Contraloría investiga responsabilidades en millonarios viajes en la municipalidad de Copiapó
FISCALIZACIÓN. Organismo entregó su informe final donde mantuvo observaciones por la falta de antecedentes y justificación de viajes al extranjero de concejales, ex concejales, ex alcalde y funcionarios municipales.
L a Contraloría General de la República entregó el informe final sobre "Cometidos en el Extranjero y Pago de Viáticos en la Municipalidad de Copiapó". En el documento, el organismo mantiene las observaciones presentadas en un oficio anterior por millonarios viajes realizados por autoridades comunales y funcionarios municipales que no contaban con los antecedentes o motivos de las actividades y hoy busca responsabilidades.
La investigación tiene por objetivo efectuar un examen de cuentas a los recursos municipales utilizados para los cometidos en el extranjero efectuados por el alcalde, concejales, funcionarios y personal contratado a honorarios de dicha entidad edilicia, durante el periodo 1 de enero de 2013 al 1 de agosto de 2016.
Autoridades
En cuanto a los viajes al extranjero del ex alcalde, concejales en ejercicio y ex concejales, por un monto total de $136.783.031, el municipio debía emitir un último informe a la Contraloría en un plazo de 30 días como máximo con la documentación que acredite el reintegro de los valores observados o los antecedentes como fotografías, vídeos, certificados y otros documentos formales que respalden la finalidad de los viajes. Esto a partir del último informe que fue presentado en diciembre de 2016.
Esta determinación de control se tomó por la falta de documentos presentada por la municipalidad. Del mismo modo, tampoco se acreditó la existencia de antecedentes relativos a proyectos impulsados, financiados o en estudios que estén vinculados o permitan confirmar las acciones y materias que se habrían tratado en las actividades enunciadas.
Sobre los viajes que faltan datos se alude a los concejales Analice Veliz por un monto de $236.586, José Fernández por $2.821.879, Juan Mellibosky por $52.931.452, Luis Orrego por $26.047.966, Mario Bordoli por $11.734.788 y Rosa Ahumada por $236.586. Además se suma el ex alcalde Maglio Cicardini por $42.773.774.
En relación a las observaciones por el estamento fiscalizador, tanto la Municipalidad de Copiapó como las personas mencionadas remitieron sus descargos sin devolver los dineros. Pese a esto la Contraloría mantuvo las observaciones e incorporó la presente materia en el reparo que formuló mediante el expediente rol N°153 de 2017, en el Tribunal de Cuentas.
¿qUÉ ES el TRIBUNAL DE CUENTAS?
El Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional de carácter especial que tiene por objeto determinar la responsabilidad civil extracontractual proveniente de la acción u omisión de un funcionario público o persona en general, el que, con ocasión o ejercicio de su cargo, ha provocado un daño patrimonial al Fisco, el cual debe ser determinado y resarcido a través de un procedimiento mixto cuya primera etapa es administrativa y luego judicial y que se encuentra reglado en el Título VII de la ley N° 10.336, Orgánica de Contraloría General de la República.
Dicho procedimiento se denomina "Juicio de Cuentas", el cual se inicia con una demanda, llamada "Reparo" y cuyo origen puede provenir de un examen de cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo bienes o que administren fondos de las entidades sometidas a fiscalización de Contraloría General de la República y cuyo resultado merezca objeciones no aclaradas satisfactoriamente para el Organismo Fiscalizador (artículo 95 de la ley N° 10.336).
También puede haber un sumario o investigación administrativa de la cual se dedujere una eventual responsabilidad civil del funcionario que habiendo causado una falta administrativa ocasionó asimismo un perjuicio patrimonial, conforme lo dispone el artículo 129, inciso 1° de la ley N° 10.336.
Funcionarios
El organismo fiscalizador también constató el viaje al extranjero de otros funcionarios con cargo al presupuesto municipal por un monto de 93 millones de pesos. De lo anterior se verificó que los decretos alcaldicios que autorizan la comisión de servicios de los señalados funcionarios, no fundamentan la naturaleza y el interés público vulnerando lo establecido en el artículo 74 de la Ley N°18.884.
