Alejandro Núñez

L uego de más de tres años de los aluviones que afectaron a cinco de las nueve comunas de la región de Atacama, un total de 35 familias continúan arrendando a través de un subsidio entregado por el Gobierno mientras esperan una solución habitacional definitiva.

Según información de la Seremi de Desarrollo Social, hasta el listado del mes de febrero de este año, hay 20 subsidios en Copiapó, 10 en Chañaral, 3 en Diego de Almagro, uno en Tierra Amarilla y uno en Alto del Carmen. Se debe señalar que mensualmente los beneficios van caducando y eso se va revisando por el Ministerio del Interior en Atacama, en consulta al nivel central.

El subsidio de apoyo al arriendo se entregó en un monto fijo que oscila entre $150.000 y $300.000. En total durante la catástrofe se destinó este beneficio para 221 familias y hace un año la cifra llegaba a las 79 familias.

El seremi de Desarrollo Social, Raúl Martínez explicó sobre el tiempo que entregarán este subsidio que "eso lo determina el nivel central, mientras se dispongan los recursos, el beneficio se mantiene activo hasta que el beneficiario obtenga la solución del Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) o deje de mantener su calidad de damnificado sin solución o incumpla algún requisito".

En cuanto a los gastos destinados por las catástrofes de 2015 y 2017, desde Desarrollo Social indicaron que se han pagado en el ítem "Enseres y vestuario y acogida y arriendo" a la fecha $13.654.883.167. Vale destacar que el ente pagador es el Ministerio del Interior, y no el Ministerio de Desarrollo Social. Además se suma el pagos de "Bono de habitabilidad emergencia" a mayo 2017 por $646.500.000.

Criterios

Sobre cómo se jerarquizaron las personas que recibirían el beneficio, el seremi puntualizó que durante la emergencia 2015 se realizó la Encuesta Familiar Única de Emergencia (EFU) que fue derivada al Ministerio del Interior que analizó la disponibilidad económica para entregar la ayuda y a quienes.

Posteriormente todos los antecedentes fueron traspasados a la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) que permitió tener la información en una base de datos digital. Esto permitió ordenar los casos según la gravedad.

Desafíos

La autoridad adelantó que el mayor desafío que se le viene en el corto plazo es la eliminación de los barrios de emergencia. El pasado fin de semana se comenzó con un catastro de las familias que viven en los asentamientos y que en una primera instancia superarían las 500 personas.

A pesar lo anterior, Martínez enfatizó que del total aproximadamente el 20% de estos son afectados de los aluviones.

"Hay personas que se han tomado las casas que dejan otras familias que dijeron irse de la ciudad, quisieron vivir con sus familiares o consiguieron una casa en mejores condiciones", dijo.

Parlamentarios

Por su parte, el diputado Nicolás Noman indicó que la falta de vivienda es un problema que "todo sabemos y tenemos que hacernos cargo de la realidad". La autoridad recordó que hay un déficit de más ocho mil viviendas en la región.

"Las familias afectadas por los aluviones llevan esperando tres años y creo que es bastante. Además los recursos que gastan al mes son bastante y tenemos que buscar una solución. Hay que empezar a trabajar en planes habitacionales", recalcó.

El político adelantó que en las próximas semanas se va constituir la Comisión Investigadora por los recursos de la reconstrucción y los cuestionamiento por los 500 millones de dólares que habrían sido restados del presupuesto original.

En tanto, el diputado Juan Santana apuntó al centralismo al momento de hacer políticas públicas como en el contexto de la reconstrucción. "Esto perjudica fundamentalmente el funcionamiento de los gobiernos locales y esto porque deben realizarse una serie de procedimientos y trámites administrativos para poder llevar adelante soluciones para la población".

Reconoció que hubo problemas con la reconstrucción con los tiempos. "Los arriendos responde a la incapacidad que hemos tenido como Estado para darle solución a las familias a tres años de los aluviones".

El político también criticó que el Gobierno no ha presentado ningún proyecto y utiliza como argumento el tema de la reconstrucción.

"Las familias afectadas por los aluviones llevan esperando tres años y creo que es bastante. Además los recursos que gastan al mes son bastantes y tenemos que buscar una solución".

Nicolás Noman, Diputado"

20 subsidios en Copiapó, 10 en Chañaral, 3 en Diego de Almagro, uno en Tierra Amarilla y uno en Alto del Carmen hay esta la fecha según información del Desarrollo Social.

646 millones de pesos es el costo por concepto de pagos de "Bono de habitabilidad de emergencia".

Una visita protocolar a las operaciones de minera Candelaria en Tierra Amarilla realizó la ministra de Minería de Ecuador, Rebeca Illescas.

La autoridad, acompañada por el embajador de Ecuador en Chile, Homero Arellano; el seremi de Minería de Atacama, Felipe Carrasco y una comitiva de funcionarios, fue recibida por ejecutivos de la compañía.

En la oportunidad, la ministra recibió información sobre la gestión desarrollada por minera Candelaria en los ámbitos de seguridad, medio ambiente, impacto socioeconómico y desarrollo comunitario, entre otros.

Del mismo modo, tuvo la oportunidad de conocer las principales actividades productivas que se desarrollan en el rajo mina, la planta concentradora y el proyecto TSF "Los Diques".

Al finalizar la actividad, la ministra Illescas indicó que "para nosotros es importante hace este tipo de visitas, somos un país que tiene muchas oportunidades para el desarrollo de la minería y hemos venido a ver en terreno el uso de tecnologías, materias de seguridad industrial, temas ambientales y cómo opera Lundin en este importante yacimiento de Candelaria. Nos llevamos una excelente visión del trabajo que hacen, sobre todo en materia de resultados en los ámbitos técnicos, sociales y ambientales".