La Cámara de Diputados aprobó ayer de forma unánime la Ley Orgánica Constitucional que establece que la elección popular de gobernadores regionales -que reemplazarán a los actuales intendentes- se efectuará el año 2020, junto con los comicios municipales.

A pesar de esto, la iniciativa no pudo ser despachada en su totalidad ya que quedó pendiente la fecha en que se hará calzar esta elección con la de los consejeros regionales (cores), lo que sería resuelto la próxima semana en comisión mixta, dijo Gabriel de la Fuente, ministro de la Segpres.

La piedra de tope está en que la reforma estipula que la elección se realice en conjunto con la de alcaldes, concejales y consejeros regionales en 2020, para que así todos esos cargos tengan la misma extensión de cuatro años.

Sin embargo, si se cumple con lo estipulado, los cores volverían a ser votados el 2020 y por ende sólo alcanzarían a estar en el cargo por tres años, ya que fueron electos en los recientes comicios del 19 de noviembre. Por lo tanto es necesario que para el regular funcionamiento de esta ley, se decida cuándo se hará el período de ajuste en el que por una única vez los cores sólo estén tres años: en 2020 o en la elección siguiente.

"El diseño que nosotros tenemos respecto de esta materia, es que creemos que es más fácil de comprender y se mejora la institucionalidad con el ajuste se realice ahora. Sin embargo, hay opiniones distintas en esta materia, de que el ajuste hay que hacerlo más adelante y hay buenas razones para ambas posiciones", explicó el secretario de Estado.

"Los Cores vivieron un alargamiento de su período de cuatro a cinco años, entonces en esto no hay nada escrito sobre piedra, por lo tanto lo que tenemos que definir es cómo ajustamos el hecho de que ya tenemos una fecha cierta para la elección de gobernadores y dónde hacemos el ajuste de los cores", añadió

El proyecto de transferencia de competencias, que son las atribuciones que tendrán los nuevos gobernadores regionales, el que fue puesto como condición para visar el primer proyecto, fue despachado ayer en la Cámara.

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS), encabezada por Juan Luis Castro, solicitó ayer la creación de una comisión investigadora por la reducción artificial en las listas de espera del hospital San José, durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Luego de que un informe de Contraloría diera a conocer la eliminación de 30 mil pacientes de las listas de espera no Auge de dicho recinto hospitalario en el año 2013, los parlamentarios iniciaron el proceso de recolección de las 48 firmas necesarias para inscribir la solicitud.

Según Castro, con la comisión se pretende "determinar las responsabilidades políticas de quienes siendo autoridades permitieron, concurrieron u omitieron todo tipo de facultades para haber frenado el traspaso de dineros para el enriquecimiento público que está ocurriendo con las profesionales que indebidamente recibieron -en el caso del San José- pagos por 14 millones prestaciones que nunca efectuaron, y más de 100 millones de pesos a una empresa privada que ya se está investigando".

Sobre los dichos del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien planteó que en ocasiones este tipo de denuncias apuntan a "sacar algún partido o un rédito político", Castro expresó que sus declaraciones "están de más. El contralor habla a través de sus fallos".

"venta de humo"

Desde Chile Vamos, en tanto, la diputada Karla Rubilar señaló que "entiendo la maniobra desesperada del PS" y calificó la petición como "una venta de humo" porque "en el año 2014 ya se auditaron las listas de espera Auge en 26 hospitales, incluyendo el San José. En 2013 hubo una irregularidad en el Hospital San José que se denunció y se destituyó al director del Hospital durante el gobierno del presidente Piñera".

Sobre los dichos de Jorge Bermúdez, Rubilar aseguró que "el contralor dice una verdad del porte de una catedral".

Matías Jullian Velásquez

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, entregó ayer detalles de la elección que se vivirá el domingo y recomendó que en todas las mesas haya, al menos, un apoderado de la candidatura de Sebastián ïñera y otro de la de Alejandro Guillier.

"Ojalá en las 42.890 mesas (a instalarse en Chile) y en las 162 en el exterior ambas candidaturas tengan apoderados", dijo Santamaría, abogando por que estos apoderados "vayan en el ánimo de colaborar" con el proceso y "de ejercer los derechos y dejar constancia ante cualquier situación anormal, irregular, distinta".

"Es más, es necesario que (esto último) lo hagan, porque el Tribunal (Calificador de Elecciones, Tricel) pide como requisito de admisibilidad de los reclamos que haya quedado constancia de esto en el acta", recordó tras presentar el facsímil de la papeleta que podrán recibir los más de 14 millones de chilenos habilitados para participar de la segunda vuelta presidencial.

Santamaría, además, aseguró que "es probable que antes de las 21:30 horas podamos tener el resultado".

Votos marcados

Santamaría debió nuevamente responder preguntas acerca de la acusación del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien aseguró que durante la primera vuelta hubo "votos que estaban marcados antes de que el ciudadano llegara a votar".

Ante esto, el representante del Servel le restó importancia a tales acusaciones, señalando que la polémica ya es "un tema del pasado", además de afirmar que las elecciones en Chile siempre han tenido garantías y transparencia.

"Siempre han estado todas las garantías en nuestros procesos electorales para que éstos sean llevados a cabo con total transparencia y con total confiabilidad. El día 19 de noviembre recién pasado no fue una excepción a esa norma y la verdad es que esperamos que (…) el próximo domingo el acto eleccionario sea tan impecable como (el anterior)", dijo.

Al ser consultado si el Servel está indagando sobre estas acusaciones, Santamaría señaló que "no hemos tenido denuncia alguna al respecto y, por ende, no se podría estar cursando una investigación". A su vez, recordó que el fallo del Tricel dictaminó que la primera vuelta no tuvo vicios y que se "realizó con estricto apego a la Ley".

Derechos trabajadores

La ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, recordó que los empleadores tienen la obligación de dar dos horas a sus trabajadores para poder ir a votar, y que malls, stripcenters y centros comerciales que funcionan bajo una misma razón social deben permanecer cerrados. Los supermercados y locales que no estén dentro de un mall pueden funcionar normalmente.

Los locales comerciales que deben permanecer cerrados deben hacerlo "desde el día sábado a las 21:00 horas y deben permanecer cerrados hasta el día lunes a las 06:00 de la mañana", explicó la secretaria de Estado.

Las multas por no cumplir con estas exigencias van desde los $460.000 hasta los $2.800.000.

"Ojalá la mayor cantidad de chilenos, chilenas y extranjeros, los 236 mil que tienen derecho a sufragio, puedan participar en Chile y también en los 62 países en el exterior".

Patricio Santamaría, Pdte. Consejo Directivo Servel"