Valentina Olivares Licuime

Educar sobre los derechos de los niños y adolescentes, para prevenir su participación en el ámbito laboral, fue la finalidad de la campaña de difusión que realizó ayer el Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil en la Plaza de Armas de Copiapó. Esto en el contexto del aumento del comercio debido a las festividades de fin de año y, por tanto, de actividades remuneradas.

"Queremos que los niños no trabajen, sino que estudien y estén en lugares de esparcimiento, para que puedan desarrollarse. Los menores de 18 años no deben trabajar porque está prohibido por Ley", indicó el seremi del Trabajo, Pablo Zenteno.

Asimismo, Pamela Sepúlveda, representante de la Corporación Opción, comentó que "los papás, desde la normalización, exponen a contextos que no son acordes a su etapa evolutiva. Los factores de riesgos asociados al trabajo infantil son el contacto con figuras que no son protectoras para los niños. Los adultos pierden el control y la protección en los contextos más abiertos".

En la oportunidad, las entidades del Comité Regional emplazaron a la comunidad a denunciar casos de trabajo infantil, con el objetivo de erradicar la problemática.

El Comité Regional de Atacama está conformado por la Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de Menores (Sename), la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD), Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Corporación Opción y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre diversas entidades públicas y de la sociedad civil. En tanto durante el 2014 se creó el Observatorio Social Contra el Trabajo Infantil para generar conocimiento sobre la situación.

Así, fue diseñada e implementada la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador 2015 - 2025, donde se informa que en Chile 219 mil 624 niños se encuentran realizando trabajo infantil, es decir, 6,6% de la población entre 5 a 17 años, de acuerdo a antecedentes del 2013 elaborados por la misma entidad.

Arista

Por otra parte, durante el presente año, 39 casos de explotación sexual infantil comercial fueron ingresados en la región de Atacama al Programa Especializado en Explotación Sexual y Comercial Infantil (PEE) Imagina.

"La explotación sexual es una de las peores formas de trabajo infantil, debido a que es una grave violación de los Derechos Humanos, como forma análoga de la esclavitud", explicó Bernard Cazaudehore, director del programa Imagina.

La entidad, colaboradora del Servicio Nacional de Menores (Sename) y perteneciente a la Corporación Prodel, atiende a niños y adolescentes víctimas de relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil, trata o turismo sexual.

De la totalidad de los casos, 38 corresponden a niñas y adolescentes y uno a un varón. La entidad explicó que el perfil de los menores sometidos a estas prácticas va desde los 0 a 18 años.

En Copiapó, se presentaron 25 casos, 3 en Tierra Amarilla, 7 en Caldera, 2 en Freirina, 1 en Vallenar, y 1 en Diego de Almagro.

En Imagina especificaron que los datos son los casos detectados e ingresados al proyecto, pero de ninguna manera representan la totalidad de los niños víctimas de explotación sexual que existen en la región, cifra que podría ser tres o cuatro veces mayor.

"Es importante dar a conocer que la situación tiene relación con una desigualdad de género, porque casi la totalidad de los casos, las víctimas son niñas y normalmente el explotador es un adulto hombre. Existe una apropiación del cuerpo del hombre hacia la mujer, donde comienza la problemática", aseguró Cazaudehore.

La intervención a niños y adolescentes víctimas de explotación sexual es llevada a cabo en tres niveles, desde el ámbito individual psicológico, familiar y comunitario, detallaron.

menores de edad 219 mil

de entre 5 a 17 años en Chile están en situación de trabajo infantil. 30%

De niños 39

Durante una práctica deportiva, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Copiapó fueron informados de la presencia d e un individuo que se encontraba vendiendo especies robadas en las afueras de un supermercado de la ciudad.

De manera inmediata, el personal policial que estaba haciendo uso de su tiempo libre, concurrió con su ropa deportiva y placa de servicio al sitio donde se llevó a cabo la fiscalización del imputado, que comercializaba artículos sustraídos de un tienda avaluadas en más de 2 millones de pesos.

Los detectives, que estaban en conocimiento del robo en el centro de Copiapó ocurrido en horas de la mañana, ya habían realizado diligencias investigativas, como análisis criminal del lugar del suceso y pericias a las cámaras de seguridad de la tienda comercial, con la colaboración del Laboratorio de Criminalística Institucional. Lo anterior, para obtener la ubicación del sujeto y las especies robadas.

Los trámites permitieron vincular al imputado con las cámaras de vigilancia que disponía el local a través de peritaje morfológico, logrando su detención por el delito de robo en lugar no habitado.

Cabe mencionar que el individuo mantenía una medida cautelar de arresto domiciliario total por el delito de receptación, que estaba incumpliendo, de acuerdo a antecedentes proporcionados por el fiscal de turno, quien comunicó que el sujeto pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía Local.

Los productores mineros de la localidad de El Salado dispondrán de una nueva área para la explotación de mineral oxidado de cobre, debido a la firma de un convenio entre la Asociación Gremial Minera El Salado y la empresa minera Mantos Cooper.

El acuerdo establece la entrega de pertenencias mineras de Mantos Copper a la Asociación Gremial en un sector cercano a la localidad de El Salado, para la explotación del mineral existente en esa zona por parte de los socios de la organización.

El hecho se concretó en base al trabajo en conjunto entre la empresa y los productores mineros de la zona, a partir de las necesidades productivas de los pequeños mineros y la labor de la empresa de desarrollo económico y social de las comunidades cercanas a sus operaciones.

La administración del sector otorgado por la empresa para la explotación de mineral estará a cargo de la Asociación Gremial Minera El Salado, que además de definir y gestionar con sus socios las labores extractivas deberá velar por el cumplimiento de todas las normas de seguridad y cuidado del medio ambiente exigidas por la Ley.

La iniciativa busca brindar mayor proyección al trabajo extractivo de los productores mineros de la zona.