Stephanie Ríos Molina

La Presidenta Michelle Bachelet anunció, el pasado 8 de junio, la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, la que -dijo- situará "a Chile en el cambio cultural de la no discriminación, equidad y protección social". Esta normativa entrará en vigencia a partir de febrero del próximo año.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, las empresas que tengan 100 o más trabajadores deberán contratar, al menos, un 1% de personas en situación de discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.

La ley insta a respetar la dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminando la discriminación salarial con la posibilidad de acceder a una remuneración más digna con la base del sueldo mínimo actual, $270 mil.

Además de la prohibición de toda discriminación en contra de las personas que tengan algún nivel de discapacidad, éstos tendrán garantías en los procesos de selección laboral del Estado.

Magdalena Delpiano, coordinadora técnica del área laboral de la Fundación Coanil, afirmó que la experiencia que han tenido con el anuncio de la Ley de Inclusión Laboral ha sido positiva: "Con la promulgación de la ley hay más empresas interesadas en contar con apoyo profesional por parte de expertos en intermediación e inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, para así contar con orientación para poder realizar un proceso responsable y exitoso".

Empleo y fiscalización

Las personas en situación de discapacidad podrán optar a diversos empleos mediante cupos que posean una pensión de invalidez de cualquier régimen provisional o que padezcan algún tipo de discapacidad calificada previamente por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

En términos del salario, el proyecto de ley nacional establece que las personas con discapacidad mental o intelectual también puedan acceder a una remuneración más digna, acorde al cargo que desempeñarán en su nuevo lugar de trabajo.

Respecto al cumplimiento de las compañías y la fiscalización, de acuerdo a la normativa, hay situaciones especiales que permiten que las organizaciones no cumplan con la ley por las funciones de la institución: la falta de personas interesadas en el trabajo y que la compañía no cuente con los cupos en la dotación del personal. Sin embargo, las empresas privadas que no cumplan la normativa deberán establecer mecanismos alternativos que fomenten la inclusión laboral, como efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones.

La Dirección del Trabajo será la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa en las empresas privadas, mientras que un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social establecerá los parámetros de fiscalización en las públicas.

Respecto al desafío de Coanil como fundación en la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad intelectual, Magdalena Delpiano, coordinadora del área laboral de esa fundación, afirmó que "el desafío es abrir cada día más oportunidades para que los jóvenes y adultos en situación de discapacidad (...) así las empresas ganan trabajadores competentes, comprometidos y motivados".

Discapacidad en chile

En nuestro país, según cifras entregadas por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), el 16,7% de la población de dos años y más presenta algún tipo de discapacidad; el porcentaje de hombres es de un 12,9%, mientras que en las mujeres asciende a un 20,3%.

Respecto a la prevalencia regional de la discapacidad en la población (ver tabla), en Arica y Parinacota alcanza un 23,4%; en Antofagasta un 7,9%; en la Araucanía un 13,4% y en Aysén hay 11,2% de personas con alguna situación de discapacidad.

" Hay más empresas interesadas en contar con apoyo profesional por parte de expertos en intermediación e inclusión laboral".

Magdalena Delpiano, Coordinadora Fundación Coanil"