El concejero regional por Atacama, Fernando Ghiglino (RN), manifestó mediante un comunicado de prensa su oposición respecto a las declaraciones del seremi MOP, César González, en materia de gastos e inversión pública durante el 2017.

En la oportunidad, Ghiglino instó a que las autoridades terminen con "anuncios truchos" y los "ofertones de última hora", a un mes de que asuma la presidencia Sebastián Piñera.

"El MOP nos ha informado que invirtió 335.416 millones de pesos en estos cuatro años, y también se nos dijo que durante el mismo período una empresa privada gastó 232.800 millones para construir la doble vía que conecta a Vallenar con La Serena. Si sumamos unas con otras, tenemos alrededor de 600 mil millones de pesos. Ese monto, transformado a la moneda americana, arroja la ostentosa cantidad que muy contento anunció el seremi por los medios de comunicación, pero no es más que una fantasía muy distante de la realidad", expresó Ghiglino.

Cabe mencionar que a partir de las cifras entregadas desde la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, integrantes del Consejo Regional solicitaron un informe para conocer el detalle de los anuncios revelados por diversos medios de prensa, debido a que la realidad de las obras y la inversión desarrollada no coincidiría con los datos proporcionados por la misma autoridad regional de la cartera.

Porque, de acuerdo a declaraciones del consejero, el presupuesto promedio anual del MOP asciende a $60 mil millones aproximadamente, cifra no reflejaría los avances ejecutados a propósito del proceso de reconstrucción, también dados a conocer por el seremi del ámbito. "En cuatro años han recibido $240 mil millones. Si sumamos y restamos lo que el MOP gastó durante este período (los 335 mil millones anunciados más los 240 mil,) nos encontramos con que hay $95 mil millones de diferencia, es decir, un promedio de 40 millones de dólares extra para atender la catástrofe que sufrimos en Atacama", agregó Fernando Ghiglino.

Finalmente, Ghiglino enfatizó que continuará fiscalizando la veracidad de los anuncios del seremi.

Valentina Olivares Licuime

La Ley de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad está cada vez más próxima a entrar en vigencia, debido a que recientemente la Contraloría General de la República aprobó la reglamentación correspondiente a la normativa.

La implementación de la iniciativa significará un desafío para empresas privadas e instituciones públicas de la región de Atacama y el país. Asimismo, para la formación escolar y profesional de dicho sector de la población.

Lo anterior, debido a que la legislación contempla que en cada entidad con 100 trabajadores deberán contratar al menos al 1% con discapacidad.

Contexto

En la región, según antecedentes del Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, 52.122 personas de Atacama presentan discapacidad física o motora, intelectual y/o psíquica. La cifra representa el 19,2% de la población del territorio local.

Respecto al contexto laboral, Andrea Elgueta, directora regional de Atacama del Servicio Nacional Nacional de la Discapacidad (Senadis), explicó que "la Ley viene a hacer justicia social con las personas en situación de discapacidad mental, ya sea de causa psiquiátrica o intelectual, porque antes de la aprobación de la normativa recibían su remuneración según lo que considerara pertinente el empleador, ni siquiera considerando un ingreso mínimo mensual por 44 o 45 horas de trabajo".

Asimismo, Elgueta comentó que "hoy podemos decir que todas las personas en situación de discapacidad tendrán la posibilidad de participar de procesos de selección y recibir una remuneración adecuada al puesto de trabajo".

Sobre los desafíos de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, la máxima autoridad de la entidad pública afirmó que en la región no existen talleres laborales protegidos, donde personas perciban un pago por el trabajo y las horas desempeñadas.

Por otra parte, Elgueta señaló que al observar el contexto de manera más profunda, la educación especial no es homologable a la formación regular, por tanto, las personas egresan a los 24 o 26 años de establecimientos diferenciales con algún oficio que, muchas veces, no tiene una calificación determinada para encontrar un trabajo.

"Un tema no menor es entregar herramientas que las personas realmente quieran desarrollar, según sus propósitos en la vida, porque hoy día no podemos estar generando cursos estandarizados para quienes, tal vez, no tienen las mismas necesidades que nosotros pensamos. Lo que es no tener un enfoque de derechos hacia las personas en situación de discapacidad", concluyó Elgueta.

Cabe mencionar que en Atacama, el 2004 comenzó a funcionar un programa de intermediación laboral, ejecutado como Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis), actual Senadis, donde se evaluaba a personas en situación de discapacidad que buscaban un puesto laboral y, en contraparte, se analizaba la plaza ofrecida por las empresas.

La iniciativa fue desarrollada hasta el 2013, fecha cuando se reemplazó por un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que tiene por finalidad fortalecer la empleabilidad de personas en situación de discapacidad a través de las Oficinas Municipales de Información Laboral (Omil).

Experiencia

La legislación que entrará en vigencia a principios de abril, plantea una reestructuración para las empresas e instituciones, pero también para los establecimientos educacionales y formativos dirigidos a personas en situación de discapacidad.

"Para nosotros la Ley de Inclusión es un gran desafío que se nos presenta, porque a nuestros alumnos se les abren puertas para ser parte de la sociedad. Nosotros estamos expectantes de los beneficios que traerá para nuestros alumnos, donde jugamos un rol importante en la capacitación que tenemos que hacer en todo el proceso de la transición a la vida adulta", aseveró Patricia Suazo, directora de la Escuela Especial "Los Conejitos" de la Fundación Coanil.

"Los Conejitos" proporciona educación en Copiapó a niños y jóvenes con discapacidad intelectual desde los 4 hasta 26 años, en distintos niveles. A partir de los 16 años están en el área laboral.

Durante el 2017, capacitaron a través de Sence a un grupo de alumnos en un curso de auxiliar de mucama, de los cuales 6 realizaron su práctica profesional en los hoteles Antay, Chagall y Diego de Almeida. En marzo, esperan retomar la iniciativa para que los alumnos logren forman parte del equipo de trabajo de las empresas.

Porque, "no porque la ley nos exija tenemos que integrar a una persona con discapacidad, sino porque sí tienen capacidades", precisó Suazo.

Desde el establecimiento indicaron que brindan charlas de sensibilización a la comunidad para informar y derribar mitos sobre la discapacidad.

"Hoy podemos decir que todas las personas en situación de discapacidad tendrán la posibilidad de participar de procesos de selección y recibir una remuneración adecuada al puesto de trabajo".

Andrea Elgueta, Directora regional de, Senadis Atacam,a"

"Para nosotros la Ley de Inclusión es un gran desafío, porque a nuestros alumnos se les abren puertas para ser parte de la sociedad. La idea es que ellos tengan más oportunidades en la vida y esta es la oportunidad".

Patricia Suazo, Directora de la Escuela, "Los Conejitos" de Coanil"

de abril comenzará a regir la Ley de Inclusión Laboral en el país. 1

De la población de la región presenta algún tipo de discapacidad. 19,2%