son utilizados para cirugía electiva, además de uno destinado a Urgencias por 24 horas. Por lo tanto, se constató que hay pabellones que no se estaban utilizando. Según el recinto, la no explotación de la totalidad de los pabellones disponibles, "obedece exclusivamente a la escasez de recursos humanos en el área clínica, específicamente médica, además de técnicos paramédicos debidamente capacitados para su desempeño en pabellones quirúrgicos".

Por esa razón, el recinto deberá informar a la Contraloría Regional respecto a los recursos humanos que necesita para utilizar la totalidad de los mismos.

Servicio de salud

Tras ser consultado por el documento, desde el Servicio de Salud Atacama se informó que se "ha proporcionado la información requerida y firmó un convenio con la finalidad de poner en marcha un plan de trabajo para dar cumplimiento a las medidas observadas por dicho organismo, el cual se encuentra en pleno proceso de ejecución".