Las declaraciones que pusieron "en jaque" al alcalde suspendido de Tierra Amarilla
INDAGATORIA. El Juzgado de Garantía determinó la medida cautelar de prisión preventiva para quien fue elegido por votación popular como alcalde en 2016.
Las declaraciones de los familiares del alcalde de Tierra Amarilla quien está suspendido de sus funciones fueron cruciales para que la Fiscalía pudiese formalizar cargos en su contra por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco.
La trama de la historia comenzó a principios de 2016 tras la constitución de la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal Comunal, Cultural y Productivo de Tierra Amarilla (Cordeta), la Contraloría General de la República elaboró un informe que reveló no solo la conformación del organismo, sino también un contrato con una empresa que no se sabe si es que realmente existió.
El directorio de la Cordeta estaba encabezado por el alcalde de la época, actualmente suspendido de sus funciones, además de otros dos funcionarios municipales e imputados en estos hechos. Uno de ellos, renunció al cargo el 27 de febrero de 2016.
La investigación de la Fiscalía, como primer término, indagó el irregular nombramiento de la secretaria ejecutiva de la Cordeta, cargo en que fue designada la cuarta imputada en este caso y quien es sobrina del alcalde imputado. En enero de 2016 se suscribió un contrato de trabajo, fijándose una remuneración mensual de 3 millones de pesos líquidos, más un bono trimestral de un millón y medio de pesos por cumplimiento de obligaciones. Su nombramiento contravino lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, por su parentesco.
Paralelamente, desde el municipio se concretó el traspaso de un monto de 250 millones de pesos a la Cordeta, cuyo origen del dinero correspondía al presupuesto anual de dicha municipalidad para ese año.
Según lo informado por el fiscal en la audiencia, en marzo del año 2016, la Cordeta firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa Likar SpA por un monto de $214 millones por el plazo de diez meses, el cual se refería a servicios de aseo, seguridad y apoyo técnico y soporte informático. Contratación que no se enmarcó al convenio entre la municipalidad y Cordeta, ya que los aportes traspasados sólo podían tener fines específicos y con beneficios para la comuna, en el ámbito cultural y productivo. En la indagatoria se estableció que el giro de dicha empresa, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, correspondía a "obras menores" y "servicios de comida preparada". Además, la dirección de funcionamiento informada por la entidad, correspondió finalmente a un sitio eriazo de la comuna de Tierra Amarilla.
También se determinó que el propietario de la empresa, uno de los imputados en esta causa, era un ex funcionario de la municipalidad y ex socio de la Cordeta, quien renunció a su cargo el 27 de febrero. El contrato de prestación de servicios entre Cordeta y Likar SpA es de fecha 1 de marzo de 2016, tan solo dos días después de la renuncia efectiva del funcionario en el directorio de Cordeta.
Familares
El tercer hecho investigado, está relacionado con que la empresa indagada contrató a doce personas, a petición del alcalde de la época ocho de ellos eran sus familiares directos, quienes prestaron declaración ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, manifestando que no firmaron ningún documento contractual y tampoco recibieron liquidaciones de sueldo, mientras que sus pagos eran obtenidos en dinero en efectivo y en sobres cerrados. Empleados de quienes no se ha logrado aún establecer qué tipo de servicios llevaron a cabo.
Estas declaraciones fueron fundamentales en la indagatoria y forman parte de la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de los cuatro imputados.
Uno de los familiares, señaló que "el motivo principal de la realización del contrato con Likart fue que el alcalde no podía contratar directamente a sus familiares, por ello solicitó que se hiciera bajo esta modalidad, y que las órdenes e instrucciones las impartía directamente el administrador municipal.
Otro familiar del alcalde de la época, manifestó ante la policía que el alcalde le pidió que se contactara con dicha empresa, fue así como la contrataron "con una remuneración mensual de $1.037.358, señalando la mencionada que nunca trabajó en Cordeta, sino que en la municipalidad directamente como secretaria".
Uno de los tíos aseguró a la policía que se le contactó para que trabajara en la empresa Likar, "arreglando pequeños desperfectos en las instalaciones de Cordeta, llaves de lavamanos, gasfitería, aseo, jardinería, siendo su remuneración mensual la suma de $637.348".
Otro de los contratos fue el de un prevencionista de riesgos, quien es sobrino del alcalde, el que recibía un sueldo de $1.400.000 más imposiciones, quien señaló ante la policía que "el sueldo se le pagaba vía transferencia o en dinero en efectivo en un sobre, agregando no tener copia de su contrato de trabajo ni de sus liquidaciones de sueldo, las que señala haber botado.
La Fiscalía formalizó el lunes al alcalde de la época, en contra de quien se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. Solicitud a la que accedió el juez de turno, ordenando su ingreso a la cárcel local fijando además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Mientras que los otros tres imputados que no se presentaron a la audiencia, serán notificados para una nueva cita fijada para el 30 de mayo en el mismo Tribunal.
Finalmente, el juez de turno prohibió publicar el nombre del imputado que acudió a la audiencia.
Final de la audiencia
Al final de la audiencia, luego de conocer que el imputado quedaría en prisión preventiva, uno de los hermanos del imputado gritó que "pa que hacen ese daño, esta es una hue... política. Usted lo sabe señor juez, la historia va a saber, cuando yo sea alcalde, senador, diputado, se lo voy a enrostrar..."
El alcalde está suspendido de sus funciones por una condena de 700 días por calumnias e injurias con publicidad.