Valentina Olivares Licuime

El debate por las condiciones de los niños y jóvenes, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, es creciente en el país luego de la reciente conformación de la Comisión de Infancia por el Presidente Sebastián Piñera. Al margen de las críticas planteadas por los representantes de los partidos de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio que surgieron debido a que consideran que dichas instancias de diálogo deben generarse en el Congreso, actores locales de la región de Atacama analizaron las propuestas de la iniciativa.

Estas contemplan modificar la Ley de Adopción, dividir el Servicio Nacional de Menores (Sename) en dos organismos (para infractores de ley y protección de la infancia), crear el acceso universal a sala cuna. Además, incrementar en 25% la subvención a menores de edad en contexto de riesgo.

Responsabilidad de todos

En la región de Atacama, los organismos colaboradores (Ocas) del Sename en Chañaral y Freirina son los respectivos municipios, la residencia de Vallenar está administrada por la Oca Gabriela Mistral y, en Copiapó, el centro Nazareth es tutelada por la Fundación IEP. Las principales Ocas de Atacama son las mencionadas, además de Prodel y Renasci. Por lo demás, en la zona hay más de 50 programas ambulatorios que también son gestionados por las Ocas.

Wilson Arias, director técnico de la Fundación IEP (Instituto de Educación Popular) organización social dependiente del Obispado de Copiapó que trabaja hace dos décadas con Sename, manifestó respecto a los planteamientos de la comisión que "no es nada nuevo. Yo creo que el diagnóstico está claro, todo el mundo sabe, principalmente los técnicos, que hay una carencia de recursos importante para invertir en servicios de buena calidad. El tema ha sido que en estos años no ha habido voluntad política. Los recursos es uno de los temas, hay muchos más, pero este último es muy importante porque si recibimos baja subvención no podemos contratar a profesionales de alta calidad y especializados, que no trabajarán por sueldos bajos".

Arias precisó que "los recursos son un punto de partida, pero hay otros problemas en relación a Sename como institución, que tiene tres grandes líneas que son infractores de ley, ámbito proteccional y adopción, que son ámbitos distintos. Por tanto, lo primero que hay que hacer es dividir la institución, que es clave para mejorar la situación".

Además, el profesional agregó que "por lo general, se responsabiliza a Sename de lo que sucede con los niños, cuando en realidad es del Estado de Chile. La responsabilidad es de todos, el cambio cultural también tiene que ser a nivel de las instituciones, para asumir que la infancia debe ser prioritaria, que a un niño no se le debe hacer esperar para una atención psiquiátrica, intervención médica o expulsarlo de una escuela. Los niños que tienen dificultades, el sistema en vez de acogerlos, los margina".

En tanto, Bernard Cazaudehore, director de Imagina, Programa Especializado en Explotación Sexual y Comercialización Infantil y Adolescente (PEE) de la región, comentó que "el aumento de recursos significará una mejora en una serie de aspectos, sin embargo esto en ningún caso va a paliar los problemas que existen debido a las deficiencias estructurales que tiene el sistema de protección de la infancia en Chile. Además, no tiene ningún sentido el aumento sin una debida fiscalización, que pudiese también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sobre todo de los tercerizados".

Asimismo, el encargado de la entidad colaboradora del Sename y perteneciente a la Corporación Prodel, aseveró en relación de la división de la institución pública que "en la inmediatez, producirá una mejora en centros residenciales donde hay adolescentes infractores de ley y otros que están netamente por vulneración de derechos. Pero en una mirada más global, lo único que se logrará en separar a los infractores es establecer el sendero para que continúen un camino de delincuencia. Estamos criminalizando derechamente a un grupo de niños, jóvenes y adolescentes. Pero no hay que olvidar que pese a sus acciones, todos fueron vulnerados de una u otra forma".

Por su parte, Lilian Córdova, coordinadora zonal de Atacama de la Corporación Opción que trabaja por la promoción, protección y apoyo en la restitución de derechos de niños y adolescentes, explicó que "la creación de la comisión es una instancia que permitirá aunar criterios para llegar a un acuerdo en materia de infancia, facilitando el trabajo legislativo, y sentando las bases para avanzar en un cambio cultural. Para la gobernanza de la política pública en infancia se requieren al menos cuatro niveles de garantía: las normativas, institucionales, las programáticas y financieras".

Finalmente, Elías Uribe, docente y psicólogo clínico y forense con vasta experiencia en infancia vulnerada, señaló que "es muy bueno que se ponga el acento en una problemática tan sensible como es la infancia. Es algo que está necesitando el país, por lo que nadie puede restarse. Aunque en otro momento se deberá precisar si estas medidas son adecuadas, tienen que ser mejoradas o incluso rechazadas". Además, Uribe declaró que "por fin podemos decir que la infancia vulnerada está siendo prioridad para el Gobierno, que no es un tema nuevo sino que es un problema que tenemos como Estado, ni político, ni partidista".

Sala cuna universal

Lograr el acceso a sala cuna y una educación parvularia (pre kinder y kinder) obligatoria y universal, es otro de los planteamientos que se desarrollarán en la Comisión de la Infancia que tiene un plazo de 60 días para presentar un primer informe.

En la actualidad, en la región 13.882 párvulos están en edad de asistir a jardines infantiles, de acuerdo a antecedentes proporcionados por la Junji Atacama. De la totalidad de la cifra, en el 2018 la tasa de cobertura de la entidad es del 32% que corresponde a 4.888 niños.

En tanto, desde la Fundación Integra indicaron que el año pasado en la región atendieron a 2210 niños y niñas, de estos 610 son lactantes, es decir de sala cuna, y 1600 niños corresponden a párvulos.

Marcela González, psicóloga, asesora de porteo en la capital regional y madre, afirmó sobre la iniciativa que "si las mujeres tuvieran la posibilidad de que la atención fuera gratuita y para todos, muchas volverían a trabajar tranquilas, porque no tendrían el peso del gasto que conlleva". Por otra parte, la profesional también dijo que el beneficio de la asistencia de un párvulo de manera temprana es "cuando se comienzan a relacionar, estimular y tener rutinas les hace bien, de todas formas. Más aún cuando están con profesionales idóneos, con capacitaciones constantes en temáticas de infancia".