Un conductor de Uber resultó herido la madrugada de ayer tras recibir dos disparos efectuados por un carabinero en el aeropuerto de Santiago.

El hecho ocurrió cuando el uniformado efectuó un control vehicular por transporte irregular de pasajeros, al que el conductor se resistió intentando eludir la fiscalización.

El conductor, identificado como Roberto Muñoz (21), grabó la escena con su teléfono, video que muestra al carabinero pidiéndole que baje del vehículo. "¡Sal. Me estás deteniendo ilegalmente, córrete", le grita el conductor, luego de que bajaran dos pasajeros, y continuó avanzando lentamente hasta que el uniformado disparó.

Muñoz fue trasladado el Hospital El Carmen y fue formalizado quedando con arraigo nacional y prohibición de acercarse al carabinero. La Fiscalía dio 60 días para la investigación. El uniformado, en tanto, resultó lesionado en una pierna y fue trasladado al hospital de la institución.

El jefe del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, mayor Diego Rojas, comentó que "nosotros no queremos herir o matar a nadie, pero estamos para hacer cumplir la ley". "El conductor, sea cual sea, tiene la obligación, según el artículo 192 y 6 de la ley de Tránsito, de entregar sus documentos y someterse al procedimiento en una fiscalización. Su negativa fue cuando se le dijo que tendríamos que retirarle el auto", explicó, agregando que "la ley nos faculta a responder en defensa de uno o una tercera persona".

Respaldo del presidente

El Presidente Sebastián Piñera respaldó el actuar del funcionario. Durante la inauguración de una comisaría en San Bernardo, el Mandatario expresó que "nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención, un control de tránsito, un control de vehículo o de identidad, porque esa es una facultad que tienen nuestros Carabineros".

"Mucho menos pretender atropellar a un carabinero, como ocurrió hoy en la mañana en el aeropuerto de Santiago", agregó.

Regulación de servicios

El incidente reabrió el debate por la falta de regulación de servicios como Uber y Cabify. Los diputados de la comisión de Transportes de la Cámara hicieron un mea culpa, reconociendo una lenta tramitación del proyecto que se encuentra en esa instancia desde octubre de 2016.

Carolina Collins

Hasta la diócesis de Rancagua y el Tribunal Eclesiástico, en Santiago, llegaron ayer efectivos del OS-9 de Carabineros a incautar antecedentes en el marco de la investigación abierta por las denuncias de abusos sexuales por las que la Iglesia Católica ya ha suspendido a 14 sacerdotes.

Las diligencias se iniciaron en la diócesis de Rancagua, hasta donde llegó el fiscal Sergio Pérez con una orden de entrada y registro emitida por el Tribunal de Garantía de Pichilemu.

Esto a raíz de las denuncias contra un grupo de sacerdotes de la región agrupados en una cofradía que se hacía llamar "La Familia", acusados de comportamiento impropio y en algunos casos de abusos de menores.

El allanamiento

En paralelo, el fiscal Emiliano Arias llegó hasta el Tribunal Eclesiástico de Santiago, donde comentó que "en Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria, todos, todas las personas".

Tras la diligencia, Arias explicó que "se trata de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. En este caso, es importante destacar que aquí existe acción penal pública. Esto es, yo no necesito una denuncia de la persona, como podría ser un delito sexual contra un mayor de edad". "El objeto de estas diligencias es pesquisar delitos contra menores de edad que en este caso aún no estén prescritos", añadió.

Según La Tercera, Arias solicitó en el Arzobispado de Santiago todas las investigaciones realizadas desde 2007 por parte de la Iglesia que involucren denuncias de abusos contra menores de edad por parte de sacerdotes de Rancagua o de cualquier lugar.

El fiscal Arias explicó que la prescripción de los delitos contra los menores de edad no se cuenta desde la comisión de hecho, sino desde que la víctima cumple los 18 años". Y detalló que también podrían ser investigados casos prescritos que "podían ser interrumpidos en su prescripción por la comisión de un nuevo delito".

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, también llegó hasta el lugar y afirmó que "el arzobispado de Santiago entregó al señor fiscal toda la documentación solicitada". "Reiteramos la disponibilidad de colaborar con la justicia civil en todo lo que sea requerido", agregó.

Reunión con fiscales

Las diligencias se produjeron en medio de la misión papal en Chile del arzobispo de Malta monseñor Charles Scicluna y el sacerdote español Jordi Bertomeu.

Ambos arribaron al país en martes y se espera que escuchen nuevos testimonios de los casos Karadima, de los Hermanos Maristas y ahora el de Rancagua.

En ese contexto, Scicluna se reunió ayer con el fiscal nacional, Jorge Abbott, y con los persecutores regionales Raúl Guzmán (Fiscalía Metropolitana Sur), Arias (O'Higgins) y Mauricio Richards (Maule), para abordar las investigaciones que lleva cada uno.

Tras la cita, el jefe del Ministerio Público detalló que "hemos compartido con Monseñor Scicluna la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile para efectos hacer avanzar las investigaciones y poder establecer quienes son los responsables e instar por el castigo de los mismos".

Abbott dijo que hay un compromiso de "mayor colaboración" y que la Fiscalía implementará un "sistema de relacionamiento" para acoger a los denunciantes de este tipo de casos.