"Esa noche mi madre no durmió pensando que iba a hacer de su vida postrada". Con esas palabras una mujer recordó el que dice fue el sufrimiento emocional de su madre de 76 años, quien -según denuncia- recibió una información errónea de un kinesiólogo que le informó que si no se hacía sesiones terminaría en una cama.
La pobladora tiene 76 años, es una mujer activa y participa en una Unión Comunal de Adultos Mayores, donde en diciembre del año pasado fue a una actividad en la que conoció a un kinesiólogo que les ofreció una evaluación gratuita en Diagnocentro. "Mi madre con sus amigas del taller literario fue los primeros días de febrero, la evaluó una doctora y le entregaron órdenes médicas de radiografía y un examen donde tenía que soplar", explicó la mujer que prefiere no dar su nombre.
El 22 de febrero, la paciente llegó con los exámenes y la médica la derivó donde el kinesiólogo. "Le dijo "estas echa plomo vieja", tienes que hacerte estas terapias porque o si no, quedarás postrada en la cama", señaló.
Se trataba de diez prestaciones de atención kinesiológica. Ante ello, la señora de 76 años estuvo afectada emocionalmente y conversó el tema con una de sus hijas. "Ella estuvo esa noche sin dormir, es viuda, vive con mi hija (...) No quería complicarnos la vida, mi hermana la encontró rara y ella le contó todo. Entonces le dijo ´tú caminas mucho, bailas cueca mucho, andas todo el día haciendo cosas´. Por ninguna parte se veía que tuviera algún daño", dijo.
Para salir de dudas, una de las hijas de la mujer consultó a otro traumatólogo, quien le informó que "tenía el desgaste normal de una mujer de 76 años y que no era necesario una terapia".
Sin embargo, su madre ya había comprado unos bonos para atención y decidieron ir a Fonasa para devolverlos, eran unos cuatro que en total hacían la suma de 40 mil pesos. Además, era la oportunidad de dar a conocer lo que su mamá había vivido debido a lo señalado en el centro de salud privado. La sorpresa fue que su madre supuestamente había adquirido otros bonos de atención.
"Nosotros hablamos con la fiscalizadora de Fonasa para devolver los bonos e ingresa en pantalla el rut y nos dijeron que ella ya se atendía con el kinesiólogo y en una relación de bonos, había 44 bonos adquiridos de prestaciones", dijo.
Superintendencia
La afectada decidió acudir a la Superintendencia de Salud, primero por el daño emocional, que dijo, sufrió la adulto mayor. Además, en el reclamo se plasmó que hubo bonos que ella no utilizó. "El 5 de marzo, recibimos una denuncia de una usuaria donde manifiesta que a su mamá le realizaron una serie de prestaciones con error en el diagnóstico. Además, en su escrito hace alusión a bonos utilizados a nombre de ella que no corresponderían", explicó Gustavo Rojas, agente regional de la Superintendencia de Salud.
Debido a los antecedentes, el organismo presentó la denuncia en el Ministerio Público, se emitió una copia a Fonasa y también a la Autoridad Sanitaria.
Respecto al caso, Rojas fue enfático en señalar que "nosotros no hemos hecho un juicio a si efectivamente hubo un delito, sino que el Ministerio Público tendrá que investigar si esta denuncia es efectiva o no".
Fonasa
Por su parte, Elba Varas, directora zonal norte de Fonasa manifestó que "luego de recibir los antecedentes emitidos por la Superintendencia de Salud, la Dirección Zonal Norte de Fonasa se encuentra en un proceso de fiscalización que permitirá determinar eventuales faltas".
Agregó que "como se trata de un proceso de fiscalización en curso, como institución no es factible entregar mayores antecedentes, solo mencionar que desde la fecha de iniciada la fiscalización, el centro médico Diagnocentro y el profesional se encuentran bajo la medida de suspensión hasta que se cierre el proceso".
Seremi de salud
Consultada la seremi de Salud, Lilian Sandoval, respecto a la denuncia informó de manera escrita que el centro no cuenta con la autorización para funcionar. "Conforme a los antecedentes existentes en esta Autoridad Sanitaria el establecimiento Diagnocentro, a través de su representante legal, presentó durante noviembre de 2017 su solicitud de sala de procedimientos no invasivos que a esta fecha no se encuentra emitida, en atención a la necesidad de complementar la documentación requerida y, posteriormente, observaciones efectuadas por profesionales de esta institución en la visita de rigor, que aún no han sido subsanadas. En consecuencia, el establecimiento no está autorizado sanitariamente".
Además, se señaló que "conforme a nuestros registros no se han instruido sumarios sanitarios, como tampoco se han recepcionado ni formalizado denuncias por parte de personas naturales en contra del establecimiento en cuestión".
La Superintendencia de Salud emitió la información de la denuncia contra el recinto a la Seremi de Salud el 6 de marzo, a pesar de ello, Diagnocentro sigue funcionando normalmente.
Diario Atacama consultó al jefe de gabinete de esta repartición, para saber si recibieron antecedentes de algún organismo por el funcionamiento del centro y se señaló que esos datos se piden por Ley de Transparencia.
Fiscalía
Debido a la información emitida por la Superintendencia de Salud, la Fiscalía confirmó que recepcionó una denuncia "en relación a los hechos mencionados. Frente a ello, como primera diligencia se citó a la denunciante para indagar respecto de la existencia o no de un hecho punible, y así continuar con el proceso de investigación y posibles nuevas diligencias".
Desde la institución se indicó que "dicha causa está en una etapa reciente y aún no judicializada, pero su estado es vigente y la Fiscalía está indagando lo ocurrido".
Diagnocentro
Diario Atacama concurrió al recinto privado de salud, desde donde se informó que se contactarían con este medio, sin embargo no hubo una versión por el caso hasta el cierre de esta edición.
"En su escrito (la afectada) hace alusión a bonos utilizados a nombre de ella que no corresponderían"
Gustavo Rojas, Agente Zonal, Superintendencia de Salud"
Fiscalización de Fonasa
Desde Fonasa se informó que las fiscalizaciones tienen como fin cuidar y comprobar que se proceda con apego a la ley, a las normas y a los convenios. El proceso de fiscalización puede concluir en la confirmación de cumplimiento, con apego a la ley, a las normas y a los convenios, en cuyo caso se efectúa cierre y se comunica el resultado al fiscalizado. Por otro lado la fiscalización puede confirmar el incumplimiento a la ley, normas y convenios, lo que da pie para el inicio de un proceso administrativo al prestador por probable infracción. En este caso el prestador fiscalizado es notificado de cargos y tiene la oportunidad de aportar los antecedentes o pruebas que aclaren o desvirtúen los cargos formulados, o con la aplicación de medidas administrativas y/o sanciones, tales como amonestación, suspensión de convenio entre uno y 180 días, multas de una a 500 UF a beneficio fiscal, reintegros de dinero, cancelación de convenio.
