Matías Jullian Velásquez

La Presidenta Michelle Bachelet recibió ayer en La Moneda a los rectores del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) para analizar el proyecto de Ley de Educación Superior, el que tras ser aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados quedó listo para ser promulgado.

Tras la cita, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, valoró positivamente el proyecto que, entre otras cosas, establece la gratuidad universal, la acreditación obligatoria de los planteles y un nuevo marco jurídico para las universidades del Estado

"Pienso que es un gran triunfo para Chile, es un hito, es un reencuentro con una tradición que nos marca desde nuestro nacimiento como república, que es tener una universidad estatal y que representa pensar a Chile, incorporar a todos los sectores sociales, políticos y religiosos, en torno al concepto de universidad pública", dijo Vivaldi.

Durante el encuentro con la Mandataria, si bien los rectores mostraron un ánimode celebración, también surgieron dudas respecto a la aplicación de esta nueva ley, que se llevará a cabo durante el Gobierno del Presidente electo, Sebastián Piñera.

Según el rector de la UCh, con esta nueva ley se abre la posibilidad de "cohesión social, de preocupación por el desarrollo del país a nivel nacional y regional", metas que "cualquier nación tiene", asegurando que es un "punto de partida" para seguir conversando sobre el rol de las universidades estatales.

"Yo diría que quizás hay que implementar cosas y que cuando estas cosas que vayan implementando van a surgir nuevas preguntas", agregó.

Vivaldi, eso sí, también admitió que "podríamos haber tenido más cosas, mucho más claras", pero que el rol de las universidades estatales permitió garantizar de que los conceptos fundamentales en torno a una universidad pública iban a estar presentes y defendidos y en eso estuvimos bien. Nos alegramos de haber podido avanzar en ese sentido".

Críticas de los profesores

Por otro lado, el Colegio de Profesores, a través de su presidente Mario Aguilar, criticó la nueva ley, asegurando que "se hizo la reforma, pero no en el sentido ni en la profundidad que se demandaba".

"En Chile existe un producto bien conocido que es el jurel tipo salmón. Yo creo que esta reforma ha sido jurel tipo salmón: parece salmón, pero es jurel, no tiene la misma calidad y no ha cambiado", dijo Aguilar, quien estuvo acompañado por los presidentes de la Fech, Feuc y Feusach.

Por último, el líder del gremio de profesores dijo que "estamos preocupados" por el nombramiento de Gerardo Varela como ministro de Educación de Piñera.

Por su parte, Josefina Canales, la presidenta de la Feuc, también cuestionó la decisión de Piñera, ya que según señaló "está dando la señal política de que no habrá un buen diálogo y no sé si se llegará a un punto común".

Diputados del PC piden remover al fiscal Pablo Gómez del caso SQM

Los diputados del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez, solicitaron ayer la remoción del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, de la investigación del caso SQM. Esto, a raíz de la decisión del persecutor de solicitar la suspensión condicional de la minera no metálica dentro de la causa.

Según Gutiérrez, se buscará hacer valer una facultad parlamentaria de solicitar al pleno de la Corte Suprema la remoción del fiscal por "negligencia grave en el ejercicio de sus funciones ", para lo cual se necesitan las firmas de, al menos, diez legisladores.

"Creemos que el fiscal Gómez ha incurrido en esta causal cuando decide, habiendo instrucciones claras y perentorias de la Fiscalía Nacional, suspender el procedimiento contra la empresa SQM", explicó el diputado comunista, quien agregó que espera tener las firmas necesarias para la petición para la próxima semana.

El legislador calificó a la empresa de "corruptora, porque corrompió toda la política chilena de manera transversal, y hoy (…) se le pone una lápida de impunidad a SQM para que posteriormente pueda celebrar todos los negocios que estime conveniente, incluidos estos que está firmando con la Corfo y que le va a permitir que no corra el riesgo que se le suspenda la persona jurídica o que se le suspendan los contratos".

Por lo mismo, Gutiérrez consideró que "el fiscal Gómez está acompañando una decisión de Corfo de blanquear a SQM y eso nos parece que es altamente incorrecto".

Arista royalty

Por otro lado, la Fiscalía pidió aumentar el plazo de investigación de la arista royalty del caso SQM, en el que ya fueron formalizados por delitos de cohecho y delitos tributarios el ex ministro Pablo Longueira y el ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse.

Además, hoy se discutirá una posible suspensión condicional del procedimiento, con la que SQM evitaría el juicio y solo pagaría una millonaria multa por su participación en los delitos.

"A mí no me cabe duda de que este es un punto de partida. Vamos a seguir conversando sobre el rol de las universidades estatales".

Ennio Vivaldi, Rector Universidad de Chile"

"Yo creo que esta reforma ha sido jurel tipo salmón: para salmón, pero es jurel, no tiene la misma calidad y no ha cambiado".

Mario Aguiler, Presidente Colegio de Profesores"

Fiscal de La Araucanía se querella contra Dipolcar por supuesto montaje

El fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, presentó, a título personal, una querella contra funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) por un supuesto montaje en las pruebas de la denominada Operación Huracán, en la que se detuvo a 12 comuneros mapuche, acusados de violencia rural.

Hace dos semanas, Carabineros denunció al Ministerio Público por el presunto delito de obstrucción a la investigación de una de sus funcionarias, quien supuestamente habría filtrado información sobre los operativos de los uniformados en contra de la CAM a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Arroyo asegura que todo se trata de un montaje de pruebas por parte de policías de Inteligencia luego de que él no accediera a herramientas fuera de la ley para obtener éxitos en investigaciones de la zona sobre violencia rural como los policías le habrían sugerido.Según el fiscal se busca "crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución".