Alejandro Núñez
Continúa la investigación por el delito de malversación de caudales públicos, fraude al Estado y sus organismos por los dineros La Subvención Escolar Preferencial (SEP) en Copiapó. Esta vez la Fiscalía obtuvo la aprobación para revisar los computadores del área de administración y educación por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI).
En la solicitud presentada al juez de garantía, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Copiapó, Luis Miranda argumentó que el antecedente que funda la querella se refiere a la investigación de la Dirección de Administración de Educación Municipal, en de junio de 2011 por parte de la Contraloría General de la República respecto de las cuentas corrientes de remuneraciones y de subvenciones especiales, donde se ingresan y ejecutan los gastos respectivamente correspondientes a la ley SEP, en donde se detectó un faltante de fondos de más de mil cien millones de pesos.
Cabe recordar que anteriormente se había aprobado el alzamiento del secreto bancario para saber quiénes firmaron poderes, giraron cheques y hasta quien realizó transferencias electrónicas. En total son dos las cuentas que investigó la Fiscalía.
Impresiones
El alcalde de Copiapó, Marcos López indicó que entregó la información solicitada por parte de la Fiscalía. "Acá ya hay en tribunales un informe respecto de lo que es el punto de vista e informe de la PDI donde hay 1.931 millones de pesos que no se conoce su destino y que fueron movidos de una cuenta a otra", comentó el edil.
El presidente del Colegio de Profesores de Copiapó, Carlos Rodríguez desde el 2014 que lleva denunciando el desorden a nivel administrativo con los dineros SEP en la municipalidad. El docente sostuvo que "esto que bien que sucede y es lo que se tienen que hacer para salvaguardar los recursos SEP que llegan a los niños más vulnerables de la comuna, pero el gran problema es la tardanza de esto".
Investigación
Cabe recordar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la acción judicial presentada el 2012 por los dineros de la Subvención Escolares Preferenciales (SEP) de Copiapó. El organismo había direccionado la querella criminal de la causa contra el ex jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem), Raúl Ortiz; el jefe de Finanzas del Daem, Mauricio Poblete; ex director de Administración y Finanzas Municipal Felipe Barril y el exalcalde de la comuna Maglio Cicardini.
Fue el Juzgado de Garantía de Copiapó, el 3 de octubre de 2017, el que declaró admisible la ampliación de la querella contra las cuatro personas mencionadas y todos los que resulten responsables penalmente en el curso de la investigación que se lleve a efecto por el delito de malversación de caudales públicos, como el delito de fraude al Estado y sus organismos.