Sobre esto la Contraloría ordenó en 30 días como máximo a partir de diciembre de 2016 para tener los documentos de la restitución de los valores y la justificación de las labores desarrolladas durante estos viajes.
La organismo persecutor informó que en relación a lo observado, tanto la Municipalidad de Copiapó como de los funcionarios, analizaron la documentación presentada y decidieron mantener las observaciones e incorporar la presente materia en el reparo que formuló en el Tribunal de Cuentas.
La investigación también detectó viaje de personal contratado a honorario por un costo de más de $54 millones de pesos. El estudio determinó que los decretos alcaldicios que autorizan las comitivas al extranjero no especifican las labores a desarrollar en dichas localidades o la necesidad de asistencia de ese personal.
En estos casos la Contraloría siguió el mismo conducto que los funcionarios anteriores manteniendo las observaciones sumándolas al expediente en el Tribunal de Cuentas.
Reacciones
Molesto se mostró el concejal Mario Bordoli (RN) por la determinación de la Contraloría. "La verdad es que yo no tengo ningún temor al informe porque yo las veces que salí de Chile fui hacer un trabajo para la ciudad, para la municipalidad y por lo tanto si la Contraloría determina que debo dar explicaciones las voy a dar", dijo.
Bordoli recalcó que cuando supo el informe preliminar envió una carta al organismo de control donde explicó su situación. "Yo no tengo ningún temor… me voy a defender", enfatizó.
Por su parte, el ex concejal Juan Carlos Mellibosky (RN) indicó que no ha sido notificado ni por parte de la Municipalidad de Copiapó ni por Contraloría. "Yo soy ordenado para mis cosas y entregué todos los informes. Ahora que el municipio los haya entregado o no es otra cosa", sostuvo.
En tanto, la concejal Rosa Ahumada (PC) reconoció que fue "un error" no haber devuelto los recursos luego del primer informe de Contraloría. "Nosotros considerábamos que no debíamos devolver sino presentar los antecedentes de que viajamos por decisión del cuerpo colegiado y después entregamos la información como exige la ley", afirmó.
La autoridad adelantó que junto a la ex concejala Analice Veliz y el ex concejal José Fernández se pusieron de acuerdo para devolver los fondos en cuestión, pero no saben si seguirá la investigación a través del Tribunal de Cuentas.
El ex alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini señaló que le parece bastante "raro" que la municipalidad no haya informado cuando la Contraloría solicitó antecedentes. "Esto se debe fundamentalmente más a un tema político. Obviamente a mí cuando salí de la municipalidad no iban entregar antecedentes míos para justificar, poder respaldar o de qué manera se hicieron las rendiciones", sinceró.
La ex autoridad subrayó que durante su gestión la directora de control interno de la municipal nunca objetó o cuestionó los viajes que se realizaban y tampoco la forma en que se rendían. Adelantó que se reunirá con su abogado para determinar las acciones a seguir para defenderse.
Diario Atacama trató de contactarse con otros involucrados sin tener una respuesta por parte de estos.
Nuevo concejo
Para el concejal Miguel Carvajal (PS) la situación es "impresentable" dado que estos gastos no se vieron reflejados en la calidad de vida de los habitantes o en el funcionamiento de la municipalidad.
En tanto, el concejal Wilson Chinga (PC) afirmó que esto "marca un precedente" para el nuevo Concejo Municipal. Dijo que tras asumir en octubre de 2016, él y otro nuevo edil decidieron "no viajar a estas capacitaciones que son medias extrañas y que te bombardean con ofertas acá y en el extranjero".
La concejala Paloma Fernández (IND) catalogó el hecho como "grave" dado que Contraloría está realizando un juicio de cuentas y los involucrados tendrán que hacer un proceso de defensa. "Creo que es importante en esta nueva administración que se resguarden los recursos públicos y se utilicen de la mejor manera posible", puntualizó.
136 millones de pesos entre concejales y alcalde son investigados por concepto de viáticos, pasajes y programa de viajes por parte de la Contraloría.
30 días a partir de diciembre de 2016 tuvieron los involucrados para presentar la documentación, justificación, pruebas o devolver los dineros en cuestión.